La inflación, frente a un piso

El segundo semestre no arrancó de la mejor manera

(Columna de Matías Carugati, economista jefe de Management & Fit)

La agenda económica posmundial arrancó con uno de los temas centrales de la última década: la inflación. Con sus diferencias, estimaciones oficiales y alternativas coincidieron en mostrar una desaceleración de la inflación, que aun así finalizó el primer semestre con el registro más alto desde la salida de la convertibilidad (15% o 21%, según la fuente). De todas maneras, la etapa de moderación estaría llegando a su fin. La inflación chocó con un piso de 2% mensual en mayo y se mantuvo allí desde entonces. Este hecho resulta preocupante, ya que se esperaba una mayor desinflación, dada la estabilidad cambiaria y la recesión. A diferencia del bajón económico de 2009, la caída actual del nivel de actividad es menos profunda y fue precedida por un shock devaluatorio. Además se acumula una inercia más fuerte. Incluso una recesión similar a la de 2009 no llevaría a una desinflación de igual magnitud que entonces.

El segundo semestre no arrancó de la mejor manera en materia de precios. A cuestiones estacionales propias de julio (vacaciones), se suman los incrementos en colectivos, prepagas (compensado con una baja en medicamentos) y combustibles. Asimismo, la autorización de la Secretaría de Comercio para que los productos de la canasta de Precios Cuidados aumenten hasta 10% también incidirá sobre la inflación de julio. Las perspectivas para lo que resta del año tampoco son positivas. Incluso teniendo en cuenta que la recesión “ayuda” a mantener acotada la inflación, difícilmente se perfore el piso de 2% mensual en los próximos meses. Eso daría como resultado una inflación anual de 37% a fines de diciembre, equivalente 38% para todo el año.

De todos modos, la cifra final está sujeta a varios factores. El primero involucra a los precios regulados por el propio Gobierno. La quita gradual de subsidios al consumo de agua y gas todavía está en marcha, a lo que podrían sumarse recortes en electricidad. Asimismo, a diferencia de cuando YPF era una empresa privada, ahora sí se autorizan regularmente subas en las naftas. Cuánto se avance con la actualización de los precios regulados le agregará más o menos combustible a la inflación.

El segundo factor concierne al tipo de cambio. La devaluación de enero mejoró la competitividad, pero la inflación acumulada desde entonces erosionó este colchón. Si la evolución de las monedas de nuestros socios comerciales no nos favorece, se corre el riesgo de retornar a la situación de comienzos de año. El problema es que soltar el tipo de cambio tendrá impacto inflacionario.

El tercer factor refiere a la orientación de la política económica, de marcado sesgo expansivo. Mientras el litigio con los holdouts se mantenga vigente, el financiamiento del déficit fiscal seguirá recostándose sobre el Banco Central (los datos recientes de expansión de base monetaria dan cuenta de ello). Esto terminará generando mayores presiones inflacionarias, situación que se agrava al considerar que el BCRA enfrenta vencimientos importantes de letras y notas en lo que resta del año ($120.000 millones sólo de capital).

Por último, está la cuestión de las expectativas. Si la debilidad de la demanda agregada le pone un techo a la inflación, la inercia acumulada durante años de fuerte suba de precios ciertamente le pone un piso. Las expectativas de inflación se mantienen firmes por encima del 30% anual desde hace tiempo, lo cual contribuye a perpetuar la suba de precios. Los contratos no sólo se indexan, sino que se acortan, generando aumentos más fuertes y más rápidos que en una economía de baja inflación. Cualquier política antiinflacionaria no será exitosa si no ataca este componente clave en la formación de precios.

Claro que ello presupone la existencia concreta de un plan de estabilización, algo que no parece estar en la agenda oficial.

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