En una conferencia de prensa, el ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, presentó ayer la solución al conflicto que el Gobierno mantenía con la multinacional Monsanto, a debido al del cobro por regalías por el uso de su innovación ? la soja Intacta ? que la empresa ejercía sobre los productores agrícolas en las terminales portuarias de exportación. Si bien se sabía que el Estado había mantenido conversaciones con directivos de la firma estadounidense, aún no habían trascendido los detalles del acuerdo al que llegaron luego de más de dos meses de controversias.
Según explicó el ministro, a partir de ahora el Instituto Nacional de Semillas (Inase) “será el único organismo autorizado a realizar la fiscalización de control de legalidad de semillas”, por lo cual recibirá un refuerzo en su presupuesto a través de un fuerte aumento en sus aranceles, aunque también se celebrarán convenios con organismos públicos y entidades “de manera tal de poder hacer controles selectivos para determinar la validez del producto”, agregó, al tiempo que aclaró que “a partir de ese momento se verá si la semilla es legal o no, y en este último caso se aplicará la sanción por parte del Instituto, mientras los desarrolladores que crean tener derecho de propiedad sobre la semilla podrán reclamarlos en la Justicia”.
La noticia no es menor si se toma en cuenta que éste último punto fue el factor que desató la discusión casi interminable entre el Estado y Monsanto. Mientras Agroindustria se adjudicaba la potestad exclusiva para ejercer controles, la compañía paralelamente seguía intimando a los empresarios y productores antes y después de concretar sus ventas. “El Gobierno respeta los contratos privados vigentes y que se hagan, pero no serán obligatorios para los productores”, dijo Buryaile durante el encuentro, del que tam- Buryaile anunció un nuevo acuerdo con Monsanto bién participó el vicepresidente de Monsanto para América del Sur, Fernando Gianonni. En esa línea, el funcionario justificó lo ocurrido y afirmó que al asumir, hace seis meses,”nos encontramos con una siembra hecha, no teníamos posibilidades de controlar mucho y la cadena comercial trabajaba con un sistema con el que no estábamos de acuerdo”. Por eso, por ahora el arreglo será “de transición”, lo que significa que tendrá aplicación durante este año de manera que la cadena “tenga un desarrollo adecuado, invierta más y sume tecnología para agregar valor”, expresó.
Ley de Semillas
Frente a este escenario, el Poder Ejecutivo se encontró en la necesidad de debatir una ley de semillas que deje en claro las bases para el manejo de las regalías, algo que a los distintos ministros les resultó imposible de concretar durante la gestión kirchnerista, dada la dificultad para alcanzar acuerdos. De todos modos, Buryaile prometió lanzar una nueva normativa que estaría vigente para la próxima campaña agrícola, mediante un proyecto que entrará por Diputados. “Ya me reuní con los presidentes de la Cámara y de la Comisión de Agricultura”, confió.
Aunque los detalles todavía no fueron dados a conocer, el ministro señaló que el lunes próximo se reunirá el comité técnico que integran distintas áreas del Ministerio para dictaminar los parámetros y el método con el cual se evaluarán los granos. “El uso propio se mantendrá como prescribe la ley: si se justifica el origen de la semilla no hay inconveniente, pero eso no da derecho a la ilegalidad, por lo que habrá sanciones por parte del Inase”, advirtió.
Por su parte, el presidente del Inase, Raimundo Lavignolle, reveló que se detectaron más de cien operadores que comercializan semillas sin estar inscriptos en el organismo.
