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Los primeros 20 días

Coordinación de expectativas

31 diciembre de 2015

El nuevo Gobierno ha cumplido los primeros veinte días, llegando a fin de año con la macroeconomía controlada. Superando algunos pronósticos alarmistas, la eliminación del cepo cambiario no provocó ningún sobresalto. La credibilidad del nuevo equipo económico (Ministerio de Hacienda y Finanzas más Banco Central) ha logrado el ansiado objetivo de toda política macro: coordinar expectativas en el cortísimo plazo en medio de una crisis profunda y no del todo manifiesta.

Una primera reflexión es que el gradualismo se ha impuesto al shock. Probablemente, la carencia de estadísticas oficiales transparentes ?no sólo en el Indec- ha sido uno de los motivos del gradualismo, pues el nuevo Gobierno debe interiorizarse de lo que se está encontrando. Otro motivo pueden ser ciertos consensos sociales implícitos, donde la mayoría de la población no percibe la magnitud de la crisis macro (déficit fiscal de 7% del PIB, déficit externo, inflación inercial alta y estancamiento hace cuatro años) y, por ende, no espera grandes anuncios, y menos aún ajustes.

La secuencia temporal de este gradualismo macro parece seguir este orden: primero, la política cambiaria, en paralelo con la monetaria, luego le sigue la política de ingresos y, por último, la política fiscal.

La política cambiaria se ha manejado de manera adecuada. La eliminación del cepo y la súbita introducción del mercado único y libre de cambios ?contra la idea de la mayoría de los economistas- ha derivado en un valor del dólar todavía por debajo del blue, implicando una devaluación del orden del 35%. La eliminación de las retenciones y las restricciones a las exportaciones auguran liquidación de granos acumulados. Es cierto que los stocks de divisas no han entrado en juego, pues la deuda con importadores se cubre con un bono y el giro de utilidades al exterior no se ha liberado completamente. El anuncio de ingresos de divisas por parte de bancos internacionales, organismos multilaterales, cerealeras y cambio de yuanes por dólares tuvo su efecto, y el BCRA ya estaría anunciando reservas por encima de los US$ 40.000 M a comienzos de enero. Así, el flujo cambiario sí ha sido un éxito, con más oferta que demanda: la liquidación de cerealeras, la corrida que nunca existió (tampoco había motivos), y el lento retorno de las importaciones (en medio de la eliminación de las DJAI's y el reemplazo por nuevo régimen) ayudan.  La idea de Hacienda es que estructuralmente hay más oferta que demanda: los argendólares superan los US$ 100.000 M y parte de ese stock volvería a pesos desde el verano de 2016, atraído por la confianza y tasas de interés más altas. Desde luego, el flujo de nuevos ahorros mensuales debería ir a pesos y no a dólar. Y para mediados de abril, la nueva cosecha gruesa augura un exceso de oferta de divisas, con lo cual un rol decisivo del BCRA será administrar expectativas hasta entonces, teniendo un verano relativamente calmo.

La política monetaria ha empezado a jugar su rol. Las tasas de las letras del BCRA han trepado inicialmente hacia niveles altos y, si bien se han moderado en la última semana del año, la señal apunta a fortalecer el valor del peso, cabiendo esperar tasas altas en términos reales desde enero. Para ello, la inflación esperada no debería ser superior al 30% anual, con un no  nulo en el corto plazo y luego lento, si bien Hacienda arguye que esto ya ha ocurrido en noviembre y algunos precios deberían bajar.

Atado a esto seguirá la política de ingresos, clave para la gobernabilidad. Las primeras paritarias (bancarios y docentes) deberían mostrar en marzo que los salarios se ajustan a la inflación esperada (¿máximo 30%?) y no a la pasada o proyectada pos-devaluación, en un esquema que seguramente apuntará a establecer metas de inflación. Para ello, el tipo de cambio deberá estar por debajo de $/US$ 14 en marzo, y los acuerdos de precios con grandes empresas deben mostrar resultados.

Para el final, el gradualismo del equipo económico parece haber dejado a la madre de todos los problemas: la dispendiosa administración de los recursos públicos. El déficit fiscal de 7% del PIB esconde serios problemas. Las variables de corrección pasan esencialmente por subsidios a la energía y transporte a segmentos de clase media y alta, obra pública y transferencias discrecionales a provincias y municipios. No se sabe qué pasará con los subsidios a la producción, que se eliminarían más gradualmente, y el impacto de la eliminación de “ñoquis” no es alto en términos agregados, aunque sí es importante a nivel ético. Descontado algún arreglo ?no carente de costos? con los holdouts, el menor nivel y el financiamiento del déficit anunciado para 2016 serán cruciales: cuánto se financiará con recortes de gasto, cuánto con emisión monetaria (debería bajar drásticamente para generar expectativas convergentes) y cuánto con nueva deuda pública (tampoco muy alto pues no consolidará expectativas si se usa en exceso).

Por su parte, la economía política de la corrección fiscal entrecruzará el inicio de las sesiones legislativas con un Gobierno en minoría parlamentaria, pero con gobernadores e intendentes de la oposición muy pendientes de las transferencias discrecionales, que no tienen razones legales de continuidad y han contribuído en estos años a incrementar el gasto público sin control.

El crecimiento económico bajará el déficit en términos de PIB, pero la macroeconomía pide a gritos más inversión y más exportaciones, y menos inflación, lo que implica, lamentablemente, menos consumo. El desafío del gradualismo será coordinar expectativas favorables, que van a incluir, a la vez, expansiones y costos, en un programa de Gobierno que tiene como meta la “pobreza cero”, pero que seguramente percibe que, para lograrlo, el año 2016 incluirá alguna dosis de sacrificios no menores.

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