Ante un presente complicado

atraso cambiario

De tan trillado el dicho, parecería que cada tanto nos olvidamos de que la única verdad es la realidad. Y para los economistas esto significa que lo que importa son los datos. Pues bien, la información que se va conociendo a medida que “vuelve la luz” al Indec no pinta un panorama positivo. La situación luce peor de lo que el Gobierno esperaba pero, para ser justos, tampoco estamos ante un escenario de crisis como agitan desde la oposición más dura.

El nivel de actividad está sufriendo los efectos lógicos del cambio de política económica. Las estimaciones privadas basculan entre el estancamiento y una leve recesión, diagnóstico que confirman las propias estadísticas públicas. Por caso, la recaudación tributaria de la AFIP viene cayendo en términos reales. El bajón de actividad es más notorio al posar la lupa sobre el consumo privado. Los datos del organismo recaudador coinciden con el menor volumen de ventas detectado en comercios minoristas (relevados por CAME), supermercados y shoppings (ambos provistos por el Indec). Hasta que las exportaciones no levanten vuelo y el sector privado no responda a los incentivos ofrecidos por el Gobierno (lo cual podría tardar en suceder), el modelo de crecimiento continuará dependiendo del consumo privado. Por ello, lo que ocurra con este componente de la demanda agregada determinará la dinámica general a corto plazo.

El problema de fondo está ligado al deterioro de la situación laboral. La erosión de los ingresos reales y la amenaza del desempleo (dejamos para otra ocasión el debate respecto a la supuesta crisis laboral) debil tan el consumo de los hogares, que tampoco pueden apalancarse en el crédito para sostener su nivel de gasto debido al aumento en las tasas de interés. Y, por si fuera poco, el deterioro marginal de expectativas potencia la cautela al momento de consumir. Menos ingresos, menos consumo, menos crecimiento y la rueda vuelve a girar.

El deterioro no se limita a lo económico sino que también se extiende al plano social. Con el fin de la luna de miel, la sociedad comienza a responsabilizar cada día más a Mauricio Macri por la situación económica, cuestión reflejada en nuestras encuestas pero que excede a la “sensación térmica” capturada por un sondeo de opinión pública. De acuerdo a la consultora Diagnóstico Político, en todo el país se registraron 2.189 piquetes en lo que va del año, la segunda cifra más alta en los últimos ocho años. El récord para el primer cuatrimestre se dio en 2014 (2.283 piquetes), no casualmente después de la última devaluación.

Más temprano que tarde las demandas sociales se transforman en presiones políticas. Los sindicatos dejaron muy en claro su capacidad (y voluntad) de movilización, mientras que la oposición política se endureció para reclamar por el deterioro laboral y la aceleración de la inflación. Para amortiguar el impacto de las reformas implementadas, el Gobierno está tratando de extender y profundizar la red de contención social con diversas iniciativas. En este sentido, desde la macro se está promoviendo la llegada de inversiones y se está trabajando para reducir rápidamente la inflación.

Las presiones son tan fuertes que, a pesar de no conocerse información positiva en materia de precios, el BCRA recortó medio punto la tasa de interés de referencia. Todo un gesto político. El costo fue sacrificar reputación y aumentar la incertidumbre. ¿Valía la pena pagar dicho costo para una medida de impacto marginal sobre el nivel de actividad? Los funcionarios públicos continúan apostando a una fuerte mejora para el segundo semestre. Por cómo se vienen manejando, no sólo parecen rezar para que su optimismo se haga realidad sino también para que los días pasen más rápido.

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