“Hecha la ley…”

¿Cuánto y cómo pagar?

(Columna de Alejandro Fiorito, economista de la Universidad Nacional de Luján -UNLU-)

Las múltiples y variopintas hipótesis sobre las variantes a las que la Argentina podría recurrir para evitar mayores compromisos económicos dañosos, el del default forzado parece el peor escenario inmediato. Las alternativas como el pago de diversos montos de nueva deuda que se agregarían (U$S 1.500 millones a los buitres de coyuntura, o U$S 15.000 millones con todos los buitres, o U$S 120.000 millones con el 92,4% de los fondos desreestructurados vía clausula Rufo, o vía clausula Cerrojo –aprobada en el Congreso argentino)– lleva a pensar en que si sale bien y no se cae en default, de todas maneras habrá aumentado el stock de deuda externa a pagar. El problema es que el default también puede surgir si se acepta cualquier monto agregado de nueva deuda, en base a nuevos reclamos de bonistas reestructurados. No siempre las condiciones se presentan con una salida clara y positiva para el país al no conocerse las futuras acciones legales de los acreedores avaladas por otros jueces. A veces todas los escenarios son malos y ante la incertidumbre de temas leguleyos y de interpretación habrá que elegir la que aparece como menos mala.

Por cualquier camino una situación de default forzado ahora –o más adelante por el peso de los mayores vencimientos– sería el escenario más perjudicial dado que no hay garantías de corregir ceteris paribus las posibles falencias del anterior proceso y a diferencia del ocurrido en 2001, la cuenta corriente no es superavitaria. Aunque los Estados no quiebran, no es realista pensar en obtener mejores condiciones a partir de reiniciar reiteradamente un proceso de reestructuración. El otro lado acreedor también mueve en este ajedrez.

La realidad tiene histéresis y todos los agentes aprenden. Un caso evidente de aprendizaje es la incorporación reciente de las clausulas de acción colectiva (CACs) en sus nuevas emisiones de deuda donde Grecia puede evitar un posible juicio buitre y hasta modificar condiciones de sus vencimientos con el consenso del 75% de los bonistas, por ejemplo, a partir del sempiterno leading case de experimentación argentino.

Restricción social vs. externa

Las consecuencias de un default llevan a enfrentar una “restricción social” por caída del financiamiento para la Argentina, la merma de nivel de actividad y, por ende, de las importaciones con severas consecuencias de una oferta cuasi fija (si bien es cierto que estarían los dólares de un no pago de vencimientos). Por el contrario, no caer en default, permite continuar el proceso iniciado antes del fallo –mejorar las condiciones financieras del país para habilitar vía cuenta de capital (Repsol, Club de París, etcétera) la maduración de las condiciones de sustitución energética en Vaca Muerta, salir de la recesión y cambiar las condiciones de deuda en un futuro próximo–.

Ante la complejidad de la inesperada situación a partir del fallo a favor de los fondos buitres, es acertado entonces el camino iniciado por el Gobierno para tratar de dar continuidad a este proceso, negociando inteligentemente.

La búsqueda de antagonismos dentro del propio fallo judicial se manifiesta pagando el monto adeudado y sin permitir la ilegal devolución ordenada por el juez neoyorkino, o bien intentar hacer terciar en la prohibición de Griesa en que se pague a los bonistas, a la corte de La Haya. Sin embargo, se necesitará mucho más hasta eal 30 de julio, cuando los acreedores reestructurados deben cobrar como último término. Las siguientes movidas de este ajedrez llevan a pensar que si caemos en default forzado, también el banco, la plaza de Nueva York y el mundo estarán más complicados hacia el futuro en cuanto a reestructuraciones de la deuda.

Si bien el caso de la emisión de deuda internacional como cualquier reprogramación de la misma tiene como condición necesaria el aceptar tribunales del exterior, es necesario en el largo plazo ir saliendo de los marcos institucionales firmados desde los ’70 y que nos dejan sin defensa alguna, y cambiar por otras políticas de captación de divisas. Como decía el economista Yilmaz Akyüz, del South- Centre, el año pasado de visita en el país, habrá que aprender a no firmar como país tratados que nos ubican voluntariamente en la aceptación de una obligada pérdida de capacidad productiva y soberanía (vg. Tratado de libre comercio con UE, tratados de inversión, etc.). Si hay negocios que interesan como Vaca Muerta, las IED’s suelen abrirse paso contra todo problema de “inseguridad jurídica”.

Pero de ninguna manera se trata, por lo tanto, de ser “sumisos”, sino de medir fuerzas propias efectivas para tomar el camino menos gravoso. No hay salidas “por arriba” y un laberinto suele llevar a otro. No se trata de decidir si pagar o no pagar. Ante el fallo adverso, el problema es cuánto y cómo pagar. En este punto, la solidaridad mundial no tiene directa injerencia sobre los tribunales de Nueva York, dado que no es un tema moral el que está en juego. Si así fuese, no hay duda que la razón asistiría a la Argentina.

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