Pocos meses atrás, desde el Ministerio de Economía se justificaba el creciente gasto en subsidios económicos con el argumento de que se trata de subvenciones indirectas a los ingresos de la población que ayudan a mantener elevado el nivel de consumo privado. En realidad, en dicho enunciado se olvida considerar algunas consecuencias indirectas del gasto en subsidios, como es su impacto sobre la tasa de inflación, que carcome los ingresos reales y el poder adquisitivo de la población. Así, lo que el Estado pone en un bolsillo de las personas, lo saca del otro, con efectos extra que no resultan neutros para la economía.
Con una expansión del gasto público que desde el 2006 nunca resultó inferior al 29% anual, y con la base monetaria subiendo al 26% anual promedio entre 2006 y 2013, el crecimiento de la demanda nominal le sacó gran ventaja a la expansión real de la producción, que con mucho viento a favor llegó a crecer como máximo 9% en algún año de la última década. Así, no hay expansión de la oferta que alcance, ni inversión que la alimente lo suficiente, pues el problema reside en la excesiva expansión nominal de la demanda agregada, originada en políticas fiscales y monetarias poco virtuosas.
En los últimos doce meses, el BCRA debió emitir cerca de $ 85.000 millones para asistir al Tesoro Nacional, ya sea vía adelantos transitorios o por remisión de utilidades. Mientras tanto, en el período enero a octubre del corriente año, el gasto en subsidios económicos del Gobierno Nacional ascendió a alrededor de $ 101.000 millones, explicados en su mayoría por el sector energía ($ 65 MM) y transporte ($ 23 MM).
Subsidios económicos y financiamiento (en $ y US$) del BCRA al Tesoro
En % del PBI
Con un crecimiento interanual del 47,8% en lo que va de 2013, las erogaciones en esta materia ya superan en 7% al conjunto del gasto del Gobierno Nacional en educación, salud, seguridad, ciencia y técnica y promoción y asistencia social. De otro modo: el gasto en subsidios económicos equivale a un 7,9% del consumo privado de la población en 2013. La asistencia del BCRA al Tesoro resulta equivalente a al 4,5% del PIB en 2013, cuando se incluye el uso de reservas para cancelar obligaciones del sector público. El gasto en subsidios económicos resulta, por su parte, de alrededor del 5,2% del PIB. Este último concepto ascendía a sólo 0,6% del PIB en el no muy lejano 2005, pero desde 2010 subsidios económicos y asistencia del BCRA al Tesoro se mueven a la par.
¿Y los precios?
Si la emisión de dinero tiene alguna relación con la inflación, entonces para bajar esta última deberá necesariamente racionalizarse el gasto en subsidios, aun cuando ello repercutirá en subas de tarifas principalmente en electricidad, gas y transporte, como mínimo para la población de altos ingresos (aunque existe consenso generalizado que deberá ocurrir con tarifas sociales). Así las cosas, el aumento en los ingresos reales de la población que en forma indirecta el Estado ha inducido a través del gasto en subsidios económicos y las tarifas baratas en gran medida se ha compensado con el impuesto inflacionario que el mismo Estado ha generado a través de su política fiscal y monetaria y la asistencia del BCRA al Tesoro.
El resultado sobre los incentivos individuales no ha resultado inocuo. Tarifas baratas indujeron mayor demanda y menor oferta de energía, con los consiguientes problemas en la provisión a empresas en determinados momentos del año y con cortes cada vez más frecuentes para residenciales, afectando negativamente la oferta de bienes, retroalimentando el problema inflacionario. Incentivos desalineados generaron, además, un fenomenal déficit comercial en el sector energético, que superará los US$ 6.000 millones en 2013.
La inflación, en cambio, genera otro tipo de incentivos, en este caso a desprenderse más rápido de la moneda local, demandando, por ejemplo, moneda extranjera. Por ambas razones, el “problema” energético, generado por las inconsistentes políticas en la materia, resulta altamente responsable por el cepo cambiario existente en la Argentina desde fines de 2011. El tándem tarifas baratas junto a inflación alta ha tenido efectos distributivos poco claros, en términos personales y regionales. Tarifas bajas benefician en buena medida a familias de altos ingresos, mientras que la inflación suele afectar en mayor proporción a las personas receptoras de ingresos fijos, que son las de menores ingresos.
Además, mientras los subsidios económicos y tarifas bajas benefician especialmente a consumidores del GBA y en menor medida a los de algunos otros grandes centros urbanos del país, la inflación pega parejo en todo el territorio nacional e inclusive afecta más duramente donde existe mayor informalidad laboral, por cuanto dichas actividades no gozan del amparo de la presión gremial ni de las negociaciones paritarias. Se debe tener en cuenta que el empleo asalariado informal asciende al 34% en todo el país, pero supera el 40% en provincias como Corrientes, Tucumán, Salta, Chaco, Formosa, Santiago y La Rioja. Adicionalmente, debe considerarse también que existen jurisdicciones que no cuentan con gas distribuido por redes (Misiones, Formosa, Corrientes y Chaco) y, por ende, se benefician en menor medida de los subsidios económicos. En La Rioja, Catamarca, Santiago y Entre Ríos, a su vez, más de tres cuartas partes de los hogares no cuentan con redes de gas.
Si el bajar la inflación está atado a reducir el financiamiento del BCRA al Tesoro, entonces queda claro que deberá encararse una racionalización del gasto en subsidios económicos, al menos en términos reales. Ello supondrá un gran desafío comunicacional y de coordinación de expectativas para la Administración Nacional (además de la necesidad de aplicar un plan integral contra la suba de precios), pues se le deberá explicar a la gente que para bajarle la inflación a mediano plazo, primero habrá que subirle las tarifas en algunos servicios públicos en el corto plazo. Tarea complicada.
