(Columna de Amílcar Collante, economista del Centro de Estudios Económicos del Sur -CESUR-)
En los últimos días el nuevo Gabinete ha impulsado algunos cambios en materia de po lítica cambiaria. Por un lado, ha acelerado la tasa de devaluación del peso y, por otro, ha tomado medidas cuasi-cambiarias. Subió el recargo del “dólar tarjeta” del 20% al 35% y aplicó un impuesto interno a los bienes suntuarios (entre 30% al 50%), cuyo objetivo es frenar el drenaje de reservas. Sin embargo, no hemos tenido muchas novedades sobre cómo se atacará la inflación.
¿El Gobierno reconoce la inflación como un problema? Respecto a la inflación Axel Kicillof afirmó que “hay tarifas que están congeladas hace años y años”, mientras que la inflación consiste en un “aumento generalizado y más o menos constante”. Su postura fue minimizar el problema. Por otro lado, se conoce muy poco sobre cuáles serán las medidas que se tomarán para bajar la inflación. Sabemos que el nuevo Secretario de Comercio Interior, Augusto Costa, impulsará un acuerdo de precios con los supermercados, fiel al estilo de Guillermo Moreno.
Pero esta vez será de sólo 100 productos y regirá a partir del 1º de enero de 2014. Esto sería la continuidad del programa Mirar para Cuidar. Recordemos que el último control de precios relevaba 500 productos y el acuerdo de precios original de febrero de 2013 tenía 10.000 productos. Por ello, no se esperan grandes cambios en los resultados del nuevo acuerdo de precios.
Asimismo, nuevamente desde el Gobierno se planteó la necesidad de analizar las “cadenas de valor” y las rentabilidades de cada sector económico. En este caso la mirada vuelve a caer en los “formadores de precios” vinculándolos directamente a la dinámica de precios. Es decir, se sigue con la idea de la “inflación empresarial”, que desliga al Gobierno de su responsabilidad en el proceso inflacionario. Esta visión apunta a que el grado de concentración del mercado es la causa de la inflación, lo cual es una falacia. Ya que, sin ir más lejos, Chile tiene mercados más concentrados que la Argentina y su inflación es bajísima.
Pese a la renuncia de Moreno, en el Indec tampoco hubo muchos avances por el momento. Es sabido que se está trabajando en un nuevo índice de precios, pero lo cierto es que continúa publicando índices poco creíbles. El IPC-GBA muestra un incremento de 8,4% en los primeros 10 meses del año. Por el contario, el IPC Congreso acumula una suba del 25,86% en los últimos doce meses. Y el índice de la provincia de San Luis refleja que el proceso inflacionario está recalentándose. La inflación acumulada en los últimos 12 meses fue de 28,1%.
Por otra parte, la consecuencia de no tener un índice creíble se refleja en expectativas inflacionarias mayores. Según la UTDT, las expectativas de inflación para los próximos doce meses se ubicaron en 30% en noviembre y subieron 2% contra octubre. Por ello, devolverle la credibilidad al Indec con un índice que refleje la inflación real, debería ser el primer eslabón para comenzar a disminuir las expectativas inflacionarias del público y poder encarar el tan postergado plan antiinflacionario integral.
¿Y la emisión?
La evolución de los agregados monetarios muestra que el BCRA continúa financiando el déficit fiscal vía emisión. El punto positivo es que la base monetaria en los últimos 12 meses se ha incrementado 22%, contra un ritmo de 40% (anual) que había a fines de 2012. Esta baja en la emisión se debe principalmente a que el BCRA ha dejado de comprar dólares. Debido a la dominancia fiscal, para disminuir aún más la emisión monetaria necesariamente se debería disminuir el ritmo de crecimiento del gasto. Para ello, es imprescindible que el Gobierno vaya eliminando subsidios a empresas de servicios públicos.
El miedo al “pass-through”
Por último, debemos tener en cuenta que el Gobierno ha acelerado fuertemente la tasa de depreciación y ha devaluado más de 25% el tipo de cambio oficial en los últimos 11 meses. En el contexto actual, con poca capacidad ociosa y baja desocupación, debemos seguir de cerca si la devaluación se traslada a precios internos ya que una disparada de la inflación haría casi inmanejable la problemática para el Gobierno sin un programa anti-inflacionario en funcionamiento.
