(Columna de Natalí Risso)
“Un nuevo sistema de importaciones pone fin a las DJAI”, anunciaban los diarios el 22 de diciembre de 2015. Para ese momento, la publicación de la Resolución General 3823 de la AFIP en el Boletín Oficial era un hecho. Nacía el SIMI. Ya lo había anticipado el Ministro de Producción, Francisco Cabrera, pocos días antes durante la conferencia anual de la Unión Industrial Argentina (UIA), generando casi tantas ovaciones como interrogantes entre los industriales que allí estaban. Pasados dos meses de su implementación, merece la pena realizar un análisis acerca de cómo funciona y quiénes son los potenciales ganadores y perdedores con el nuevo mecanismo de administración de comercio.
Hoy en día, los importadores deben presentar las solicitudes de importación a través del SIMI. Este sistema pivotea entre dos conceptos: las Licencias Automáticas y las Licencias No Automáticas de Importación. Mientras que las automáticas deben ser aprobadas en diez días hábiles (previa presentación de información similar a la requerida para la aprobación de una DJAI), las LNA deben cumplir ciertas normas técnicas relacionadas con temas sanitarios, bromatológicos y de calidad, que cada país exige. En este caso, los organismos nacionales de aplicación (AFIP, INTI, SENASA) cuentan con un plazo máximo de sesenta días para decidir su aprobación. Si bien la mayoría de los países miembro de la OMC usan esta herramienta para generar una política productiva y de sustitución de importaciones más allá de las restricciones técnicas, la misma se encuentra en un marco de “legitimidad” dentro del organismo.
Bajo el sistema de DJAI, el universo completo de posiciones arancelarias actuaban al estilo LNA y, de acuerdo a criterios técnicos como capacidad de abastecimiento nacional del producto o tipo de bien de acuerdo a su uso económico (bien final, bien intermedio o bien de capital), acompañado de las proyecciones que las empresas presentaban con respecto al empleo, nivel de producción y ventas, se aprobaba o rechazaba el pedido. El SIMI redujo ese universo a 1.440 posiciones arancelarias: 12% de las 12.000 posiciones registradas en el Nomenclador Común del Mercosur cuenta con una herramienta que permite administrarlas. Estas posiciones representan el 20% del total importado durante el 2015.
Los productos de calzado, indumentaria, marroquinería, textil y juguetes, históricamente protegidos por tratarse de sectores generadores de gran cantidad de puestos de trabajo, así como aquellos que han tenido un desarrollo en los últimos años (maquinaria agrícola, neumáticos, motos, bicicletas y cochecitos), son los potencialmente más beneficiados bajo el nuevo sistema. Tomando como referencia el 2015, la Secretaría de Comercio cuenta con las herramientas para proteger más de la mitad de las importaciones de productos pertenecientes a estos sectores. Más del 60% de la entrada de los sensibles hubieran pasado por el filtro de las Licencias No Automáticas en 2015, incluso llegando a montos por encima del 90% en el caso de calzado e indumentaria.
En un nivel de cobertura media, aquellos sectores en los que entre el 20% y el 49% de sus montos importados deberían haber pasado por el régimen de LNA si las mismas regían en 2015, se encuentran las autopartes (49%), herramientas (49%), electrodomésticos (39%), madera y muebles (30%), motores, bombas, compresores y válvulas (28%), publicaciones (25%) y tecnología médica (23%).
Los sectores con casi nula protección son construcción (16%), maquinarias de elevación (16%), electrónica (10%), música (8%), química de consumo (8%) y química (1%).
Por último, quedaron liberados completamente productos del sector vehículos, combustibles, medicamentos, alimentos y bebidas, químicos y agroquímicos.
La inclusión de ciertas posiciones arancelarias como LNA en el sistema ha generado controversias y es un problema que aún no está saldado. Miguel Ponce, director del Centro de Estudios para el Comercio Exterior del Siglo XXI, explica: “Gobiernos proteccionistas, como el de Néstor y Cristina, tenían un listado de 600 posiciones bajo LNA, que luego fueron derogadas por la aparición de las DJAI. Cuando se anunció que se iban a dar de baja y volvíamos a las licencias, todos pensábamos que el número iba a rondar en las 600, pero se duplicaron”, y añade que “se está hablando con las autoridades para achicar este listado”.
Si bien a priori parecería ser que las herramientas para administrar el comercio y proteger la industria nacional siguen vigentes, todavía no se puede hablar de ganadores y perdedores. Paula Español, ex subsecretaria de Comercio Exterior de la Nación, explica que “más allá del SIMI y su funcionamiento, lo importante no son sólo las posiciones que se incluyeron, sino los criterios productivos que se utilizan en la administración”. Como aún no pasaron los 60 días correspondientes, la respuesta sigue siendo un interrogante.
