“No hay posibilidad de que en una sociedad como la argentina, que venía de una historia de mayor formalidad respecto al resto de países latinoamericanos, persistan en el largo plazo índices de precariedad de entre el 30 y el 33% sin cierta tolerancia. Y no una tolerancia light, sino una tolerancia activa de esas condiciones de desprotección”, dice Claudia Danani, doctora en Ciencias Sociales y docente e investigadora de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS) y la Universidad de Buenos Aires (UBA). Para Danani ese es el legado neoliberal: el consenso en torno a la idea de que el trabajo formal, protegido y asociado a derechos es algo del pasado y que trabajar significa cumplir con una obligación individual orientada a la subsistencia.
Danani escribió junto al economista Javier Lindenboim un estudio sobre la situación laboral en Argentina, que fue incluido en el libro de reciente publicación Workers and the global informal economy (Routledge). En diálogo con El Economista analiza el escenario de los últimos años, incluyendo una mirada sobre la flamante gestión de Cambiemos, cuyas iniciativas en ese plano considera regidas por argumentos tan clásicos como falaces. “Si fuera cierto que el crecimiento del empleo está atado a la reducción de costos laborales, el neoliberalismo en los '90 habría producido en la Argentina una explosión de empleo”, sintetizó.
En el trabajo mencionan un escenario laboral en Argentina, previo a 1970, muy distinto al actual. ¿Cómo era entonces y qué determinó el cambio?
Argentina siempre fue considerada entre los estudiosos latinoamericanos como un país cuya característica era una relativa menor desigualdad, con un mercado de trabajo “moderno”, con una situación de relativa formalidad y una institucionalidad mayor que la de otras sociedades latinoamericanas. Esta situación cambia radicalmente en la década de 1970, cuando empiezan a crecer los indicadores de desigualdad laboral y social. La Argentina se “latinomaericaniza” en el peor sentido. Nosotros hacemos hincapié, dentro de las condiciones de irregularidad, en el trabajo precario, que sin duda es el peor problema laboral que enfrenta la Argentina. Es el que marca ya no solamente la diferencia cuantitativa de la desigualdad, sino una desigualdad más profunda, que hace a un cambio de patrón en las relaciones sociales y laborales.
Ustedes señalan que la instalación del régimen neoliberal dejó una “naturalización” del espacio ocupado por el trabajo precario. ¿A qué se refieren?
Esa afirmación cobra mayor fuerza en la reconstrucción histórica particularmente referida a la década del '90. Porque uno puede hablar en la Argentina del neoliberalismo en los '70, con la dictadura militar, que sin duda sentó las bases para la transformación regresiva del régimen de acumulación, pero en realidad la hegemonía neoliberal fue alcanzada en los '90. Fue la década menemista la que produjo ese efecto y para nosotros es crucial, porque no hay posibilidad de que en una sociedad como la argentina, que venía con una historia distinta de mayor formalidad e institucionalidad, persistan en el largo plazo índices de precariedad de entre el 30 y el 33% sin cierta tolerancia. Y no una tolerancia light, sino una tolerancia activa a esas condiciones de desprotección. Ese es el legado neoliberal: que el trabajo formal, protegido, asociado a derechos es algo que haya quedado en el pasado y que se haya aceptado que el trabajo es solamente una obligación, la obligación de cada uno de nosotros de mantenernos por nosotros mismos, pero sin generar compromisos. Y aunque resulte doloroso o antipático decirlo, no se trata solamente un comportamiento empresario o de falta de cumplimiento de los funcionarios estatales; esto se ha hecho carne en la sociedad, se ha convertido en un hecho de cultura y en ese sentido tiene una enorme capacidad para transformar de manera regresiva las relaciones sociales.
Es interesante pensar que el neoliberalismo dejó, en algún punto, nuevos conceptos.
Nuevos conceptos, una nueva sociabilidad que admite que la desprotección es un dato y que a algunos les toca. Nuevos conceptos que nos descomprometen respecto de lo colectivo y hacen que empecemos a aceptar una serie de situaciones, de vulnerabilidad, de precariedad, de incumplimiento, que empiezan a recaer en los hombros de las personas. Son las personas las que son crecientemente culpabilizadas o utilizadas como explicación de la situación que están pasando.
Pese a que hablan de un fenómeno extensivo a toda la sociedad ¿el Estado mantiene un rol diferencial?
