El ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, defendió su gestión ayer frente a un plenario de las comisiones del Senado en el salón Illia de la Cámara Alta, al que había sido convocado para responder acerca de las modificaciones en el esquema de tarifas de gas y electricidad. “Estamos aprendiendo sobre la marcha”, se excusó frente a las idas y venidas en torno a los aumentos y dijo que el objetivo de los ajustes “no es reducir el déficit fiscal sino que haya más energía”.
“Nosotros creemos que estamos cambiando para bien. En seis meses hemos hecho algunas cosas que costaban mucho tiempo realizar, particularmente, sincerar una realidad. Obviamente hay cosas para reformular, para hacer de una manera distinta, pero tenemos el convencimiento de que el objetivo que tenemos es conseguir seguridad energética y contribuir en forma positiva al cambio climático con una nueva fuente de generación a partir de energías renovables”, aseguró.
Las tarifas
Si bien la mayoría de los senadores coincidió en que la actualización del cuadro tarifario era necesaria, advirtieron sobre los costos de cómo se llevó adelante la suba. En ese sentido, el senador del GEN Jaime Linares planteó que “un criterio más analizado que hubiera evitado todos los reclamos” de los senadores, y varios legisladores pidieron que se tomen medidas para reducir el impacto sobre clubes de barrio, hospitales y escuelas públicas provinciales, zonas de bajos recursos, productores regionales y para las provincias electrointensivas y las patagónicas. Ante esto, Aranguren destacó el alcance de las “tarifas sociales” que llegan a “3,4 millones de hogares en el caso de la electricidad y de 1,3 millones de hogares en el del gas”, a lo que sumó el subsidio a la adquisición de garrafas que comprende a “2,6 millones de hogares” y añadió ?ante una consulta del senador Juan Manuel Abal Medina? que “se está trabajando en la implementación de la ley de entidades de bien público, para que más clubes puedan acceder al subsidio”. “En lugar de estar subsidiando a la oferta como se hizo en los últimos años, nos pareció más razonable subsidiar a la demanda para fomentar políticas de ahorro”, destacó.
Sobre las tarifas, además, ratificó la decisión del Gobierno Nacional de apelar las cautelares judiciales dictadas para frenar la suba en las provincias, y llamó a que la Corte Suprema se pronuncie al respecto.
Las críticas
El ex CEO de Shell es uno de los ministros más cuestionados del gabinete, tanto al interior como por fuera del oficialismo. No obtante, aunque en varias oportunidades se especuló con su salida del Gobierno, tanto el presidente Mauricio Macri como el jefe de Gabinete, Marcos Peña, lo ratificaron en el cargo y destacaron su gestión.
En el plenario de ayer de las comisiones de Energía, Minería y Combustibles y de Derechos y Garantías del Senado, los senadores presentes lo cuestionaron sobre varios puntos.
Uno fue la supuesta incompatibilidad que existiría entre el ejercicio de su función y que todavía sea poseedor de $ 16 M en acciones de Shell. La titular de la Oficina de Anticorrupción, Laura Alonso, admitió ayer en declaraciones radiales que el caso del ex CEO de la petrolera “es complicado” y dijo que le hará “una recomendación preventiva para que evite caer en un conflicto de intereses”, aunque sostuvo que “la tenencia accionaria de por sí no representa un conflicto de intereses”.
Ante los senadores, Aranguren le restó validez a las acusaciones. “Me he abstenido de tomar decisiones particulares que estuvieran vinculadas con mi anterior empleador”, aseguró y dijo que la ley de Etica Pública lo obliga únicamente a “abstenerse de tomar intervención durante su gestión en cuestiones particularmente relacionadas” a sus vinculaciones anteriores.
Por otra parte, ante una consulta del senador Fernando Solanas, el ministro respaldó una vez más su decisión de importar gas de Chile sobre la base de que “Bolivia no puede garantizar los 19,9 M de metros cúbicos” a los que está comprometido y los puertos de Escobar y Bahía Blanca no dan abasto para recibir más barcos con GNL. Ante esta situación, aseguró, el país se ve obligado a comprar gasoil a US$ 12 o importar por otras vías, como Chile.
“Cualquier precio que podamos conseguir en Argentina que esté por debajo de US$ 12 el millón de BTU que está el gas oil, es un buen negocio para el país”, dijo y aseguró que este acuerdo “le permite a Argentina estar haciendo una ganancia de US$ 61 M”. “Si Bolivia tuviera más, le compraríamos más y en la medida en que podamos comprar a Chile por debajo de US$ 12 el millón de BTU, lo vamos a seguir haciendo”, planteó.
Además, el senador fue consultado por su decisión de mantener el “barril criollo” y por el incremento de 31% en los combustibles pese a que el precio del petróleo se mantuvo por debajo de sus niveles de hace algunos años. “No hay subas en las naftas, hay un reconocimiento del costo de la materia prima que mantiene el nivel de actividad”, contrapuso el funcionario y aseguró que el Ministerio está evaluando modificar el sistema de subsidios a las petroleras.
Renovables, minería e inversiones
Por otra parte, el ministro de Energía y Minería se refirió a las energías renovables y el prepliego ya lanzado por el Gobierno para conseguir una generación de 1.000 MW. El senador del FpV Omar Perotti advirtió que tal como está, el pliego le cierra las puertas a los inversores locales. En la misma línea se había pronunciado la semana pasada en una entrevista con El Economista la presidenta de Luft Energy y ex vicepresidenta de Comunicaciones y Relaciones Institucionales de YPF, Doris Capurro.
Al respecto, Aranguren respondió que las experiencias en otros países mostraron que se generó “un mercado de negocio como inmobiliario”, donde muchos se presentaban para ganar la licitación y vender el proyecto luego a otro inversor, obteniendo una ganancia únicamente por su lugar de intermediario, lo que requirió que se estén tomando “garantías de cumplimiento de la oferta” que pueden dejar a desarrolladores locales por fuera. “En todo caso, como esto va a ser un desarrollo en etapas, lo que no pueda ser para la primera licitación, vendrá para la segunda”, se confió y dijo que “va a haber mucha gente que se quede afuera” de la primera licitación, que ya cosechó ofertas por 6.000 MW para una intención original de licitar 1.000 MW.
En tanto, ante una pregunta de la senadora por Río Negro Magdalena Odarda, defendió la decisión de quitarle las retenciones a la minería dado que “permitió extender la vida útil de minas que iban a extiguirse y ahora van a continuar dando trabajo por varios años más por este incentivo”, que a su vez tuvo “un efecto positivo” sobre la actividad de las pymes vinculadas. Asimismo, respaldó la decisión de impulsar la explotación de hidrocarburos vía fracking. “El fracking bien hecho, como tiene que hacerse, no produce riesgos al ambiente. En el mundo se hace sin perjuicios al medio ambiente, ¿por qué no se puede en Argentina?”
Según el ministro, en tanto, para lograr la reducción de los costos de energía y el abastecimiento, el país requiere de un ingreso anual de inversiones por entre US$ 5.000 M a US$ 15.000 M en los próximos 8 años.
Finalmente, tras marcar la herencia negativa que dejó el gobierno anterior en materia energética, el ministro prometió que “CAMMESA va a volver a ser lo que tiene que ser, un órgano de despacho que optimice la energía que entra y que sale” y que concluirá la intervención del ENARGAS y se llamará a concurso público de directores, mientras que tanto el ENARGAS como el ENRE “volverán a ser órganos de control, y no de gestión” como lo han sido en los últimos años.
