El programa de empleo joven propuesto por el Gobierno, que se encuentra actualmente en estudio en la Cámara de Diputados, prevé incorporar o formalizar la situación de 200.000 trabajadores por mes a partir de su puesta en marcha. A tal fin, la baja de aportes de las empresas empleadoras se estima en $7.500 millones. “Es el subsidio más alto que se haya dado hasta ahora en la historia de los distintos sistemas en la Argentina”, afirmó ayer el secretario de Empleo, Miguel Angel Ponte, durante un seminario organizado por la oficina local de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Se trata de una ley “claramente fiscal” ?admitió el funcionario? que se complementará “con otras medidas que estamos proponiendo, pero eso será después de reuniones de consenso con sindicatos, empresarios y el sistema educativo, que esperamos tener concluidas a fines de junio”. De todos modos, el funcionario advirtió que “ninguna gestión de empleo crea empleo”. “Lo más que podemos hacer es crear empleabilidad o algunas reglas de juego para que el personal de esta edad al menos empate su nivel de ocupación con las otras poblaciones”, consideró. Como había anticipado El Economista hace algunas semanas, Ponte dijo que también se impulsarán cambios en la ley de pasantías, porque tiene “cuatro o cinco artículos que provocan un rechazo inmunológico por parte de todas las empresas”. La modificación propuesta para integrar a los estudiantes con las empresas impulsa “prácticas formativas”, por un lado, y, por otra parte, “prácticas profesionalizantes”. Estas últimas serán “curricularmente mandatorias para terminar la formación, y se podrán hacer en instalaciones del sistema educativo o de empresas privadas o públicas”, explicó.
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