(Columna de Matías Carugati, economista jefe de Management & Fit)
Las negociaciones salariales se están demorando más allá de lo habitual. A pesar de sostener que las paritarias son libres, desde el Gobierno presionan para limitar los aumentos a un máximo del 27%. Por caso, cuatro gremios clave (UOM, Comercio, UOCRA y UPCN) terminaron firmando los convenios en la Casa Rosada, con subas en línea con la pauta oficial.
El objetivo es evitar desbordes que compliquen el corto plazo. Con la inflación moderándose (según el IPC Congreso, pasó de 39% en diciembre a 29% en abril), el Gobierno intenta reducir la nominalidad. En la visión oficial, aumentos salariales desmedidos terminan generando nuevos incrementos de precios, perpetuando la inflación. Además, en los sectores de mayores ingresos, más dinero en el bolsillo implica mayor demanda de divisas, lo cual complica el frente cambiario.
El control de salarios es un componente habitual en los planes de estabilización heterodoxos. En economías que sufren de inflación crónica, el componente inercial es importante. Los contratos se indexan a la inflación pasada y los shocks tardan en disiparse. La clave está en modificar el proceso de formación de expectativas, pasando de uno retrospectivo a otro prospectivo. Los pactos sociales, eufemismo para controles de precios y salarios que pueden incluir o no cláusulas de corrección, sirven a este fin. Permiten coordinar expectativas de forma tal de alinearlas con una política económica tendiente a moderar la inflación. Con distintos grados de éxito, fueron muy utilizadas en los programas económicos de los '60 y '80 en economías emergentes.
El problema es que la escasa credibilidad del Gobierno dificulta la coordinación de expectativas. Por un lado, porque la economía continúa con el “termómetro” averiado. Sin un consenso respecto a cuál es la tasa de inflación difícilmente puedan guiarse las expectativas inflacionarias, hoy en torno al 28%. Por otro lado, porque intentos previos han fallado, lo que mina aún más la confianza de los agentes económicos en la política de ingresos. Los controles de precios, impuestos desde hace años con distintos grados de formalidad y alcance, no fueron exitosos.
La inconsistencia de la política económica refuerza las fallas de credibilidad. Generalmente, los planes para reducir la inflación utilizan la política de ingresos como herramienta para moderar el proceso de estabilización y no como componente central. Un programa tendente a reducir la inflación se sustenta en una política monetaria y fiscal consistente con ese objetivo. Muy por el contrario, actualmente la política fiscal mantiene un sesgo expansivo, mientras que la política monetaria está pasando de contractiva a expansiva.
Así todo, la inflación podría reducirse en 2015. Si bien existen discrepancias entre estimaciones de precios oficiales y alternativas, ambas coinciden en mostrar una desaceleración. Lógicamente, existe una base de comparación elevada, por la devaluación de comienzos de 2014. Sin embargo, el uso del ancla cambiaria y tarifaria ha morigerado la suba de precios. Como resultado, la inflación bien podría finalizar en torno al 28%, cifra de consenso entre consultoras privadas.
De todas maneras, el sendero no está libre de riesgos. Destacamos tres de ellos: (1) que los aumentos salariales empujen los precios; (2) que las expectativas inflacionarias se desaten producto de una devaluación esperada, y (3) que la monetización del déficit fiscal “inunde” la economía de pesos. Al menos hasta las elecciones, creemos que la afluencia de divisas permitirá oxigenar la oferta agregada y prolongar la “paz cambiaria”. Por otra parte, la liquidez del sistema financiero aún le permite al BCRA esterilizar la emisión, e incluso al Tesoro colocar deuda en pesos. Lo que ocurra tras las elecciones, sin embargo, dependerá no sólo de la situación macro y del Gobierno, sino también de las expectativas respecto a lo que haga el próximo Presidente.
