El Economista - 70 años
Versión digital

jue 28 Mar

BUE 23°C

¿Es necesario un ajuste fiscal inmediato?

Las cuentas públicas no representan una amenaza inmediata a la sostenibilidad

02 febrero de 2016

Las autoridades han expresado más de una vez su preocupación por la situación financiera del Tesoro nacional. Si bien se han manejado números variados respecto del déficit fiscal de 2015 (algunos más preocupantes que otros), las normas estadísticas desarrolladas por los organismos internacionales ubican al déficit primario en torno al 2,5% del PIB, y el déficit financiero (incluyendo intereses pagados), en algo menos del 5% del PIB. Aun cuando los valores que dio a conocer el Gobierno actual y que publicaron algunas consultoras son mayores, 5% no es un número para nada desdeñable.

¿Cuáles son las consecuencias de un déficit fiscal elevado? La preocupación inmediata que surge al tratar estos temas refiere a la solidez de las finanzas públicas, cuya versión amplificada encuadra esta situación como una virtual “quiebra del Estado”. Pero, en el caso argentino, esta visión es tan exagerada como errónea. Hay dos aspectos que deben tenerse en cuenta a la hora de evaluar la solidez fiscal. Uno es que se debe considerar la situación del stock de la deuda pública, no solamente los flujos de déficit (o de superávit) de un solo período.

Pero aun este indicador es insuficiente, ya que si el Gobierno es capaz de colocar bonos o dinero sin mayores inconvenientes, eso significará que su deuda es sostenible, por más elevada que sea. Es el caso de algunos países desarrollados, cuyas deudas superan a veces cómodamente el 100% del PIB.

La historia fiscal argentina está plagada de experiencias traumáticas, pero por extraño que parezca, aquí y ahora no nos enfrentamos con este tipo de dilemas. La situación patrimonial del Estado Argentino es de las más sanas en varias décadas. La deuda de la Nación con acreedores privados externos, una medida razonable del grado de vulnerabilidad fiscal, no alcanza al 10% del PIB, lo que sitúa a Argentina lejos de los países con problemas de endeudamiento que sí afecta, por ejemplo, a varias economías de la periferia europea.

De todos modos, en Argentina este indicador no es suficiente, y los flujos también importan. En efecto, el déficit presente tiene la desventaja de que creció como consecuencia de una importante expansión del gasto, principalmente social. Estas erogaciones normalmente son rígidas a la baja, quizás una forma cínica de calificar a los numerosos derechos sociales que se han reconocido en los últimos tiempos. Esto significa que, de no mediar un ajuste impositivo compensatorio, este déficit posiblemente persista, y deba seguir financiandosé con bonos o emisión monetaria durante varios períodos. En el primero caso, contribuyendo paulatinamente a un deterioro patrimonial y, en el segundo, aportando liquidez que puede resultar en pérdida de divisas.

Es cierto que parte del déficit se debe a los subsidios a las tarifas públicas, pero no es obvio que este rubro se pueda ajustar abruptamente sin fuertes costos políticos.

Por lo tanto, las cuentas públicas no representan en la actualidad una amenaza inmediata a la sostenibilidad. Es necesario, seguramente, reorientar las tendencias observadas para evitar ajustes bruscos sobre el gasto social, y para sostener la capacidad del Estado de dictar políticas con alguna independencia de los vaivenes del ciclo económico. La conclusión más importante es entonces que debemos pensar menos en una política de ajuste fiscal que en una estrategia que procure una paulatina corrección de la tendencia de algunas variables fiscales.

Seguí leyendo

Enterate primero

Economía + las noticias de Argentina y del mundo en tu correo

Indica tus temas de interés