El Gobierno del presidente Mauricio Macri se prepara para introducir la derogación de las leyes Cerrojo y Pago Soberano, y sus probabilidades de éxito son altas. Los legisladores de Cambiemos avanzan con paso firme, los opositores moderados hacen guiños favorables y el núcleo duro del kirchnerismo queda cada vez más aislado. Como resultado, los bonos argentinos están adquiriendo un brillo inusual que contrasta con la debilidad financiera en el resto de los mercados emergentes. Macri probablemente se referirá al plan de su administración para terminar el litigio con los holdouts cuando inaugure las sesiones ordinarias del Congreso el 1° de marzo. Su mensaje tendría un objetivo doble: por un lado, terminar de sellar el respaldo de la comunidad internacional para cerrar la cuestión en la corte del juez Thomas Griesa y, al mismo tiempo, galvanizar a los legisladores propios y aliados en un tema que, pese a estar encaminado, todavía requerirá cintura política.
"El Gobierno puso esto (la derogación de las leyes) en la mesa porque cree que tiene el respaldo necesario en el Congreso", dice un informe de la consultora Eurasia. En la Cámara Baja, el tema luce más fácil porque el Ejecutivo cuenta con todos los diputados de Cambiemos y los que responden a Sergio Massa. "El Senado es un poco más complicado, pero hay grupos dentro del partido peronista que lo respaldarán a cambio de otras concesiones fiscales", dice Eurasia.
Gobierno confiado
El jefe de Gabinete, Marcos Peña y el diputado del PRO, Nicolás Massot, actuaron como portavoces en este frente en los últimos días. Sus apariciones públicas transmitieron confianza no sólo por el contenido de lo que dijeron, sino también por la forma. Primero, resaltaron que el oficialismo ya tendría el número de legisladores para conseguir suobjetivo. Pero además, Peña y Massot cuidaron la presentación del mensaje, hablando en diferentes radios para asegurar la llegada.
La tropa de Massa, si bien tiene sus idas y venidas, como se vio con el tema del DNU por la coparticipación en el Senado, seguramente dará el quórum y muy posiblemente también vote junto con Cambiemos. Algo similar ocurriría con los de Diego Bossio, cuya escisión del Frente para la Victoria (FpV) a su vez tironea a los peronistas moderados restantes. Profiriendo todo tipo de deméritos contra Macri entre dientes apretados, incluso estos admiten que no quieren ver otra crisis en el país.
El kirchnerismo duro está quedándose cada vez más solo. Su poder en el Congreso pasa por la capacidad de demorar las iniciativas clave con el trabajo fino en las comisiones parlamentarias y la posibilidad de pedir la palabra para pronunciar lo que desde ya se anticipa serán largos discursos en el estilo de "patria sí, buitres no". También pueden generar distintos grados de confusión y culpa entre el resto de la bancada del FpV, aunque no sería suficiente.
Mejora de bonos
Este mes, JP Morgan mejoró su recomendación para los bonos argentinos, a "overweight" desde "marketweight", debido a que la suma del impulso para la resolución con los holdouts con factores técnicos contrarresta el efecto negativo que tendría la emisión grande de bonos para el arreglo. En los últimos dos años, los diferenciales del EMBI de JP Morgan se redujeron 600 puntos básicos y el banco de inversión todavía cree que podrían bajar 50 o 100 puntos básicos más.
En su último informe, la entidad de Wall Street anticipa un pago inicial de US$ 2.000 o US$ 3.000 millones a los holdouts que arreglen para el 29 de febrero, según la propuesta del ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay. Eso se giraría con fondos provenientes de las reservas del Banco Central y de emisión de deuda local. Después, "el Gobierno eventualmente tendrá que mejorar las condiciones (de su oferta) para seguir avanzando hacia una solución abarcativa", dice el banco.
Un arreglo con todos los holdouts, incluyendo a los más reacios, es necesario para que Argentina mantenga el acceso al mercado una vez que Griesa rehabilite los pagos de la deuda. "La Corte podría cambiar de parecer y reinstaurar la cautelar si, en adelante, el Gobierno no muestra una disposición fuerte para alcanzar una resolución abarcativa de buena fe con los acreedores", advierte la firma estadounidense. Cerrar con todos requeriría un enfoque "paso a paso" que podría extenderse a lo largo de este año.
