El veto a la ley de emergencia ocupacional, en caso de que ésta fuera sancionada, parece ser, desde todos los ángulos posibles, una mala decisión. Al tiempo que el presidente Mauricio Macri dice y repite que el proyecto de ley que prohíbe los despidos y restablece la doble indemnización es un despropósito, el proyecto avanza en las cámaras del Congreso, lo que lo expone al costo político que implicaría reafirmar su opinión vetando la norma. Los sindicalistas, por su parte, amenazan con reproducir con creces la medida de fuerza ensayada el viernes pasado si el jefe de Estado se dispone a hacer uso de su facultad sobre una medida surgida del propio seno de las centrales obreras. En este marco, el Gobierno busca una tercera posibilidad. Un grupo de sindicalistas discute con el Ministerio de Trabajo la posibilidad de lanzar un decreto que frene los despidos, aunque en un marco mucho más flexible al que propone la ley.
El decreto en cuestión retomaría un aspecto contemplado en el artículo 9 del proyecto de Diputados, y establecería que ninguna empresa puede decidir un despido de personal sin que sea avalado antes por el Ministerio de Trabajo. El trámite implicaría la intervención tanto de los funcionarios de la cartera que conduce Jorge Triaca como de los gremios del sector.
Luego de la contundente muestra de fuerza de las centrales obreras que significó la movilización conjunta por el Día del Trabajador, los sindicalistas esperan que el Gobierno mueva su pieza. Desde algunos sectores consideran que el Presidente ?que en los últimos días insistió en que la iniciativa “no sirve”? no tiene necesidad de esperar a que el proyecto consiga la media sanción de Diputados que le resta para entonces vetarlo, sino que puede apelar a las herramientas disponibles para abrir una nueva vía que lo saque de la encrucijada.
El ministro Triaca admitió ayer que se están evaluando “alternativas en este sentido”. De todos modos, desvió el eje y agregó que “el foco tiene que estar puesto en poder generar alternativas para los sectores más necesitados, como los jóvenes con el proyecto de primer empleo”.
Tolerancia
Existen dos proyectos de ley de emergencia ocupacional en el Congreso ?uno surgido de Diputados y otro del Senado?, con características distintas. Si bien ambos disponen la prohibición de despidos mientas dure la emergencia ocupacional, el de Diputados establece un plazo que se extiende hasta diciembre de 2017 retroactivo a marzo, mientras que el de la Cámara Alta instala la emergencia sólo por 180 días desde la publicación de la norma en el Boletín Oficial. En ningún caso la medida alcanza a quienes fueran contratados con posterioridad a la sanción de la ley.
El proyecto que cuenta con media sanción es el elaborado en el Senado, más suave en sus términos. Extraoficialmente, algunos empresarios reconocen que podrían tolerarlo sobre todo considerando que implica un período más o menos breve. A partir de aquí se vislumbra la posibilidad de que, con el aval parcial del sector empresario, el proyecto no sea vetado por el Presidente si se convierte en ley.
Medidas de fuerza
Con la intención dejar en claro su repudio a la alternativa del veto presidencial, los líderes sindicales lanzaron amenazas referidas a las medidas de fuerza que podrían tomar llegado el caso.
El camionero Hugo Moyano sostuvo que un paro general “es una posibilidad que no debe descartarse”, al tiempo que el líder de la CGT Alsina, Antonio Caló, advirtió que “si el señor Presidente veta esta ley, los trabajadores en su conjunto vamos a salir a pelear a la calle por los puestos de trabajo”. Desde la CTA de los Argentinos, Hugo Yasky anticipó que el acto del viernes en el Monumento al Trabajo “va a ser una miniatura” respecto de lo que eventualmente podría pasar si Macri intercede para bloquear la prohibición de despidos por ley.
