La situación en la provincia más austral del país sigue tensa. Pero a la crisis fiscal, la discusión de una reforma jubilatoria cuestionada y los reclamos de varios sindicatos (en especial, los estatales), se le sumó ahora un hecho de violencia. Fue agredido el vicegobernador de la provincia, Juan Carlos Arcando, en un hecho confuso que recibió el repudio de buena parte del arco político. Por el hecho, el juez penal de Ushuaia Javier De Gamas Soler mantiene detenidos e incomunicados a cuatro gremialistas estatales acusados de ser los agresores. El distrito que lleva 64 días consecutivos de protestas.
Los sindicatos que integran la llamada “unión de gremios” realizaron ayer una manifestación en el edificio de tribunales de Ushuaia, en reclamo de la “inmediata liberación” de los detenidos. El secretario del Interior de ATE nacional, Vicente Martí, que se encuentra en la capital fueguina en apoyo al reclamo, cargó las responsabilidades en el gobierno provincial de Rosana Bertone, y dijo que “esto es lo que sucede cuando se acumula el tiempo transcurrido, el desgaste, el hartazgo y el cansancio”.
En cambio, la gobernadora Rosana Bertone afirmó que el vicegobernador “fue increpado, insultado, golpeado y apedreado por una minoría violenta que arrogándose la representación de los verdaderos trabajadores sólo busca defender sus privilegios”, y acusó a ese grupo de “boicotear el diálogo”. “Son esas personas las que cometiendo delitos pretenden defender los derechos de los trabajadores. Su escalada de violencia no va a detenernos en nuestro camino”, aseveró Bertone en declaraciones oficiales.
El hecho sucedió en la jornada número 64 de paro por tiempo indeterminado que llevan adelante los estatales de Tierra del Fuego, en reclamo de la derogación de un paquete de leyes previsionales enviados por el Ejecutivo provincial para recortar ciertos beneficios. La Justicia identificó a los sindicalistas imputados de atacar a Arcando y a 9 policías que lo custodiaban como Horacio Gallegos del gremio municipal (Soem); Juan Manuel Stefoni, del gremio docente (Sutef); José Darío Gómez, del gremio de empleados públicos (Afep) y Roberto Camacho, de la Asociación de Trabajadores del Estado (Ate). Por su parte, se mantiene la orden de detención sobre Alejandro Marcelo Gómez, del Sutef.
