El Gobierno aceptó tomarse unos días más para continuar con el debate de la superley. El objetivo de conseguir un tratamiento rápido y su aprobación, para la que necesitan del respaldo de más de 40 diputados, no les será fácil si no aceptan modificar ciertos puntos del texto original. Esperarán hasta el jueves como máximo y buscarán sesionar el 15 de junio, un día clave para el Gobierno en el Congreso, ya que además, intentará aprobar en el Senado los dos pliegos de los postulantes a la Corte Suprema de Justicia. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad es uno de los ejes principales del debate.
En el plenario de comisiones de ayer, el Gobierno se dispuso a escuchar críticas de la oposición y aceptó modificar el texto. El plan original de contar ya con dictamen favorable se postergó para hoy o mañana, pero sigue firme la idea de sesionar el próximo miércoles.
La venta de acciones de la Anses en empresas privadas y aspectos del blanqueo como la exclusión de funcionarios públicos y el artículo 85 continuaron en la jornada de ayer como los máximos reclamos por parte de la oposición en la superley, en la cual el oficialismo, estaría dispuesto a aceptar modificaciones.
En cuanto a la venta de las acciones, el presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda y diputado por el PRO, Luciano Laspina, sostuvo que “es una discusión que hay que desideologizar y ponerla en el plano profesional, queremos preservar el valor del fondo de los jubilados y evaluar bajo que circunstancias conviene o no desprenderse de las acciones”. Asimismo, agregó que “no es una condición excluyente para que avance el proyecto”.
El artículo 85, que impone una pena de hasta dos años de prisión y una multa a funcionarios y terceros que divulguen información sobre quienes blanqueen capitales mantuvo con énfasis la discusión. El Frente Renovador exigió que la norma no incumpla el artículo 43 de la Constitución Nacional, que protege al periodista de reservar las fuentes de información. Desde Cambiemos, aseguraron a El Economista que prevén quitar a los periodistas, incluso la categoría de terceros de la prohibición de divulgar información sobre blanqueos. Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, aseguró en Radio Vorterix que la norma en cuestión “ya está en una ley vigente” pero adelantó la posibilidad de modificar el agravamiento de las multas incluidas en el texto.
Eugenio Semino, defensor de la Tercera Edad de la ciudad de Buenos Aires, expuso ante las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Previsión Social y sostuvo que debería aumentarse el haber mínimo jubilatorio de la pensión universal para mayores de 65 años incluida dentro de la superley. Asimismo, consideró que “el blanqueo y la venta de acciones son anexos, y tienen que ver más con cuestiones macroeconómicas que con la seguridad social, sin descalificarlo”. Pidió además que se “preserve el Fondo de Garantía de Sustentabilidad”.
En la Cámara Alta, pese a la presión ejercida por los diputados del FpV, el Gobierno confía en que recibiría un mayor consenso y tendrá la celeridad pretendida para contar con la ley aprobada antes de mediados de julio. El exgobernador de Tucumán, y senador nacional por el FpV-PJ, José Alperovich, adelantó su respaldo al proyecto por ser una iniciativa que “dignifica a los abuelos”. “Siempre luché para que la mayor cantidad de jubilaciones y pensiones lleguen a la provincia”, manifestó Alperovich.
De esta manera, el Gobierno avanza con la superley de 94 artículos que incluye pago de juicio a los jubilados, actualización de haberes, pensión universal para el adulto mayor de 65 años, blanqueo de capitales, moratorias impositivas y acuerdo con las provincias.
