Por falta de consenso la reforma del Ministerio Público Fiscal fue postergada para agosto. Diferencias dentro del propio interbloque de Cambiemos y con sectores de la oposición provocaron la demora de la iniciativa del Poder Ejecutivo, que forma parte del paquete Justicia 2020, promovida por el ministro de Justicia Germán Garavano.
Garavano fue duramente criticado meses atrás cuando presentó la reforma en un plenario de comisión de la Cámara de Diputados. Se lo acusó de promover la iniciativa con una única intención: remover del cargo a la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, que ha sido un verdadero escollo para el Gobierno desde el inicio de la gestión de Mauricio Macri.
A pesar del primer traspié, la reforma parecía avanzar y acercarse a la aprobación de un dictamen pero, por falta de acuerdo, se postergó para después del receso de invierno, en donde Cambiemos deberá engranar el dialogo dentro del interbloque y fuera, en especial con los senadores del FpV-PJ.
Al mismo tiempo que los senadores sesionaban para finalmente convertir en ley el pago a los jubilados y el blanqueo, legisladores de ambas cámaras del Congreso cruzaban de un lado a otro para definir la reforma en cuestión. Miguel Angel Pichetto, jefe del bloque PJ-FpV en la Cámara Alta, reclamó mayor representación del Parlamento dentro de Ministerio. Se trata de la incorporación de dos representes del Senado y dos de Diputados en el Consejo General. La modificación la exigió en un encuentro que mantuvo con Sergio Massa, Emilio Monzó y Rodolfo Urtubey.
Otro punto clave de la reforma, es acotar el mandato del Procurador, de cinco años con posibilidad de prorrogar por cinco más. Quién se opone rotundamente a este punto y a la reforma en general es Elisa Carrió, que pretende un proyecto más ambicioso e impulsa además un juicio político a Gils Carbó, que debería ser aprobado por dos tercios del Senado, avanzada que propios integrantes de Cambiemos ven con pocas chances. Para Graciela Camaño, del Frene Renovador, los años de mandato es “lo menos importante” de la reforma, y se debe revisar la distribución del poder. Otro de los aspectos que fueron rechazados por la oposición y los aliados de Cambiemos, es el intento de crear cuatro subprocuraciones para disminuir el poder de la jefa de los fiscales.
Sobre tablas, al cierre de la sesión donde se trató la superley, se aprobó por unanimidad la creación de la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público Fiscal, que se encargará de monitorear a la Procuradora General de la Nación. Queda a designar los miembros, corresponden ocho diputados y mismo número para senadores. Dicha constitución se decidirá en agosto junto a la elección del presidente, cargo que sería ocuparía Camaño.
