Según el Gobierno Nacional, el acuerdo firmado el miércoles entre el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y las provincias, significó el avance hacia “un esquema más federal de gobierno, en el cual se descentralicen los recursos” en favor de las provincias. “Por primera vez hay un acuerdo fiscal federal en que la Nación le devuelve fondos a las provincias”, celebró el ministro, en sintonía con varios de los gobernadores.
No obstante, los resultados del convenio arrojan ciertos claroscuros, aseguran allegados a algunos de los nueve gobernadores díscolos, entre ellos, el pampeano Carlos Verna y el chaqueño Domingo Peppo.
En primer lugar, no todo lo que recibirán las provincias en 2016 será dinero fresco y en efectivo. El acuerdo firmado contempla el giro en efectivo de 3% de la masa coparticipable (una quinta parte del 15% de detracción para el financiamiento de la Anses), mientras otro 6% se les ofrecerá ?a todas las provincias menos a las tres con fallo favorable de la Corte Suprema sobre este tema? a través de un préstamo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses, que deberán devolver entre 2020 y 2021 a una tasa de 15% y 12% en los dos años siguientes. Por tanto, si bien en el caso de que todas tomaran el préstamo recibirían cerca de $ 37.935 M, según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), apenas $ 12.645 M serían agregados a la coparticipación diaria, mientras $ 25.290 M se otorgarían a través de empréstitos que luego las provincias deberán devolver más tarde.
Así, en todo caso, lo que srecibirán son fondos que les permitirán salir del paso en un contexto de cuentas fiscales ajustadas en la mayoría de las provincias. En ese sentido, según el Ieral de la Fundación Mediterránea, los casi $ 38.000 M que recibirían, representan 5% de las transferencias automáticas totales y casi tres cuartas partes del déficit financiero de 2015.
Sin embargo, la mayoría de las provincias no recibirá en mano siquiera ese 3%. En el artículo 2 del convenio, se contempla que se podrá aplicar “hasta 50%” de los giros extra de 2016 a la compensación de deudas subnacionales con el Estado Nacional. En ese caso, aquellos distritos endeudados con el poder central (todos menos Santa Fe, la CABA, Santiago del Estero, San Luis y La Pampa) tendrán un ingreso de fondos menor.
Por otra parte, desde diciembre la masa coparticipable perdió $ 37.500 M, cuentan en el Ministerio de Economía de La Pampa, una de las provincias más activas en la negociación con Frigerio. Por la menor actividad económica y algunas iniciativas impulsadas desde el Poder Ejecutivo, como las modificaciones en el mínimo no imponible de Ganancias y la quita de IVA a la canasta básica y el programa de promociones fiscales a las pymes que el oficialismo impulsa en el Congreso, la recaudación crecerá menos que la inflación este año, lo que impactará sobre los ingresos por impuestos coparticipables. De todos modos, matiza Maximiliano Castillo Carrillo, director de ACM, “depende contra qué se lo compare”. “Hay medidas que están impactando pero que ya las conocemos desde principios de año o que ya estaban internalizadas en las proyecciones. No veo una desaceleración muy agresiva respecto de la recaudación del año pasado”, asegura a El Economista, aunque prevé que los ingresos subirán 30%, por debajo de la variación de los precios. Cómo seguirá la actividad económica en el segundo semestre, en todo caso, es lo que determinará el impacto de este concepto sobre la coparticipación.
Por otra parte, las inequidades no desaparecerán definitivamente con el acuerdo. Según el Ieral, las provincias beneficiadas por el fallo de la Corte y la CABA, que logró una modificación de su coeficiente de coparticipación, tendrán un incremento nominal del orden de 47% en sus envíos, la suba para Buenos Aires será de 36% y en el resto de provincias, será de cerca de 35%. “Esto es, con los cambios consolidados, las transferencias a cuatro jurisdicciones tendrán un fuerte aumento en términos reales en 2016, en el caso de Buenos Aires estará a la par de la inflación y en el resto de provincias se ubicarán un punto por debajo de la inflación anual”, describe.
De cara al futuro, quedarán distintos regímenes de coparticipación conviviendo en simultáneo, y seguirá presente el reclamo de las provincias que no pasaron sus cajas previsionales al Gobierno Nacional en los '90, sobre el que el gobernador Juan Schiaretti ya advirtió tras la reunión del miércoles.
Si fue un “acuerdo histórico” o solucionará el déficit de las provincias se verá más fielmente en el futuro. Por lo pronto, la Corte, las provincias y el Estado Nacional sacaron algo del acuerdo. Obligado por el sorpresivo fallo de la Corte Suprema en diciembre pasado, el Gobierno resolvió, como señala Castillo Carrillo, “de una manera más o menos razonable en la medida en que puede postergarlo cinco años”. Las provincias, por su parte, compraron tiempo y tranquilidad para financiar obra pública para la reactivación de sus economías, mientras además salen masivamente a buscar dólares al exterior. La Corte, en tanto, insertó el tema en agenda.
En términos políticos, no obstante, la foto de Frigerio con los gobernadores tuvo un gran impacto. Que se hiciera fuera de la Ciudad de Buenos Aires le agrega un adicional al hecho ya significativo de reunir bajo un mismo techo a todos los gobernadores. Según al óptica de Mauricio Macri, los gobernadores no deben ser contrincantes del Presidente sino un pilar fundamental de la gobernabilidad del país, en tanto que deben ser socios en la gestión diaria de las riendas del país. Eso implica, entre otras cosas, que sea compartida por los gobernadores la agenda nacional de reducción del gasto público para achicar el déficit fiscal, de regresar a los mercados internacionales como método de financiamiento y de generar “reglas claras” para la inversión por parte del sector privado, entre otros puntos. En ese sentido, en Casa de Gobierno sienten como un espaldarazo importante las declaraciones en los últimos días de más de un gobernador en rechazo de la ley antidespidos. Sumado a la catarata de anuncios sociales de los últimos días por parte del Gobierno, el incremento del Salario Mínimo Vital y Móvil ayer y el parate en los aumentos y despidos en las últimas semanas generará un clima más favorable y de menores costos para el veto de la ley de emergencia ocupacional.
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