(Columna de Marcelo Capello, presidente del IERAL de la Fundación Mediterránea)
El Gobierno de Mauricio Macri heredó un buen número de distorsiones en la economía, tales como estancamiento en el nivel de actividad desde hace cuatro años, una elevada tasa de inflación, muy alto déficit fiscal, tipo de cambio muy apreciado, tarifas de servicios públicos retrasadas (especialmente en el GBA), alta presión tributaria, Impuesto a las Ganancias distorsionado, escasas y declinantes reservas en el BCRA y una todavía elevada tasa de pobreza monetaria, entre los principales problemas. Claramente uno de los objetivos primordiales de la nueva administración es bajar la tasa de inflación hasta niveles normales. Para ello decidió aplicar un plan gradual, es decir, reducir la inflación en forma parcial cada año hasta llegar a una tasa anual del 5% en 2019.
Una dificultad importante con esta estrategia gradualista es que el Gobierno debe convencer a los agentes económicos que la inflación comenzará a bajar paulatinamente en el tiempo pero, a la vez, inicialmente corregir varios de los problemas antes enunciados, como el tipo de cambio apreciado (devaluando el peso) y las tarifas retrasadas (bajando los subsidios económicos, que redundan en mayores tarifas netas). ¿Por qué esto es así? Porque intentar bajar la inflación dejando para el futuro la corrección cambiaria y tarifaria generaría expectativas negativas respecto a la posibilidad de lograr una baja duradera en la suba de precios.
De modo que la estrategia gradualista en la situación de Argentina resulta muy compleja, pues primero el Gobierno debía devaluar el peso y reducir los subsidios (subir tarifas netas de la energía), lo que inicialmente produce subas de precios de algunos bienes, a la vez que convencer a la población que, tras ese efecto inicial, la inflación comenzaría a ceder. Sin dudas, un desafío importante para la política económica. Pero la alternativa del shock resultaba poco viable política y socialmente.
Desinflacionar paulatinamente la economía argentina requiere un gran esfuerzo en materia de coordinación de expectativas, pues los agentes económicos estaban habituados a que la inflación subía o se mantenía estable pero en niveles elevados, y tomaba decisiones en consecuencia. Dado que ahora se pretende bajar la inflación en un proceso que durará cuatro años, ello requiere que todos los años vaya cayendo el déficit fiscal y la asistencia del BCRA al Tesoro Nacional, además de fijarse aumentos salariales cada año menores a los anteriores, guiándose por la inflación esperada y no la pasada. Encargándose el Gobierno, por supuesto, que dicha inflación esperada (y efectiva) resulte creí- blemente a la baja, con sus anuncios y decisiones en materia de política cambiaria, fiscal y monetaria (con el fin de que el poder adquisitivo de los salarios finalmente no baje). Claramente no se trata de un camino nada fácil en un país que lleva diez años con inflación de dos dígitos (y cuando en siete de los últimos ocho años la inflación fue mayor al 20% anual) y en que, además, como ya se planteó, inicialmente había que resolver fuertes distorsiones de precios relativos (cambiarias y tarifarias).
Para lograr tales objetivos, resulta clave la secuencia de decisiones y anuncios económicos que haga el Gobierno, para ir encaminando las expectativas de los agentes, además de los acuerdos que pudieran lograrse con el mundo del trabajo y empresario. La secuencia indica que primero debían sincerarse tipo de cambio (por los graves problemas de competitividad existentes) y tarifas (dado que los subsidios económicos son los principales causantes del déficit fiscal), pero simultáneamente anunciarse la política monetaria y fiscal a futuro, de modo que resultase creí- ble que luego de la suba inicial de la inflación que producirían la devaluación y suba de tarifas netas, los precios comenzarían luego a morigerar su marcha, acicateados por una política fiscal y monetaria más restrictivas.
