¿Hay un plan para el déficit fiscal?

20 de diciembre, 2015

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El Gobierno de Mauricio Macri lleva una semana a cargo de la administración del país y ya tomó muchas medidas de relevancia. Particularmente, el equipo económico se impuso la tarea de destrabar rápidamente las principales restricciones que contienen el avance de la economía. En este sentido se entienden las decisiones relativas a los contratos de dólar futuro abiertos los últimos meses, la eximición del pago de Impuesto a las Ganancias al medio aguinaldo de diciembre para sueldos inferiores a los $30.000 brutos, la eliminación las retenciones a los principales productos agropecuarios, la suspensión las declaraciones juradas anticipadas para importar y, la más reciente y resonante, la liberalización del cepo cambiario.

Todas estas medidas, aunque urgentes e indispensables, no atacan el gran problema de la economía que desencadenó los desequilibrios macroeconómicos actuales: el déficit fiscal. Para dimensionar la magnitud, se estima que actualmente el mismo representa entre 6 y 7 puntos del PIB, siendo el más pronunciado desde 1989 (aunque el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, dio a entender que posiblemente resulte mucho mayor luego de revisarlo). La situación fiscal es más preocupante aun si se tiene en cuenta que las medidas anunciadas tienen un efecto agravante sobre el déficit.

Por el lado de los ingresos, la reducción de la alícuota de retenciones en 5 puntos porcentuales al complejo sojero y la eliminación al resto de los productos agropecuarios podría haber afectado severamente la recaudación. No obstante, es de esperar que se compense en alguna medida con la corrección del tipo de cambio y los incentivos a incrementar la producción, permitiendo también mayor recaudación de otros tributos.

Asimismo, más allá de la exención anunciada para el medio aguinaldo de diciembre, transcendió que se trabaja en una reforma integral del tributo para el 2016 que incluiría no solo la actualización del Mínimo No Imponible (MNI) sino también la tan esperada corrección de las escalas. Entre 2004 y 2010 la participación de impuesto en el PIB rondaba el 5%, y luego escaló paulatinamente hasta superar el 7% actual. Por lo tanto, podemos imaginar que las correcciones que se hagan tenderán a devolverle el peso relativo que tenía, medida que ocasiona un significativo costo fiscal en términos de ingresos no percibidos.

Por otro lado, compensar estas medidas con incrementos en alícuotas de otros tributos es absolutamente inviable ya que la presión tributaria se encuentra en niveles históricamente elevados, que rondan el 40%. Los ingresos totales (nacionales, provinciales y municipales) representa la mitad del producto total de la economía, considerando el impuesto inflacionario.

La contracara sería reducir el gasto, que acumula en el año un crecimiento anual cercano al 36%. Sin embargo, éste se compone mayormente de sueldos y jubilaciones que equivalen al 12% y 34% de las erogaciones totales, respectivamente, y que son ítems que presentan gran inflexibilidad a la baja. En cambio, las transferencias a los privados, que representan un quinto del gasto total nacional es el rubro que deberá ser ajustado en mayor medida. El 63% del gasto de este rubro se destina a subsidios económicos, concentrados mayormente en el sector energético y el transporte. El gabinete económico comenzó a trabajar en esta línea y se anunciaron correcciones en las tarifas de servicios públicos para enero. Pero ese es, indefectiblemente, solo un primer paso en el conjunto de ajustes y correcciones necesarias. Adicionalmente, se presentó un plan de obras de infraestructura que, si bien cuenta con financiación, repercute positivamente en el gasto público. Considerando el desajuste fiscal que se hereda, y las medidas anunciadas, es inevitable una reducción en el gasto. Posiblemente se realicen con más énfasis en partidas no conflictivas, como lo son las transferencias discrecionales. Pensar que se puede licuar el gasto solo con crecimiento, para que su peso en el PIB caiga, resulta un poco inocente. Por un lado, por la magnitud del desequilibrio y, por otro, porque no está tan claro que la economía pueda crecer el año próximo.

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