(Columna de Lorenzo Sigaut Gravina, economista jefe de Ecolatina)
Transcurrido un mes del incumplimiento de pagos de la deuda pública reestructurada se diluye la posibilidad de una solución rápida al conflicto con los fondos buitres: no hay privados dispuestos a comprar el juicio del siglo que le permita a Argentina salir del default en 2014. Al descartarse la posibilidad de un arreglo expeditivo, quedan vigentes sólo dos opciones: incumplimiento transitorio (hasta que venza la cláusula RUFO) o un default por aceleración de la deuda pública performing. Ambos escenarios implican elevados costos en el corto plazo, pero sólo el último afectaría también al próximo gobierno.
El principal inconveniente de no haber resuelto el problema con los holdouts es que dio por tierra las expectativas de los agentes de que el Ejecutivo consiga dólares frescos en el mercado financiero. De hecho, los avances en la agenda externa (CIADI, Club de París Repsol, estadísticas/FMI) apuntaban a vivir con dólares prestados especialmente en 2015, año signado por elecciones presidenciales y fuertes vencimientos de deuda pública en moneda extranjera.
Queda claro entonces que el camino del endeudamiento externo esbozado por las autoridades desde fines del año pasado no se va a concretar en 2014.
Hacia adelante la clave pasa por precisar si se podrá retomar dicho sendero el año entrante. Esto produjo un choque de expectativas significativo: el sector privado esperaba un Gobierno que consiga dólares financieros e implemente una política económica más consistente. En cambio, la realidad muestra una nueva hoja de ruta (o la falta de una) que exacerba la incertidumbre y la desconfianza. El Ejecutivo se prepara a “vivir con lo nuestro”, potenciando la intervención estatal sobre el sector privado (Ley de Abastecimiento), aplicando un férreo control sobre el ingreso y egreso de divisas comerciales, y profundizando la expansión del gasto financiado con creciente emisión.
Los grises
Sin embargo, aún no está todo dicho. Aunque de compleja implementación, el Proyecto de Ley para cambiar el agente de pago de la deuda restructurada (del BoNY a Nación Fideicomisos) y la sede (Argentina o Francia) da otra señal de voluntad de pago. Si el proyecto se convierte en ley, no se habrá resuelto el problema de fondo pero disminuye el riesgo de aceleración de la deuda pública en 2014. Esta jugada permitiría comprar tiempo hasta que venza la cláusula RUFO. En síntesis, en materia económica se consolidó un escenario recesivo con crecientes presiones cambiarias e inflacionarias para lo que resta de 2014.
Y, pese a que el Ejecutivo anunció medidas para reactivar la economía (planes sectoriales y una política fiscal expansiva), estas chocan con la creciente incertidumbre, el derrumbe de expectativas y el nocivo financiamiento con emisión. Más aún, el fin de la tregua cambiaria significa que de aquí a la salida de la próxima cosecha agrícola (a mediados de 2015), la puja entre el dólar oficial, el paralelo, las reservas, la liquidación de exportaciones y las trabas a las importaciones va a ser creciente e intensa.
Prueba de esto es que el BCRA redujo del 30% al 20% la tenencia de activos en moneda extranjera de los bancos y que las empresas tienen que utilizar crecientemente dólares propios para importar bienes. Más allá de este nuevo parche, la única manera en que el BCRA podrá moderar la puja cambiaria es aplacando rápidamente las expectativas de devaluación.
Y en este frente lo que no sobra es tiempo, ya que el panorama para el año entrante es sombrío. Si a principios de 2015 el Ejecutivo no reabre el financiamiento externo (para que pueda colocar deuda la Nación, YPF y las provincias) ni consigue dólares por otro lado (China, Banco de Francia, Basilea, etcétera) se va a repetir la experiencia de enero pasado.
Esto significa que el deterioro económico puede persistir e incluso profundizarse el año entrante. Por ende, la posibilidad de transcurrir una transición política sin sobresaltos económicos se reduce y aumenta el riesgo de que sea el próximo Presidente el que reciba una pesada herencia y deba encauzar los desequilibrios existentes en la economía argentina. En los primeros días de 2015, Cristina Fernández de Kirchner deberá decidir si retoma la agenda del financiamiento externo en pos de evitar una crisis cambiaria.