Sin duda la responsabilidad estatal es principal. Nadie puede transferir ni justificar la inacción estatal porque la sociedad haya recorrido este camino de naturalización. No puede ser un atajo, una justificación.
En ese sentido, ¿cómo se comportó el Estado, en materia laboral, durante los últimos años?
Entre el 2003 y el 2015 hubo en las políticas laborales un movimiento de contrarreforma neoliberal: se tomaron una serie de políticas que tendieron a poner en cuestión el crecimiento y la naturalización del trabajo precario como normalidad. Eso para nosotros es indudable, así como es indudable que fueron intentos insuficientes y no alcanzaron su objetivo. Porque cuando digo que no se perforó el piso de 30% de trabajo en negro estoy hablando de que no se perforó a pesar de que hubo políticas cuyo objetivo único fue el blanqueo del trabajo, como la ley sancionada en 2014 de Promoción del Empleo Registrado y Prevención de Fraude Laboral.
Las políticas laborales que ha impulsado el gobierno de Cambiemos en estos meses de ejercicio muestran una idea de formalización atada a la reducción de los costos laborales para los empresarios. ¿Qué opinión le merece?
Ese es un clásico argumento neoliberal, falaz. Si fuera cierto que el crecimiento del empleo está atado a los costos laborales el neoliberalismo en los '90 habría producido en la Argentina una explosión de empleo y lo que produjo fue una implosión, porque el empleo cayó numéricamente, pero además se derrumbó la calidad del empleo existente hasta entonces. Fue un máquina de producir precariedad. Ese es un argumento que justifica la renuncia a los derechos a cambio de los puestos laborales en situaciones de crisis e incluso de alguna ventaja salarial.
Puntualmente, el Gobierno ha tenido dos intervenciones en el campo laboral. Una es el veto a la ley antidespidos y la otra el proyecto de la ley de empleo juvenil, que precisamente hace eso: se disminuye los aportes patronales para estimular el empleo juvenil. Yo específicamente formé parte de una investigación en la década del '90 en el marco de lo que entonces desde el Ministerio de Economía se conoció como “plan joven” y mi trabajo fue hacer entrevistas a las empresas relevando las demandas, las posiciones y las disposiciones de los empresarios a contratar jóvenes bajo el amparo del programa y era muy perturbador ver cómo detrás de los encendidos discursos gubernamentales de entonces estimulando y hablando bien del programa, los empresarios decían que ellos podían tomar jóvenes en esas condiciones y cuando se terminaban los beneficios del programa los echaban y tomaban a otros para volver a tener los beneficios. De manera que la rebaja de los aportes para producir empleo es una medida extraordinariamente negativa que lo que hace es reforzar la naturalización de la precariedad, porque en realidad hace que las personas se resignen a elegir entre trabajo precario o nada.
El Gobierno ha tenido dos intervenciones en el campo laboral. Una es el veto a la ley antidespidos y la otra el proyecto de la ley de empleo juvenil, que precisamente hace eso: se disminuye los aportes patronales para estimular el empleo juvenil.
¿Qué políticas serían útiles para paliar la informalidad?
Me parece que hay que profundizar la aplicación de la ley contra el fraude laboral, que sí establece una reducción de aportes, pero no temporales ni para generar empleo, sino permanentes y en unidades económicas muy pequeña ?con 2, 5, 10 empleados?, que están siempre en el borde del incumplimiento, con la condición de que tengan todo el personal blanqueado. Ahora, eso y cualquier otra medida requiere una activísima intervención estatal en las inspecciones, en todas sus órbitas. Hay una cosa muy grave y es que los estados provinciales no hacen inspección porque como los ingresos de la seguridad social van a la seguridad social nacional, al Estado provincial no le importa porque no forma parte de sus arcas. Entonces, hay que redoblar los mecanismos de control, hay que mejorar la legislación y en el sector de las microempresas hay que pensar políticas de largo plazo para no hacerse cómplice de la economía en negro. Además hay que integrar el sistema de control laboral con el sistema de control económico. Porque las empresas que negrean no negrean solamente al sistema previsional o al sistema de obras sociales, negrean la actividad económica: esconden ganancias. En muchos casos en realidad tienen trabajo en negro para que no se vea cuánto producen y cuál es la ganancia real de las empresas. Entonces, la integralidad de los sistemas de información es fundamental. No podemos tener un mercado de trabajo en blanco sin una economía en blanco.
