Tras la búsqueda de un cambio federal

2 de febrero, 2016

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La reunión en Casa Rosada de gobernadores con el ministro del Interior Rogelio Frigerio puso un escalón más a la discusión en torno a las modificaciones de la coparticipación federal. Después del rechazo que generó el aumento por decreto de la participación de la Ciudad de Buenos Aires en esos giros automáticos y del cónclave de once mandatarios provinciales del peronismo en San Juan, el Gobierno Nacional y las provincias pudieron llegar a un primer acuerdo.

Del lado de los gobernadores, los mensajes tuvieron implicancias tanto políticas y económicas. En el plano político, los mandatarios provinciales se mostraron unidos para tener un mayor poder de negociación frente a la Casa Rosada y usar ese cónclave (y el anterior, en San Juan) como carta de presentación de una oposición unida con ellos como líderes. En tanto, en lo económico, los gobernadores reclamaron el pago de pagos adeudados por Nación y la restitución de la detracción del 15% de la masa coparticipable que actualmente se destina a Anses, además de la apertura de la discusión en torno a las deudas previsionales y las alícuotas de coparticipación.

En el primer punto, precisamente, es donde se dio el primer acuerdo. El ministro Frigerio se comprometió a girarle a las provincias el pago de más de $ 10.000 M que les debía en concepto de pagos atrasados por obras públicas (más de $ 7.000 M) y planes sociales (más de $ 3.000 M). El resto de los reclamos, requiere de implementar soluciones más audaces, que sean viables tanto para las provincias como para el Estado Nacional, en un contexto fiscal difícil para ambos.

Anses

Un caso es el del 15% que desde 1992 se sustrae de la masa coparticipable para financiar a Anses, implementado para que el Estado Nacional pudiera costear la seguridad social cuando existían las AFJP, pero que aún permanece. Según el Ieral de la Fundación Mediterránea, las pérdidas por ese concepto en 2015 iban desde $12.322 M en el caso de la provincia de Buenos Aires, a $887 M para Santa Cruz y Chubut. Desde 2006, por ese concepto las provincias resignaron ante Nación un estimado de $ 229.994 M según el Iaraf y de $ 537.339 M según NOAnomics.

Tras el fallo de la Corte Suprema en diciembre pasado, Santa Fe, San Luis y Córdoba son las únicas provincias a las que no le están sustrayendo esos fondos. Los gobernadores reunidos en San Juan amenazaron con ir a la justicia para recibir el mismo trato que esas tres provincias, y aunque el máximo tribunal ya advirtió que cada causa deberá seguir su propio camino judicial (no aplicará un me too como similar al del juez Thomas Griesa por la deuda con holdouts), es difícil que llegue a distintas conclusiones. De ahí la necesidad del Gobierno Nacional de anticiparse al problema. Aunque la solución no sea tan sencilla.

Según Marcelo Capello, presidente del Ieral de la Fundación Mediterránea, el financiamiento de Anses sin esos fondos es inviable. “Eliminar la detracción del 15% al conjunto  de provincias llevaría a Anses a mostrar un fuerte déficit, si no se tienen en cuenta sus rentas por inversiones. En 2014 podía visualizarse un resultado positivo de cerca de $53.000 M, aunque al descontar las rentas obtenidas por Anses del Fondo de Garantía Previsional, quedaba un superávit de aproximadamente $14.000 M. Ese año, el 15% que se descuenta a provincias de la coparticipación se acercaba a $43.000 M (el descuento a Córdoba, Santa Fe y San Luis sumaba $8.000 M). Se requiere implementar otro tipo de solución”, plantea.

Según Economía & Regiones, el costo fiscal de devolver el 15% a todas las provincias alcanzaría los $ 70.000 M para 2016.

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En cambio, Capello propone “que permanezca el descuento del 15% pero se envíen recursos a través de Anses a Cajas de Jubilaciones Provinciales que no fueron transferidas a la Nación”. “O eliminar el descuento del 15% para ANSES pero que Nación reduzca las transferencias discrecionales a provincias y deje de refinanciar todos los años las deudas provinciales con Nación”, agrega. Esta última alternativa podría resultar fiscalmente neutra para Nación y positiva para las provincias, pero le significaría a Macri una pérdida de poder de negociación sobre los gobernadores, en tiempos en que necesita estrechar su vínculo con ellos para conseguir mayorías en el Congreso. En un rapto de sinceridad de los que lo caracteriza, Miguel Angel Pichetto hizo explícito lo que en el ambiente político entienden que se dará: “A cambio (de recursos), nosotros le garantizaríamos al Gobierno la aprobación de varios temas (en el Congreso)”.

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Otro de los reclamos de los gobernadores tiene que ver con las deudas previsionales derivadas del no pago del financiamiento que la Anses debiera proveer a los regímenes jubilatorios provinciales, en los casos de las trece jurisdicciones que no transfirieron sus sistemas a la Nación durante los ’90. “Los convenios para cubrir el déficit de las Cajas no transferidas, y su cumplimiento mismo, han estado sujetos a un alto grado de discrecionalidad, por lo cual han emergido múltiples conflictos causados por falta de cumplimiento de los acuerdos”, señala un informe reciente del Ieral.

Según el informe, en 2013 las Cajas Transferidas tuvieron un déficit de $3.171 M y cubren al 28,6% de la población mayor a 65 años del país. “En consecuencia, para que hubiese existido un trato equitativo, las Cajas no transferidas deberían haber recibido recursos en forma de envíos automáticos de la Nación por un monto equivalente a $7.920 M anuales (para datos del 2013, equivalentes a 0,27% del PIB). Se trata, en este caso, de una medida que sí podría ser afrontada por los recursos de Anses”, señala el informe.

Las alternativas son varias y complementarias. Si se avanza en la solución de estos primeros reclamos y se recupera parte de la pérdida de las provincias en la distribución primaria durante la última década, sería un primer gran avance sin tener que llegar por el momento al punto neurálgico de la discusión, que es la modificación de los parámetros automáticos de la coparticipación.

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