(Entrevista a Marcelo Capello, presidente del Ieral de Fundación Mediterránea. Por Facundo Matos)
Los presidenciables opositores coinciden en que hay que alivianar la carga impositiva pero también coinciden en que los gastos sociales no se pueden reducir de manera drástica. ¿Hasta qué medida es viable una reducción de los ingresos manteniendo los gastos?
La presión impositiva es récord en Argentina pero la causa de esta situación no ha sido tanto el crecimiento del gasto social como la suba en el gasto en subsidios económicos, es decir, las erogaciones que realiza el Estado para evitar sincerar las tarifas netas que paga la población en los servicios de electricidad, gas, agua, transporte y otros. Subsidios que se llevan más del 5% del PIB y cuyos beneficiarios últimos, los usuarios de esos servicios, no necesariamente son familias de bajos ingresos y residen mayoritariamente en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense.
¿Cuánto es lo que habría que reducir en términos de presión tributaria?
La presión impositiva en sus tres niveles de gobierno se ubica en torno al 33% del PIB, y supera 36% si se suma el impuesto inflacionario. Los tributos más distorsivos, que ameritan eliminación o reducción a largo plazo son: el IDCB ?1,8% del PIB? , Derechos de Exportación ?1,9%? , una porción del aumento injustificado en el impuesto a las ganancias y del impuesto provincial a los ingresos brutos en estos últimos años ?no menos de 2 puntos del PIB entre ambos? y los impuestos al trabajo. No todo debe ser eliminado, sino que debe pensarse en que algunos de estos impuestos resulten pagos a cuenta de otros impuestos, que otros sean reducidos y por supuesto que se permita el ajuste anual por inflación, de manera que no todo sería costo fiscal, pero haciendo sumas y restas, Argentina necesita una reforma que a largo plazo implique una caída de la presión tributaria del orden de los 5 puntos del PIB.
¿Una reducción drástica del gasto no podría llevar a consecuencias negativas, especialmente en lo social?
Antes que nada los ahorros que puedan lograrse por el lado del gasto deben utilizarse para bajar el déficit fiscal y aquellos impuestos que disparen incentivos más rápidos para la producción e inversión. Luego seguir bajando impuestos en la medida en que exista sustentabilidad fiscal. El gasto público podrá bajarse inicial y nominalmente sólo en algunos programas que resultan impresentables. Por ejemplo, que al fútbol gratis se lo financie con dinero del Estado y no de lo que se podría recaudar de la publicidad privada, y comenzando a desmantelar el pesado esquema de subsidios económicos, aplicando tarifas sociales, de modo que en el primer año los usuarios del GBA paguen por los servicios como agua, electricidad, gas y transporte lo mismo que ya se paga en otras provincias como Córdoba y Santa Fe. Luego deberá seguirse una regla para que el gasto aumente no más que la inflación cada año, de modo que si la economía crece el peso del Estado irá cayendo en términos del PIB por tres o cuatro años, lo que dará margen para la reducción de impuestos.
¿Qué desafíos le deja el Gobierno actual al próximo en materia fiscal?
El próximo gobierno tendrá un doble desafío en términos de costo fiscal cuando asuma. Bajar el déficit fiscal, primero, y los impuestos, después. Lo primero para ordenar las cuentas del Estado, no seguir sumando endeudamiento público y ayudar a disminuir la inflación. Lo segundo, para generar una economía más competitiva a mediano y largo plazos, que pueda exportar al mundo. La administración de Cristina Fernández dejará un legado fiscal con muchas más aristas negativas que positivas. Habrá varios desafíos: revertir el déficit fiscal primario, que terminó 2014 en 2,7% del PIB, cuando había alcanzado un superávit del 2,5% en 2007; reducir el gasto en subsidios económicos, que ascendió hasta 5,2% del PIB en 2014 cuando era menor al 1% a comienzos de milenio; un Estado mucho más grande y poblado de recursos humanos, ya que el empleo público pasó de representar del 6% de la población a comienzos de los años 2000 a 7,1% en 2014; una recentralización fiscal, pues existió fuerte pérdida de participación de las transferencias automáticas a provincias en el total de recursos tributarios nacionales ?del 32% en 2001 al 27% en 2014?; y bajar la carga del impuesto inflacionario, ya que la presión tributaria pasó de 18% del PIB en 2001 a 36% en 2014.
¿Y hay legados positivos?
Como legado fiscal positivo puedemencionarse que la deuda en moneda extranjera con agentes privados y organismos internacionales resultó del 16% del PIB en 2014, cuando resultaba alrededor del 42% en 2000. Por eso una vez que se arregle el problema con los holdouts, ese bajo nivel de endeudamiento externo permitirá a Argentina obtener financiamiento por montos importantes, para así no tener que seguir usando reservas del BCRA para pagar la deuda. No obstante, la deuda pública total se halla en niveles similares a los del año 2000, en torno al 46% del PIB, pues en estos últimos años ha crecido exponencialmente la deuda pública interna ?con BCRA, Anses y otros?.
El Gobierno se va sin hacer una reforma integral del sistema tributario. ¿La tendrá que llevar a cabo la próxima administración?
A mi criterio el gobierno que entra deberá llevar a cabo una reforma a largo plazo en pos del empleo, la producción, la inversión, la competitividad y la innovación. Por ejemplo, permitir que IDCB sea pago a cuenta de IVA y/o Ganancias, comenzar a reducir Derechos de Exportación y que los subsistentes puedan ser tomados a cuenta de Ganancias, permitir el ajuste por inflación en Ganancias para sociedades y actualizar parámetros anual y automáticamente para personas, ampliar la reducción de contribuciones patronales en función de la ubicación geográfica de los establecimientos, volver a desgravar ingresos brutos para la el sector primario y la industria, bajar el peso del IVA para compras realizadas por la población más vulnerable mediante el sistema de tarjetas.
