La pelea entre la multinacional estadounidense Monsanto y el Gobierno Nacional parece no tener fin. Es que el conflicto ya lleva varias semanas y unas cuantas reuniones que al parecer no sirvieron de mucho. Sucede que la cartera que dirige Ricardo Buryaile no está de acuerdo con el cobro de regalías de su soja Intacta a los productores que ejerce la firma en las terminales portuarias a modo de peaje. Por eso, luego de que desde las más altas esferas del Ejecutivo exigieran una solución para no entrar en contratiempos diplomáticos, esta semana el coordinador del equipo económico, Gustavo Lopetegui, recibió a ejecutivos de la compañía para intentar llegar a una solución, ya que el ministro de Agroindustria se encuentra en China.
Sin embargo, durante el encuentro ? del que participaron acopiadores, exportadores, la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA), la Sociedad Rural Argentina y la Bolsa de Cereales de Buenos Aires ?, las negociaciones volvieron a fracasar, debido a que Monsanto no está dispuesto a cumplir con la Resolución 147, que establece que las empresas deben obtener autorización para validar los métodos de detección de Organismos Genéticamente Modificados (OGM). En ese sentido, Buryaile había salido a aclarar que no permitirá que la firma “pase por encima del Estado y del presidente Macri”, lo que desató la furia de la compañía y provocó la suspensión de la presentación de su nuevo producto, la soja Roundup Ready 2 Xtend. Pero además, el Gobierno pretende que el sistema de testeo en los puertos esté a cargo del Instituto Nacional de Semillas (Inase), para que la multinacional pueda reclamar por la vía que considere oportuna si detectara el uso de su tecnología, lo cual le daría más tiempo al productor para hacer un descargo de tipo legal. Así las cosas, desde la estadounidense adelantaron que consultarán los pasos a seguir en la sede central, aunque se espera que haya una nueva reunión antes de finalizar la semana.
Ley de Semillas
Días atrás, el ministro de Agroindustria aclaró que la única forma de superar el problema es mediante una nueva ley de semillas, y aseguró que el Gobierno ya tiene listo un anteproyecto que presentará en los próximos días. “Es clave”, aseveró. La iniciativa es ambiciosa si te toma en cuenta que fueron varios los titulares de la cartera que intentaron ponerla en práctica y no lo lograron, como Julián Domínguez, Norberto Yahuar o Carlos Casamiquela, todos funcionarios de la gestión de Cristina Kirchner. Ahora, con el massista Gilberto Alegre al frente de la Comisión de Agricultura en Diputados, el escenario se pondrá aún más complicado, dado que el legislador del Frente Renovador también lanzará su propio proyecto. En el texto, Alegre exigirá que el Inase cree distintos registros para el comercio y fiscalización y para los usuarios, variedades vegetales y propiedad de las variedades vegetales. Asimismo, regulará el uso propio de las semillas y establecerá que los pequeños productores sean exceptuados del pago de regalías, para las que fijará un mínimo de veinte años de plazo y un máximo del 0,75% del valor quintal por hectárea sembrada para el cobro, un punto que va camino al debate a raíz de las múltiples opiniones que circulan en el sector. Paralelamente, otorgará al Estado la potestad de rescindir el canon de una semilla “en caso de necesidad de declararla de interés público” y propondrá la creación de un fondo para la investigación en semillas que deberá constituirse con el 18% del total de lo recaudado por el cobro de regalías.
De esta manera, la iniciativa que presentará el diputado será la primera en ingresar al Congreso, ya que el viernes pasado entró a la Cámara con el número de expediente 3.077/16.
