Desde enero pasado los mercados financieros ya descontaban una solución al problema de la deuda en default. En menos de dos meses, el subsecretario de Financiamiento, Luis Caputo, dio un fuerte impulso a las negociaciones que concluyeron con acuerdos de pago con el 85% de holdouts.
El Gobierno ofreció el pasado 5 de febrero dos opciones para pagar en efectivo. Una oferta base de pago igual al capital adeudado más 50%, y una oferta pari passu. En esta última se ofreció pagar con un descuento de 30% el valor reconocido en sentencia previa al 1° de febrero de 2016 y abonar con dicho descuento al saldo devengado del reclamo de quienes no cuentan con sentencia firme a dicha fecha. Además, se ofreció un descuento inferior (27,5%) para quienes hubieran suscripto acuerdos con el Gobierno hasta el 19 de febrero pasado.
En el caso de los mayores acreedores (Elliot, Aurelius, Olifant, Blue Angel, Bracebridge Capita y Davidson Kempner), sobre un monto reclamado de US$ 6.204 millones, aceptarían cobrar el 75% (US$ 4.653 millones). Otro grupo de diez bonistas recibirán US$ 250 millones más 185 millones de euros, esto es, US$ 453,5 millones. Montreux Partners, y otros tres fondos, cobrarían US$ 298,6 millones; Dart Management, US$ 849 millones y Capital Market Services, US$ 110 millones. A su vez, un grupo de 50.000 bonistas italianos con reclamos por US$ 900 millones aceptó la oferta base, y cobraría US$ 1.350 millones. El monto total acordado que debería pagar el Gobierno es de US$ 7.714,1 millones, a lo que habría que sumar US$ 68 millones para el fondo Brecher que además impulsa una acción de clase por 500 millones de euros junto a otros bonistas que no ha sido resuelta. También resta cerrar negociaciones además con el llamado grupo Varela, de bonistas argentinos con un reclamo por al menos US$ 832 millones, otro grupo de acreedores ?en su mayoría italianos? que impulsan una acción por US$ 539 millones congelados en Bank of New York Mellon y otros más que, con los anteriores, totalizan el 15% restante (US$ 1.600 millones) que todavía no ha cerrado acuerdos con el Gobierno.
Para instrumentar los pagos se requiere la intervención del Congreso. El mismo deberá aprobar esta propuesta y derogar dos leyes, la Ley 26.017 (Ley “Cerrojo” de febrero de 2005) y la Ley de “Pago Soberano” de septiembre de 2014. La primera impide al Gobierno realizar todo tipo de transacción judicial, extrajudicial o privada respecto de la deuda en default, y reabrir negociaciones con los holdouts. La segunda reemplaza al Bank of New York Mellon por Nación Fideicomisos S.A. como agente de pagos de la deuda reestructurada en 2005 y 2010, y autoriza al Poder Ejecutivo (a solicitud de los tenedores de títulos reestructurados) a instrumentar un nuevo canje de deuda por títulos emitidos bajo legislación y jurisdicción local o de Francia.
El juez Griesa, a su vez, levantó esta semana las medidas cautelares que bloqueaban los pagos del Gobierno a bonistas reestructurados, bajo la condición de que el Congreso derogue las citadas leyes, y que el país pague a todos los holdouts con los que cerró acuerdos hasta el 29 de febrero. A tal efecto, el Ejecutivo dio entrada al Congreso del proyecto de “Ley de Normalización de la Deuda Pública y Acceso al Crédito Público”, que deberá lograr dictamen favorable en las Comisiones de Presupuesto y Finanzas de la Cámara de Diputados, probablemente hacia el 18 de marzo. Luego se debatirá en la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Senado. De contar con dictamen favorable se aprobaría en la primera semana de abril. Dicho proyecto autorizará la emisión de deuda para realizar esos pagos y cancelar intereses devengados. La suma total sería de US$ 15.000 millones en dos o tres series entre cinco y treinta años de plazo. Como ha trascendido en algunos medios, la tasa que se deberá pagar por dicha nueva deuda estaría en torno de 7,5%, aunque no se descarta que después de la colocación de la primera serie se pague una tasa inferior si mejora la calificación de riesgo de Argentina.
Esta etapa pone fin a un período de parálisis en las negociaciones por la negativa del anterior Gobierno a dar cumplimiento a la sentencia firme en contra de nuestro país del juez Thomas Griesa. A mayor tiempo transcurrido en estado de rebeldía de una parte, mayor acumulación para los holdouts de montos a cobrar en concepto de intereses y punitorios. Lo que se hubiera resuelto con abonar US$ 1.300 millones cuando el BCRA contaba con más de US$ 30.000 M, devino en un pasivo notablemente superior, para una nueva administración que recibe un sector público no financiero con el mayor déficit (base caja) de toda la historia, y un BCRA con patrimonio neto negativo.
Es de esperar que el retorno al acceso normal a los mercados voluntarios de capitales permita al sector privado acceder a financiamiento a largo plazo a costo sensiblemente inferior al que pagaría en el mercado local. También es de desear que descomprima la presión del sector público no financiero sobre el BCRA y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSeS para hacerse de financiamiento rápido para financiar gasto corriente.
Es, sin dudas, una buena noticia, pero no libre de costos. La nueva administración debe captar deuda por más de diez veces el saldo de la sentencia original de Griesa, y el pago de capital e intereses de estos títulos suma nuevas obligaciones para futuras generaciones de contribuyentes. Ciertamente, es de esperar que se abarate el costo de financiamiento para el sector público, pero esto exigirá estabilidad cambiaria y el nivel de precios y, previo a eso, una estrategia fiscal y monetaria sostenible y coherente con dichos objetivos.
En ese sentido, será necesario debatir marcos regulatorios que reduzcan al mínimo la discrecionalidad de las autoridades en materia de política fiscal y monetaria. Bien cabría, entonces, explorar alternativas para evitar decisiones apresuradas, poco transparentes y temerarias en materia de endeudamiento público. La legislación brasileña en materia de responsabilidad fiscal, por ejemplo, podría ser sumamente útil para pensar marcos regulatorios que impidan el retorno a gravosas extravagancias en materia de endeudamiento público, default y rebeldías sin sentido. Como venimos observando, y soportando, desde los '80, su costo no lo pagan sus responsables directos sino el resto de la sociedad y, en mayor medida, los que menos tienen. .
