Nadie puede estimar objetiva y fehacientemente el costo salarial derivado de los acuerdos porque, en definitiva, ni nosotros hemos podido obtener esa información de carácter fidedigno y fehaciente para hacer proyecciones cuantitativas que permitan determinar el costo fiscal emanado de las decisiones y/o acuerdos”. Así respondió, complejo como de costumbre, Jorge Capitanich a una pregunta sobre el costo de las “paritarias 9 mm” (Luis Juez dixit).
Sin embargo, varios consultores han intentado arrimar al bochín. A nivel consolidado, en 2014 las provincias deberán pagarle a sus policías, tras los acuerdos, entre $ 15.000 y $ 25.000 M más que en 2013. Sin embargo, el cálculo debe hacerse neto del aumento que, sin “crisis policial” mediante, hubieran recibido los policías de todos modos como resultado del ajuste por inflación. En ese caso, el costo fiscal neto sería de unos $ 10.000 M, calcula ACM. $ 12.500, dice otro consultor. Una cifra similar al déficit fiscal consolidado ($11.000 millones) que, según la consultora Economía & Regiones (E&R), tendrán las provincias en el año.
Déficit que los distritos redujeron en casi un tercio en relación con 2011 y 2012: en ambos años, el rojo fue de unos $ 15.000 M. La mejora en las cuentas públicas distritales en el último bienio se debió a una moderación en el crecimiento del gasto público y a una suba de la recaudación producto de la mayor presión impositiva. En definitiva, del ajuste fiscal.
El imprevisto costo fiscal altera la trayectoria de las cuentas provinciales. Según ACM, el déficit fiscal consolidado de las provincias proyectado para 2014 pasará de $ 15.000 M a $ 25.000 M. Para E&R, hay tres escenarios para 2014 y el déficit podría oscilar entre $ 16.000 y $ 25.000 millones. Semejante ampliación del rojo fiscal, no proyectado en los presupuestos 2014 de las provincias, plantea la duda sobre cómo harán para financiarlo. ¿Más presión impositiva? ¿Más emisión de deuda en el mercado local, o incluso extranjero? ¿Préstamos multilaterales? ¿Una refinanciación de sus deudas con la Nación, su principal acreedor?
Pero, sobre todo, abre el interrogante sobre cómo influirá en las negociaciones salariales que pronto comenzarán a realizar los otros empleados de la administración pública. Según E&R, la policía explica sólo 300.000 del total de la nómina de empleados públicos provinciales, es decir, cerca del 15%. En total, la plantilla asciende a 2 millones. Ecolatina la calcula en 1,7 millón. En promedio, las alzas salariales que obtuvieron las policías provinciales fueron de 60%, aunque en algunos casos, por cierto no menores, como el de la provincia de Buenos Aires, llegaron a 100%.
¿Qué pasaría si el porcentaje promedio obtenido por los policías se extendieran a los restantes empleados públicos provinciales? Según ACM, la nómina salarial 2014 sería de $ 415.600 M (11,1% del PIB) o 61% del gasto primario provincial. “Este guarismo no necesita de adjetivos adicionales para marcar la gravedad del cuadro”, sostiene. Sin duda, es el gran tema para mirar de cerca. Un consultor cree que el rojo provincial podría estirarse hasta $ 40.000 M.
Relación fiscal
Hasta el momento, los gobernadores han remarcado el esfuerzo que realizarán para financiar los incrementos pero han descartado, al menos públicamente, escenarios críticos para sus finanzas, a excepción de alguna mención a las cuasimonedas. Hubiera sido poco creíble plantear que los incrementos que ellos mismos firmaron serían impagables o generarían un gran agujero en las cuentas públicas. Eso no implica que no haya preocupación en las provincias. La hay.
El Gobierno ya le ofreció una zanahoria a las provincias. Prorrogó “por un trimestre” los vencimientos “en materia de capital y servicios de deuda” de las provincias con la Nación y lo irá extendiendo en tanto y en cuanto las aquellas cumplan determinadas metas. Es un alivio bien venido pues le libera a las provincias el gasto que tenían asignado a tal fin. Según E&R, los fondos liberados por esta amnistía, si se extendiera durante todo el año entrante, serían de unos $ 10.000 M.
El Gobierno procura evitar que la situación fiscal en las provincias, sobre todo en aquellas con gobernadores alineados, se complique demasiado y los reclamos distritales adquieran otra intensidad.
Pero el Gobierno Nacional tampoco cuenta con demasiado margen fiscal y la amnistía no será inocua. Según ACM, el déficit primario “ajustado” (sin los aportes del BCRA y la ANSeS) cerrará el año en 2,5% del PIB. Ceteris paribus, más déficit implica más emisión monetaria y eso conlleva, según una parte no menor de la biblioteca, más inflación. Al mismo tiempo, tras el conflicto policial, luce menos probable que el Gobierno logre hacer converger las negociaciones paritarias a un nivel de 20% en 2014, así como tampoco ayuda que la inflación, según diversas mediciones, se haya acelerado en las últimas semanas.
En este contexto, el nuevo equipo económico anunció un acuerdo de precios para ciertos bienes sensibles para contener la suba de la canasta de consumo popular y lograr bajar la inflación en los primeros meses de 2014, táctica similar a la ensayada este año. Con una inflación al alza, entienden (con razón) que moderar los reclamos salariales no será fácil. Según la consultora Elypsis, lo que ocurra en el verano será determinante para saber cuál será “la nominalidad” de 2014. Marzo se anticipó unos meses.
