Una ley antidespidos con doble indemnización fogoneada por la oposición peronista y el sindicalismo combativo con media sanción en el Congreso, una inflación galopante, la amenaza de una paro general, un movimiento obrero que tiende a unirse, deterioro de las expectativas económicas, caída del salario real, suba del desempleo en el margen, un mundo (y un clima) que no ayudan, un peronismo que se despabila y comienza a abroquelarse, el principal socio comercial cayendo estrepitosamente, sospechas sobre la capacidad política de la Casa Rosada (“Macri entiende menos de política que yo de capar monos”, dijo ayer Hugo Moyano) y una economía real en caída y que no da señales de llegar a un piso. A todo esto junto se enfrenta el Gobierno hoy. “El conflicto social amenaza viabilidad del plan económico”, dice Federico Muñoz, titular de la consultora homónima, en su último informe. Más locuaz, su colega Germán Fermo, director de la Maestría en Finanzas de la Universidad Torcuato Di Tella, decía por Twitter hace unos días: “El Gobierno sigue siendo muy tibio en lo económico. Anímense a hacer reformas estructurales significativas o el peronismo se los fuma en pipa”.
Muy lejos de ser el mejor de los mundos para el Gobierno. No se lo esperaban en Balcarce 50. Su lectura es que están en el buen camino e hicieron mucho más de lo que esperaban hacer. Y, en rigor, se ha avanzado mucho y se ha alejado la posibilidad de una nueva crisis externa que, si bien la sociedad y el gran público no lo percibía, estaba muy cerca hace unos meses. Pero todas las buenas nuevas acumuladas desde el 10-D, incluida la reinserción internacional del país, se diluyeron y no parecen alterar una balanza que se inclina hacia la negatividad y la paciencia con la “normalización” de la economía tiende a diluirse rápidamente. Era esperable y lógico, pero también hubo errores oficiales (y no de comunicación, precisamente).
Agotada su “luna de miel”, algunos dicen que el Gobierno enfrenta su primera crisis. La sociedad demanda “brotes verdes” y una orientación más compasiva con la demanda agregada. Con la bala de plata de la suba del MNI ya agotada, el punto clave es que no hay muchas válvulas de escape para desinflar la conflictividad y el incipiente hastío. La expectativa es atravesar el desierto hacia un segundo semestre que se palpita con menos inflación y más actividad. Pero los tiempos de la política, por un lado y los de la maduración de las inversiones y los efectos de la política monetaria, por el otro, son muy distintos. El Gobierno habla con el corazón y la técnica, pero la sociedad contesta con el bolsillo y la orientación del “modelo”.
Llegó la hora de la política, que ya no es más la porteña, sino la nacional, que es mucho más desafiante y no perdona demasiados errores. Aquí, los pergaminos del Gobierno son menos conocidos y serán los que se pondrán a prueba en esta nueva etapa. La Casa Rosada encadena anuncios de obras públicas, planes de empleo y gasto social, pero no parecen bastar para alterar el cuadro de situación y algunos evocan, anticipadamente, la conducta del aparato sindical y el peronismo con Raúl Alfonsín.
La paulatina llegada de los nuevos salarios y la esperable calma inflacionaria en el segundo semestre prometen descomprimir algo la situación, pero el ritmo nominal (ver página 2) y la dinámica real generan preocupación. Solo esperar el segundo semestre no es lo más conveniente. El Gobierno deberá embarrarse y hacer más (y mejor) política, y no sólo contentarse con tener razón. Eso nunca bastó. Si la conflictividad se espiraliza, los “brotes verdes” podrían tardar aún más en llegar y prolongar la estanflación. No va a ser la mejor manera de llegar a las elecciones legislativas de 2017.