Posteriormente, debía venir el cambio en el Impuesto a las Ganancias, de modo que los sindicatos estén dispuestos a aceptar un aumento de salarios menor al ocurrido el año anterior 1) porque el Gobierno convence con sus anuncios de política económica que la inflación tendería a bajar luego de la suba inicial, y 2) porque al terminar con las distorsiones en el impuesto, los salarios de bolsillo de niveles medios y altos podrían subir algunos puntos adicionales sólo por ese motivo, que ayudaría a compensar la potencial pérdida de poder adquisitivo a que podría dar lugar una suba de salarios que se ubique a lo sumo a la par de la inflación en el primer año.
Esta estrategia para bajar la inflación se debería complementar con la posibilidad de que se negocien salarios en dos momentos del año, de forma que los gremios confíen en que si acceden a desacelerar aumentos salariales en la primera parte del año, en la segunda mitad podrían recuperar terreno si finalmente la inflación no es tan baja como el Gobierno pretendía (cláusula “gatillo”).
Para un país como Argentina, la secuencia descripta para bajar la inflación resulta extremadamente compleja, aunque políticamente quizá no existía otra opción. En las últimas semanas, en mayor o menor medida, se está siguiendo esa secuencia, aunque con algunos inconvenientes o ausencias: la devaluación inicial no resultó del todo convincente respecto a si alcanzaba para solucionar los problemas de competitividad existentes, y si bien ello fue bueno para que no resulte tan alto el salto inicial en la inflación, resultó negativo al generar expectativas de que se necesitaría seguir devaluando el peso en el futuro, como finalmente ocurrió en febrero y marzo. La suba en el tipo de cambio de las últimas semanas aviva la inflación inicial, pero ayuda a dar credibilidad a que posteriormente el tipo de cambio siga un sendero más suave de crecimiento dada su más convincente corrección inicial.
Con la suba de tarifas resultó algo similar a lo ocurrido con el tipo de cambio: si bien causaron alto impacto mediático y costos políticos, se habrían quedado a mitad de camino, pues aún perdura un importante gasto en subsidios econó- micos, que dificultarán reducir el déficit fiscal en la medida de lo necesario. Los anuncios sobre política fiscal y monetaria se demoraron, aunque finalmente aparecieron, y si bien no despejaron totalmente las dudas, al menos se conoce la estrategia del Gobierno en la materia. En lo fiscal pretende combinar reducciones de impuestos y erogaciones, pero que en términos netos reduzcan el déficit cada año y, en lo monetario, morigerar el crecimiento de la cantidad de dinero Para ambos propósitos, resultará fundamental cerrar el capítulo con los holdouts, y en ese sentido sí se están produciendo novedades importantes en los últimos días. Despejar dudas sobre el financiamiento podría resultar la novedad que otorgue mayor credibilidad al Gobierno en su estrategia gradualista para bajar el déficit fiscal y la inflación, a la vez que va arreglando los problemas de competitividad y en su sector energético.
El anuncio sobre el Impuesto a las Ganancias que se conoció hace pocas semanas tampoco terminó de despejar todas las dudas, aunque agregó alguna certidumbre para la negociación salarial.
El anuncio sobre el cambio en las escalas que definen las alícuotas del impuesto, si finalmente se produce, terminaría de despejar dudas de cara a las negociaciones paritarias, pero también sumaría al agujero fiscal.
Ahora llega el turno de las negociaciones por salarios. Si se logra encaminar la secuencia por la cual se acepta negociar según inflación esperada, y que efectivamente resulte creíble que la inflación futura resulte decreciente en el tiempo, se habrá dado un paso muy importante para lograr bajar en forma exitosa la inflación con el plan gradualista, pues si el primer año se cumplen los objetivos, resultará más fácil lograrlo a partir del segundo. Hasta ahora el Gobierno ha dado algunos pasos adelante y otros atrás en esta estrategia secuencial, pero en términos netos, el balance es positivo y mantiene elevadas posibilidades de llegar a buen puerto. Despejar rápido las dudas sobre el financiamiento del Estado (léase arreglar la situación en el juzgado del juez Thomas Griesa) ayudaría a aumentar fuertemente las posibilidades de éxito en esta estrategia que viene aplicando el Gobierno.
