Luego de días de hermetismo en los que el Gobierno se negó a dar detalles sobre el tema, el presidente Mauricio Macri anunciará hoy por la mañana un proyecto para concretar el pago de la deuda que tiene el Estado con los jubilados por el reajuste de haberes. La socialización de la iniciativa, que será enviada al Congreso la próxima semana, despejará las dudas respecto a su alcance ?se estima que podría llegar a los dos millones de beneficiarios? así como el misterio sobre cuáles serán las fuentes de financiamiento.
Según el Defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, hay tres segmentos de jubilados a tener en cuenta frente a la iniciativa. Por un lado, hay 50.000 que ya tienen sentencia firme ?que se liquidan este año?, a los que se les seguirá pagando al ritmo que se viene haciendo, con los $12.000 millones que destinados para tal fin en el presupuesto nacional de 2016.
Por otra parte, hay más de 300.000 jubilados que tienen juicios en trámite a los que se les va a ofrecer un quita. Esto, considerando que los litigios en curso tienen un resultado cantado, porque son casos análogos a otros sobre los que la Corte Suprema ya se expidió. Es decir: el Estado tiene que pagarles y no tiene sentido prolongar el procedimiento por mucho tiempo. La pregunta es cómo se pagará la deuda: si va a ser en efectivo o se van a incluir bonos; si se liquidará inmediatamente o con determinado plazo.
El Gobierno habla de una quita “voluntaria”, pero para el Defensor de la Tercera Edad, “no tiene nada de voluntaria, porque hay gente que está tramitando el pago hace diez años y ha llegado a un punto límite en términos de cubrir sus propias necesidades”. Es decir, sugiere que hay que ser cauteloso con el proyecto para que los jubilados no “agarren algo a cambio de nada”, y que se tenga presente el “derecho real adquirido que tiene el demandante”.
En tercer lugar, hay 50.000 jubilados que fallecieron mientras tenían un juicio en curso. Allí se abre un escenario con sucesiones de por medio. En caso de que hubiera causahabientes, el reclamo puede continuarse.
Existe además otro grupo de jubilados, que no está claro si serán contemplados en el proyecto. Se trata de los más de 700.000 que nunca iniciaron acciones legales, pero que están en condiciones de hacerlo, por presentar una situación homóloga a la de quienes obtuvieron sentencias favorables. Extraoficialmente, funcionarios del Gobierno señalaron que el proyecto podría alcanzar a 2 millones de jubilados, lo que indicaría la intención de incorporar también a este segmento. Sin ir más lejos, ayer el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, confesó a radio Mitre que la medida podría alcanzar esa cantidad de beneficiarios.
Si efectivamente se decide incorporarlos, se necesitaría un trabajo administrativo intenso para detectarlos en el padrón y hacerles el ofrecimiento. En ese caso, el pago podría concretarse con una quita mayor y cuotas durante dos años.
El pago promedio de los retroactivos que le correspondería a los jubilados, según las sentencias firmes, está entre entre $250.000 y $300.000, de los cuales el jubilado se queda sólo con un tercio. Según Semino, otro tercio se diluye en los gastos del juicio y otro se lo lleva Afip, porque se paga Impuesto a las Ganancias. “Una cosa absurda porque es un juicio que se origina por un acción del Estado”, consideró.
Otro tema a tener en cuenta es la cantidad de jubilados que cobran el haber mínimo y lo bajo que es ese monto: son cinco millones de jubilados que reciben $4.960 cada mes. El último reajuste, generado por la propia ley de movilidad jubilatoria, se realizó en marzo y fue del 15,35%%. El próximo, según lo previsto por la ley, tendrá lugar recién en septiembre.
El proyecto que será presentado hoy por Mauricio Macri podría incluir también una “pensión universal a la vejez”, con el objetivo de extender un subsidio a la población sin aportes previsionales en edad de jubilarse. De concretarse, el beneficio estaría por debajo del haber mínimo.
Más allá del consenso unánime que genera la idea de que se les pague a los jubilados, la pregunta clave por estos días fue con qué recursos se podría saldar la deuda. La discusión giró en torno a tres posibles fuentes de financiamiento. Por un lado, la venta de las acciones de empresas privadas que están en poder de la Anses desde la nacionalización de las AFJP. Para algunos esto sería un error, porque implicaría vender activos que rinden a lo largo del tiempo para hacer un pago de gasto corriente. Además, según la norma sancionada en septiembre del año pasado, la maniobra requiere del aval de los dos tercios de los diputados y senadores.
La segunda fuente de ingresos para cumplir con los jubilados podría venir de parte de los intereses que aporten el resto de las inversiones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, fundamentalmente las tenencias en plazos fijos. La tercera vía de financiamiento barajada se relaciona con otro anuncio que se hará hoy: el blanqueo de capitales.
Si bien intentó resistirse, alegando que sería el Presidente el que se encargaría del anuncio, Frigerio dio ayer algunas pistas sobre el origen del dinero con el que afrontarán el pago a los jubilados, dando a entender que la totalidad de los recursos se tomará del blanqueo. “Vamos a financiar esa deuda enorme que tenemos con nuestros abuelos con la contribución que tienen que hacer los que más tienen en la Argentina, y que hasta ahora no han contribuido impositivamente con una parte importante de esos recursos con los que cuentan”, dijo.
De todos modos, y sin dar especificaciones, agregó que “se contemplan modificaciones en el Fondo de Garantías para hacerlo más ágil y para poder cuidar mejor los recursos de los jubilados”. Habrá que esperar al anuncio presidencial para comenzar a advertir el impacto real del proyecto.
