(Columna de Pablo Mira, economista)
El ajuste económico es algo que naturalmente nadie desea. El ajuste reduce no ambiguamente el bienestar medio de la población, y desgasta políticamente al gobierno de turno. Dejando a un lado los casos siniestros, es normal que un gobierno lo posponga lo más posible, sobre todo si no dispone de capital político suficiente.
La pregunta que debemos responder, entonces, es por qué la economía enfrenta ajustes de tanto en tanto. La respuesta está emparentada con el ciclo económico, una regularidad que los macroeconomistas han descubierto y caracterizado hace mucho tiempo. En Argentina, los ciclos tienen incluso nombre propio, y han sido bautizados como stop and go. En una frase, estos ciclos se corresponden con la disponibilidad de divisas. El go se asocia con fuertes ingresos de dólares (en los '50s y '60, una buena cosecha, o en los '90 con préstamos del exterior) y el stop con el momento en que estas divisas se agotan.
Visto desde esta perspectiva, resulta bastante evidente que el ciclo tiene un componente autónomo. Eso significa que, cuando la economía se queda sin dólares, el ajuste es inexorable. Si bien este no es un gran descubrimiento, la sociedad sigue reaccionando con enojo ante estas situaciones, porque cada individuo asume que él no hizo nada para merecer el ajuste. Esto torna la cuestión delicada políticamente, y quizás sea la razón principal por la que usamos una palabra tan desagradable para caracterizar esta parte del ciclo.
Ahora bien, si el ciclo es inexorable, ¿que rol hay para la política económica? Más allá de las teorías (muchas contrapuestas), existe algún espacio para actuar en ese sentido. La forma más tradicional consiste en realizar políticas contracíclicas, generando superávits en los buenos momentos y déficits en los malos, suavizando la evolución del gasto agregado. Esto evita entusiasmos exagerados que deriven en penosas contracciones de consumo después. Psicológicamente este es un beneficio no menor, ya que las pérdidas suelen pesar más que las ganancias, aun cuando sean equivalentes. Otra política potencial para reducir los costos del ajuste consiste en discriminar quienes son los que deben “pagarlo”. Si uno pregunta a cada agente, por supuesto, nadie se sentirá responsable, de modo que no podemos pensar una política haciendo pagar a unos pocos, juzgados como sospechosos de haber causado la crisis.
Pero sí es posible intentar suavizar el impacto de la contracción en función de las capacidades de ingreso o de riqueza de la población. Es un dato que los ajustes son sistemáticamente pagados por los más pobres, por lo que si no hay más remedio que enfrentarlos, sería bueno que se implementaran medidas destinadas a distribuir el peso sobre los que más tienen. En Argentina la estructura de gasto está bastante sesgada a favor de los deciles de menores recursos, de modo que la única opción es trabajar sobre la estructura impositiva. La reducción de retenciones y del impuesto a las ganancias, de seguro, no entran en esta lógica para prevenir efectos distributivos no deseados de los ajustes económicos.
