(Columna de Lorenzo Sigaut Gravina, economista jefe de Ecolatina)
La discusión relevante en torno a la evolución del nivel de actividad en el corriente año no se centra en la viabilidad de un crecimiento sostenible a tasas elevadas, sino sobre algo mucho más modesto: la posibilidad de que el PIB recupere, en el mejor de los casos, el terreno cedido en 2014. Vale destacar que el año pasado la caída del producto orilló el 2% según nuestras estimaciones.
Lamentablemente, lograr un crecimiento genuino liderado por la inversión requiere un cambio integral en la política económica que este Gobierno ya no va a realizar. En cambio, sí es factible pensar que, con renovados estímulos al consumo y un aumento de los insumos importados para lubricar el proceso productivo, podría darse un rebote.
De todas maneras, tampoco está garantizado un repunte del nivel de actividad. Para que ello suceda el Gobierno debería, en primera instancia, relajar la restricción externa, especialmente en el frente de importaciones. No es un buen auspicio que en los últimos días el BCRA haya frenado el giro de divisas para pagar importaciones.
Pero la escasez de de divisas no es el único desafío. Además, el Ejecutivo debería apuntar a moderar la inflación para que no se licúen las mejoras nominales de los ingresos de las familias. Y, por último, financiar una política fiscal expansiva (típica de año electoral) vía fuentes menos nocivas que la asistencia del BCRA (apelar sólo a la emisión para cubrir el creciente déficit público potenciaría las presiones cambiarias/inflacionarias).
Hasta ahora las autoridades económicas dejaron trascender la intención de: i) no a acordar/dilatar negociaciones con holdouts; ii) conseguir financiamiento externo alternativo (principalmente de China) y, eventualmente, colocar algo de deuda en los mercados de capitales; iii) volver a utilizar el tipo de cambio y las tarifas como anclas nominales frente a la inflación; iv) aplicar una política monetaria algo más laxa (baja de tasas) para estimular el crédito, y v) mantener una política fiscal expansiva.
En base a los lineamientos de política oficial mencionados, condicionantes internos, perspectivas internacionales y el rol de las expectativas de los agentes económicos frente a un cambio de gobierno, podemos enumerar diversos factores que apuntalan o descartan una recuperación de la economía argentina en 2015.
Pros de un repunte de la actividad:
La desaceleración de la inflación producto de profundizar el atraso cambiario y tarifario (algo plausible si se mantienen acotadas las expectativas de devaluación y no se dispara la emisión) permitiría en el corto plazo mejorar el poder adquisitivo de las familias. Dado que los ingresos nominales de la economía están relativamente indexados a la inflación pasada, no habría que esperar aumentos inferiores a los del año pasado. Subas nominales similares a las de 2014 en un contexto de desaceleración de la inflación (más cercana a 30% que a 40%) generaría una mejora real del ingreso como con el haber previsional. El atraso de las tarifas más un fuerte aumento de las transferencias de planes sociales (AUH) apuntalaría el ingreso disponible de las familias.
Las expectativas de una mejora de la política económica con el próximo presidente electo mantiene abierta una ventana de acceso a los mercados de capitales (pese a la dilación del acuerdo con holdouts y la magnitud de los últimos acontecimientos internos, el riesgo país no empeoró en lo que va del año).
Si se prolonga la paz cambiaria lograda a fines de 2014 (gracias a la asistencia de China y la expectativa del mercado financiero de una recuperación del valor de los activos financieros locales), el BCRA podría relajar la política monetaria (tasas más bajas) para dinamizar el crédito.
Una política fiscal expansiva podría dinamizar la actividad si se financia parcialmente con crédito externo.
Contras de un repunte de la actividad:
Las exportaciones van a caer en 2015, por menores precios internacionales de las commodities, por atraso cambiario, y por un acopio significativo de la cosecha agrícola a la espera del próximo presidente electo.
Además de menores exportaciones, este año hay que pagar el doble de vencimientos de deuda pública que el año pasado. Si el Gobierno no consigue abundante financiamiento externo, será imposible siquiera mantener el nivel de las reservas y de las im-portaciones del año pasado.
Pese a que aún persiste abierto el acceso a los mercados de capitales (producto de las mencionadas expectativas que genera el recambio presidencial), posponer un acuerdo con holdouts diluye la oportunidad del Gobierno de CFK de conseguir financiamiento externo abultado a menores tasas.
A medida que se acerquen las elecciones de octubre crecerán las expectativas de devaluación por la insostenibilidad del esquema de creciente atraso cambiario. En el segundo semestre las presiones cambiarias volverían al centro de la escena, afectando al nivel de actividad.
Una política fiscal expansiva financiada exclusivamente con emisión aumentaría las presiones cambiarias e inflacionarias abortando la posibilidad de un repunte de la actividad.
Arrastre estadístico negativo: según nuestras estimaciones, la caída de casi 2% del PIB durante 2014 implica, ceteris paribus, un descenso del PIB de 1% para este año.
A priori, el balance de fuerzas luce equilibrado, por lo que recuperar el terreno cedido en 2015 parece complejo de alcanzar. De hecho, en Ecolatina esperamos un estancamiento del nivel de actividad. Desde ya que cualquier error de cálculo en la implementación de la estrategia oficial profundizaría la recesión existente.
Por último, más allá de lo que suceda este año, vale la pena precisar las causas del continuo deterioro de la performance económica en nuestro país. En la presidencia de Néstor Kirchner (2003-2007), el PIB per capita trepó 7,8% anual; en el primer mandato de la Cristina Fernández de Kirchner (2008-2011) la tasa promedió 2,6% anual y, en la segunda presidencia de CFK (2012-2015) el PIB per capita se habrá estancado.
Entre los factores que explican el derrotero de los últimos años se destacan: la pérdida de una política económica consistente (basada en un tipo de cambio competitivo y superávit gemelos); el atraso de precios relativos; el estímulo del consumo de corto plazo en detrimento de la inversión; la creciente injerencia y discrecionalidad del Gobierno en la economía y el deterioro de las principales instituciones a partir de la intervención del INDEC.
