El Gobierno condensó en un documento público que dio a conocer por medio de la página web de Casa Rosada el estado de la administración pública que recibió el 10 de diciembre último. Con muchas de las consideraciones, cuestionamientos, denuncias sobre presuntos actos de corrupción y déficit, que venía haciendo desde esa fecha, sistematizadas en un informe de 223 páginas. Para reafirmar el diagnóstico de la “pesada herencia” recibida”. Para ampliar la legitimidad social de las medidas tomadas hasta aquí. Y para ganar tiempo, a la espera de los resultados de las suyas.
“El estado del Estado” contiene la publicación de “todos los datos, área por área” del Estado y cumple con la promesa que había hecho el presidente Mauricio Macri en la apertura de sesiones ordinarias del 1º de marzo pasado de dar a conocer este estado de situación. “Este informe es la primera versión de ese compromiso. Se trata de una obra en marcha, todavía incompleta, que se irá enriqueciendo durante el año con los informes de las auditorías, las investigaciones de la Oficina Anticorrupción y los nuevos documentos que sigan encontrando los ministerios y los organismos descentralizados”, indica el texto.
El problema de salud que aquejó al Presidente el viernes por la tarde, en momentos en que se daba a conocer la auditoría, hizo que la atención que suscitara fuese bastante menor de la prevista, con algunos rebotes durante el fin de semana. Aunque no faltaron interpretaciones que vincularan la oportunidad de su publicación, precisamente, con esta cuestión. Más aún cuando la información sobre el estado de salud del Primer Mandato no fue todo lo precisa y clara que podía podía esperarse.
Estructura
Entre sus trazos gruesos, el texto caracteriza al Estado recibido como atravesado por una serie de ineficiencias y arbitrariedades, sin planificación ni un pensamiento responsable o de largo plazo, “con poca capacidad para atender sus obligaciones, más gobernado por la inercia, la indiferencia y la corrupción que por el espíritu de reforma, el profesionalismo y el servicio público”. “Era un Estado desordenado y desorientado, que tenía los instrumentos de navegación rotos y cuyas distintas áreas no se comunicaban entre sí”, dice en el texto introductorio, utilizando conceptos que Macri hizo suyos en aquella apertura.
Sin mencionar en este caso a la expresidenta Cristina Fernández ni a su antecesor, Néstor Kirchner, sostiene que “entre 2006 y 2015, los argentinos pagaron al Estado Nacional casi 694.000 millones de dólares en impuestos más que en la década iniciada en 1990”, pero advierte que “pese a esto, el Estado todavía tenía en diciembre de 2015 muchas dificultades para resolver sus principales responsabilidades”. Y traza una línea histórica para señalar que, más allá de la impronta ideológica de cada gobierno desde la recuperación democrática, las intenciones manifiestas de los gobiernos por mejorar la organización y la capacidad del Estado para generar bienes públicos de calidad “han fracasado”.
Dependencias
El diagnóstico de la situación recibida evidencia distintas áreas de gobierno: desarrollo humano, política económica, desarrollo económico, trabajo y seguridad social, energía y minería, seguridad, Justicia y defensa, cultura e innovación, comunicaciones y medios, transporte. Y se detiene en algunos organismos públicos en particular: Pami, la ANSES, Casa de la Moneda, Banco Central, entre otros. Y señala las deudas con proveedores y contratistas, obras frenadas por falta de pago, el 40% de las rutas del país en estado crítico, subsidios direccionados, contratados que cobraban sin cumplir tareas y desvíos irregulares de fondos. En algunos casos, se detalla, que los organismos de auditoría descubrieron contrataciones y pagos para la construcción de viviendas que nunca se realizaron y por otras que sí se construyeron pero en zonas sin servicios básicos, por lo que no eran habitables.
Respecto del aparato productivo, el informe señala que, al 10 de diciembre, la industria nacional estaba estancada y agotada, marcada por una matriz productiva poco diversificada, poco compleja, desbalanceada regionalmente y que generaba escaso empleo genuino desde hacía por lo menos cinco años. Y sostiene que uno de los principales problemas del mercado laboral argentino era la informalidad, “con algo más de cuatro millones” de trabajadores sin ningún tipo de beneficios. Además, señala que, durante los últimos años, no creció el salario real ni la productividad del trabajo y, sí, la conflictividad laboral y la litigiosidad. Y caracteriza a la negociación colectiva como “centralizada” y de aplicación “coercitiva”, lo que “impide que en las regiones de baja productividad los salarios y las condiciones de trabajo puedan adaptarse a la realidad local en un plan de desarrollo progresivo y de mejora de la productividad”. Como era de esperar, las críticas provinieron del Frente para la Victoria. “Ya que nos echen la culpa no alcanza, cuando la gente vive cada vez peor”, fue lo que dijo Axel Kicillof, último ministro de Economía de Cristina cuando se lo consultó sobre el tema.
