(Columna del economista Matías Carugati, economista jefe de Management & Fit)
La saga de la deuda pública mantiene a todo el país en vilo. El Gobierno no llegó a un acuerdo con los holdouts y el país finalmente cayó en default. Sin embargo, en los últimos días surgió una alternativa que acortaría el período de cesación de pagos. Un grupo de bancos está negociando la compra de la deuda en litigio y así facilitar la reposición del “stay”, lo que desbloquearía los fondos congelados. Minimizar temporalmente la cesación de pagos es imperativo. No sólo por cuestiones financieras (aceleración de la deuda, cotización de bonos y acciones, costo financiero y tipo de cambio), sino también económicas. Un default express no soluciona los problemas de fondo, pero al menos no los profundiza. En lo que resta del año, la economía afrontará tres problemas relacionados entre sí.
1. El primero de ellos, y acaso el más importante en términos de estabilidad, es la escasez de divisas. El superávit comercial viene en baja y se encuentra sujeto a riesgos, como los U$S 1.000-1.500 millones que podrían perderse si la cotización de la soja no repunta. Frente a ello deberán hacerse pagos por turismo, deuda pública externa (unos U$S 3.300 millones, incluyendo pasivos con multilaterales y los U$S 539 millones bloqueados por Griesa) y préstamos a empresas privadas. Minimizar el default permitiría conseguir dólares por canales financieros, ya sea vía inversiones o endeudamiento, sumando así otra opción adicional para equilibrar el mercado cambiario. Hasta ahora, cualquier ajuste tendrá que realizarse sacrificando reservas, a costa de la estabilidad macro; restringiendo aún más las importaciones, resintiendo el nivel de actividad o, por último, devaluando el tipo de cambio, alimentando la inflación.
2. El segundo problema concierne al exceso de pesos. La monetización del déficit fiscal implica que el BCRA deberá emitir no menos de $80.000 millones entre agosto y diciembre, y la entidad también tendrá que cancelar o renovar deuda a corto plazo por $140.000 millones. Es decir, un total equivalente a casi 60% de la base monetaria. Si se levanta rápidamente el default, la relativa calma cambiaria y la mayor liquidez bancaria podrían facilitar la esterilización de este monto de dinero sin la necesidad de elevar sustancialmente las tasas de interés. Pero cuanto más se demore la solución, mayor será la presión sobre las tasas o la inflación, dependiendo de la decisión del BCRA.
3. El último problema es el referido a la recesión. Aunque el Gobierno intente medidas de estímulo fiscal, la inflación (que se moderó, pero aún sigue en niveles elevados) reducirá el poder adquisitivo de los ingresos, contrayendo el consumo, principal motor económico. En este aspecto, un default express no tiene un impacto positivo directo sobre el nivel de actividad. A lo sumo evita consecuencias negativas (menor consumo e inversión por parte del sector privado) que profundizarían la recesión del 1,2% esperado inicialmente a 2-2,5% del PIB.
A esta altura de los hechos, el acuerdo entre bancos y holdouts es la última alternativa al default. Así, los fondos buitre cobrarían su reclamo y el Gobierno evitaría los costos de un default prolongado. Más aún, de confirmarse esta salida, el oficialismo también podría capitalizar políticamente su posición. Desde que el conflicto entró en su fase de definición, la intransigencia mejoró la aprobación de la gestión y la imagen de Cristina y sus principales funcionarios.
De todas maneras, con el correr de los días la atención regresará a los problemas pendientes. En los últimos años se consumieron los superávit fiscal y externo, la inflación se elevó a niveles preocupantes y la economía entró en recesión. Cuanto antes se despeje el frente financiero, más rápido podrán buscarse soluciones para estas cuestiones. No obstante, con un Gobierno desgastado y cuyo mandato está próximo a su fin, lo más probable es que sea la próxima administración la que asuma la responsabilidad de poner la macro en orden.
