Tras el fallo de la Cámara Federal de La Plata, que anuló el jueves pasado las resoluciones que suspendían las subas en las tarifas de gas en todo el país, el Gobierno reaccionó con el anuncio de que establecerá un tope de aumento en las facturas finales de gas de 400% para los usuarios residenciales y 500% para los no residenciales independientemente de su consumo, y retroactivo al primer día de abril. Así lo comunicaron el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y los ministros de Energía y Minería, Juan José Aranguren, y de Justicia, Germán Garavano, en una conferencia de prensa desde Casa de Gobierno, ayer por la tarde.
“Esto ayuda a poder pasar esta primera etapa de transición en donde vamos tomando conciencia juntos de que tenemos un problema, que tenemos que ir cambiando los hábitos”, aseguró el jefe de ministros, que atribuyó la magnitud de los incrementos en los últimos meses a la necesidad de subir las tarifas por el derrotero del sector gasífero en la década pasada y a un crecimiento de 50% en el consumo de gas por un clima en abril, mayo y junio más frío que el promedio de otros años y la falta de ahorro por parte de los consumidores. “Somos conscientes (del impacto sobre los usuarios). Si tuviéramos una alternativa, hubiéramos tomado ese camino alternativo, todas estas medidas tienen que ver con ir ayudando a los más débiles. Pero también es cierto que hay situaciones en donde han llegado aumentos que los pueden pagar”, evaluó Peña, quien calificó los incrementos de “graduales” en el marco de una política fiscal y de reducción de la inflación del mismo tono.
"Si tuviéramos una alternativa, hubiéramos tomado ese camino alternativo, todas estas medidas tienen que ver con ir ayudando a los más débiles. Pero también es cierto que hay situaciones en donde han llegado aumentos que los pueden pagar”, sostuvo Peña.
La corrección del esquema tarifario, que se dictará oficialmente hoy en el Boletín Oficial, implica que la factura final que pagarán los usuarios residenciales por todo concepto, contemplando tanto la tarifa como el nivel de consumo, no podrá superar en 400% a la que los consumidores pagaron en el mismo mes del año pasado, y 500% para el caso de los comercios. En junio, el Gobierno había anunciado un tope similar, aunque en ese caso el techo se ponía al precio de la tarifa pagada por unidad de gas consumido y no por el valor total de las facturas, que siguieron llegando con aumentos finales por encima de 400%.
“En la situación de este año particular, tenemos que tener una transición para adaptar nuestros hábitos, y por eso se pone un tope”, dijo Peña, que vinculó los anuncios con la necesidad de ahorrar energía, tal como lo había hecho el presidente Mauricio Macri por la mañana de ayer. “El problema lo seguimos teniendo. Este tope implica una inversión del Estado, que va a pagar la diferencia; si nosotros no hiciéramos este esfuerzo, al final del día, el ciudadano lo termina pagando con inflación, porque el Estado si tiene déficit permanente, eso se termina pagando”, planteó.
De todos modos, con esta disposición no se resuelve la cuestión de fondo sobre la que se basa el fallo de la Cámara Federal de La Plata, que rechaza los aumentos por la inexistencia de un proceso de audiencia pública previa. Por eso, los ministros anunciaron también que llevarán adelante una audiencia pública en el marco de la revisión tarifaria integral, que adelantaron del primer trimestre del año próximo a octubre de este año, y que apelarán la resolución judicial, como ya lo hicieron en el caso de los fallos que habían frenado los aumentos en Córdoba y Mendoza.
Por otra parte, en el caso de quienes ya hayan recibido facturas con aumentos superiores, según Aranguren, “el usuario tiene que esperar que se refacturen los bimestres desde abril hasta la fecha, por lo tanto, aquél que pagó tendrá que esperar una nota de crédito” por parte de la empresa distribuidora. De este modo, el ministro de Energía y Minería respondió a una de las dudas que se surgieron con más énfasis tras el fallo del jueves pasado: si pagar o no las facturas actualizadas.
Las medidas fueron decididas tras una reunión que Macri mantuvo al mediodía en Casa Rosada junto a Peña, Aranguren, Garavano, y los ministros del Interior, Rogelio Frigerio, y de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, además del presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, los secretarios de Coordinación de la Jefatura de Gabinete, Mario Quintana y Gustavo Lopetegui, y el ex presidente del Comité Nacional de la UCR, Ernesto Sanz.
Por último, los funcionarios anunciaron que se implementará la georreferenciación de la tarifa social para focalizar más los subsidios en los sectores más humildes, y que ya está avanzada la implementación de la tarifa social a las entidades de bien público, un reclamo que venían haciendo de manera enfática desde distintos sectores sociales y políticos.
El capítulo judicial
Con la presencia de Garavano en la conferencia de prensa, el Gobierno anunció también que presentará hoy un recurso extraordinario ante la Cámara Federal de La Plata para evitar la suspensión que la cámara hizo la semana pasada de los aumentos en las tarifas de gas en todo el país, como ya lo hizo ante la Cámara Federal de Córdoba. “Hay una serie de cuestiones que sería bueno que -ya sin urgencias, ni nada- la Corte vaya clarificando hacia el futuro; todavía hay ajustes de tarifas hechos por el gobierno anterior que todavía no han tenido pronunciamientos”, planteó y agregó -en lo que puede ser leído como una crítica al tribunal que preside Ricardo Lorenzetti- que “Argentina sigue teniendo mucha incertidumbre en términos de sus pronunciamientos judiciales”.
Por su parte, la Corte Suprema se reunirá hoy y resolverá si acepta algunos de los pedidos de per saltum presentados por el Gobierno. El Máximo Tribunal tiene desde hace más de una semana los expedientes de las suspensiones de las subas que consiguieron los gobiernos de Chubut y Mendoza, sobre los que ha evitado expedirse hasta ahora, y se le sumará ahora el recurso presentado por el Gobierno ante el fallo de la Cámara Federal de La Plata nacido de una acción colectiva del Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS). Este último, por cuestiones de tiempos burocráticos, no entrará en discusión en la reunión de actas, aunque -paradójicamente- podría ser el que en el futuro motive la resolución de fondo de la Corte pasada la feria. En cambio, la Corte podría definir hoy si acepta o no los per saltum presentados por los dos fallos obtenidos por Chubut y Mendoza, dado que allí el tribunal que preside Ricardo Lorenzetti podría alegar “competencia originaria”. De todos modos, la Corte también podría pedir informes al Gobierno y evitar tener que definir ahora si acepta o no el per saltum.
“En sí, desde el Gobierno no hay ninguna expectativa. Hoy (por ayer) mantuvimos contacto institucional con la Corte para comunicarle que se iba a tomar esta decisión, para que ellos también estuvieran enterados de que se iba a tomar esta disposición, en el marco del diálogo institucional que tenemos con la Corte a través de su presidente y los ministros”, dijo Garavano, que agregó que “lo que sí el Gobierno espera es que probablemente en el transcurso del segundo semestre, luego de la feria judicial, la Corte pueda generar algunos criterios que clarifiquen” la situación planteada por los fallos de las cámaras provinciales sobre este tema. Con los anuncios de ayer, el Gobierno espera que la Corte acepte el per saltum presentado por el Gobierno y -en un futuro, después de la feria judicial- falle a su favor, clausurando la discusión en torno a los aumentos.
