El debate por una nueva Ley de Medios de Comunicación comienza, de manera oficial, este miércoles en el Senado. La comisión de Sistemas, Medios de comunicación y Libertad de expresión, que preside la jujeña Liliana Fellner recibe al ministro de Comunicación, Oscar Aguad y al secretario de Medios Públicos, Jorge Sigal.
La ratificación en la Cámara de Diputados del DNU del presidente Macri que modificó puntos centrales de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) plantea un nuevo escenario donde el oficialismo estará presionado por diversos sectores empresariales.
Martín Becerra, investigador de la UBA,UNQ y Conicet, participó en abril de la audiencia realizada en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde representantes de organizaciones no gubernamentales disintieron con miembros del Estado acerca del decreto emitido por el Presidente. Becerra, cree que hasta el momento el Gobierno se ha manejado de manera ambigua, con una conducción ciertamente improvisada y que, en su accionar, deberá enfrentar presiones de los actores del campo de las telecomunicaciones y de los principales grupos audiovisuales.
¿Cómo ha sido el accionar del Gobierno en materia comunicacional?
Hasta ahora fue muy ambiguo, tiene un par de consignas de modernización pero lo que ha hecho es permitir niveles de concentración de mercados mayores que los que existía y no ha dado muchas señales acerca de como va a ser la nueva regulación.
¿Qué efectos dejaron las modificaciones, por decreto, en la normativa de la LSCA?
Los artículos eliminados eran los más sensibles para los principales grupos que actúan en medios de comunicación en Argentina. Creo que hasta ahora lo que tenemos, es que esa es la dirección que ha tomado el Gobierno. Evidentemente, la situación del statu quo que hoy existe en materia de medios audiovisuales para el Gobierno es adecuado, por eso prorrogan todas las licencias y anularon los límites de concentración por cable.
¿Qué imagina en cuanto a decisiones y normativas?
Pienso que el gobierno va a seguir por esa línea con la enorme dificultad de conciliar presiones de los actores del campo de las telecomunicaciones contra los intereses de los principales grupos audiovisuales, con Clarín a la cabeza, que van a pretender que la prohibición de las telefónicas para dar servicios audiovisuales se extienda más de dos o tres años. Ese es un cuello de botella que el Gobierno, por los signos que ha dado, no está preparado para resolver.
¿Tiene el Gobierno un plan de cómo avanzar en esta materia?
Efectivamente la conducción de estos temas es ciertamente improvisada, muy desconocedora de lo que significa la convergencia y la regulación de la convergencia tecnológica, una mirada muy pobre en este punto. Para ellos es yuxtaponer empresas en todas las áreas. Lo que ha logrado, a nivel normativo, es restaurar condiciones que existían antes del año 2009, antes de la sanción de la LSCA.
El decreto ratificado por la Cámara de Diputados, permitió la creación del Enacom, dirigido por Miguel De Godoy, que absorbió la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación (AFSCA) y la Autoridad Federal de Información y las Comunicaciones (AFTIC). También fue solicitada la creación de una comisión encargada de redactar una nueva ley, con la intención de unificar la Ley de Servicios Audiovisuales de Comunicación y la Ley Argentina Digital. Entre los artículos eliminados, se encontraba el que regula la concentración de medios, que había sido anteriormente aprobado como constitucional por la Corte Suprema de Justicia.
