(Columna de Martín Tetaz, economista, profesor de la UNLP y la UNNoBA, investigador del Instituto de Integración Latinoamericana -IIL- y del Centro de Estudios Distributivos Laborales y Sociales -CEDLAS-. Twitter: @martintetaz)
Si un economista neoclásico leyera la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, más conocida como Ley de Medios, probablemente la desaprobaría casi por completo. En un mundo de personas racionales que consumen medios buscando información certera y son capaces de discriminar adecuadamente la calidad, veracidad y el probable sesgo ideológico de la misma, basta con garantizar condiciones elementales de competencia para la emergencia de la verdad.
En ese contexto, la regulación debería ser bastante elemental, propendiendo a asegurar requisitos mínimos de calidad que tengan que ver con el respeto a la diversidad étnica, religiosa, política, sexual, etcétera (el artículo 70 de la presente Ley cumple muy bien esa función). No sería necesaria tanta burocracia como la creada por los artículos 10, 15, 19 y 124. Alcanzaría con una Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) independiente del Poder Ejecutivo.
Criterios alternativos
Los permisos para operar los espectros radioeléctricos podrían ser sorteados al inicio y luego dejar que los mismos se negocien libremente en un mercado de licencias, de suerte tal que aquellos licenciatarios que no fueran eficientes y no logren audiencia, podrían poner a la venta sus derechos, que serían comprados por inversores dispuestos a hacer mejor las cosas. Con la simple operación de este mecanismo se aseguraría que en el mediano plazo las licencias terminen en poder de quienes más capacidad de concentrar audiencia tienen, velando siempre la agencia reguladora para que no se produzca un proceso de concentración que ponga en riesgo la competencia informativa del sistema. Basta para ello con el artículo 48 de la actual norma.
Ello no impediría que el Estado se reserve una porción del espectro para ser asignada por criterios no económicos, sino que guarden relación con objetivos de difusión y participación de distintos sectores de la sociedad, aunque probablemente lo más conveniente a esos fines no sería reservar una frecuencia sino espacios dentro de las frecuencias asignadas a terceros de modo de maximizar el impacto real de esos programas, que siempre serán más vistos, como un horario dentro de un canal o radio de mucha audiencia, y no en una emisora de poco rating.
Alternativamente, se podrían subastar las licencias una vez cada X cantidad de años, de modo de maximizar la renta ocasionada por la escasez del espectro. Luego, el dinero recaudado podría usarse para subsidiar actividades de producción local de contenido, sobre todo aquel que puede ser potencialmente exportable (películas, música, cortos, documentales, etcétera). La gran ventaja es que la financiación provendría de una renta y no sería distorsiva, como lo es el gravamen que estipula la Ley en su artículo 94.
Un enfoque comportamental
Pero el problema es que las personas no son estrictamente “racionales” ni buscan necesariamente consumir información verídica de alto valor social. Algunas veces simplemente buscan consumir diversión y deportes y, otras veces, como han demostrado Matthew Gentzkow y Jesse Shapiro, prefieren aquella información que se condice con sus prejuicios ideológicos por culpa del sesgo de confirmación de hipótesis, que nos hace descartar cualquier dato que contradiga nuestras convicciones previas o, como consecuencia de otro fenómeno psicológico denominado “disonancia cognitiva”, por el cual descartamos como inútil aquella información que contradice nuestras creencias.
Es verdad que, como Anthony Downs demostrara hace más de cincuenta años, la libre elección de la gente conduciría probablemente a una subdifusión de noticias de interés social en favor de contenidos que no aportan información relevante para el bienestar del conjunto, de modo que se justificaría algún tipo de regulación de contenidos mínimos.
Pero también es cierto, como advierten Gentzkow y Shapiro en otra investigación, que si la regulación termina haciendo que la gente directamente apague el medio de comunicación, pues más porcentaje de aire de un tema no necesariamente redundará en mayor exposición a la audiencia (como bien prueba el bajo rating de las cadenas nacionales), hay que repensar la conveniencia de regular los contenidos y establecer cuotas.
Sesgos y resultados óptimos
El experto en economía del comportamiento Sendhil Mullainathan y su colega Andrei Shleifer han presentado un interesante artículo mostrando que la competencia del lado de la oferta no necesariamente conduce a un óptimo informativo (léase, información no sesgada) si las personas son pensadores categoriales, esto es, que no hacen un escrutinio exhaustivo de la información sino que la agrupan rápidamente en categorías previas (créditos a Franco Mastelli por sugerirme este paper).
La idea de que la diversidad de prestadores televisivos o radiales implica un mejor acceso a la información presupone, además, que los individuos aplican correctamente la regla de Bayes o, puesto en castellano, que pueden ponderar la información adecuadamente teniendo en cuenta los intereses particulares de quien la produce. Si ese fuera el caso, bastaría con la propuesta neoclásica de garantizar pluralidad y competencia puesto que la gente, leyendo las distintas posiciones y conociendo las inclinaciones de cada medio, podría construir una información no sesgada de cada evento.
Pero como prueban Gentzkow y Shapiro, en un estudio empírico que recopila un año de información en los principales periódicos norteamericanos, hasta el 20% de los cambios en la perspectiva de las noticias se relaciona con el intento de los medios por satisfacer las opiniones que sus lectores esperan encontrar.
Ejemplos locales
Estas investigaciones coinciden con las consecuencias del sesgo de representatividad y la negación de la tasa de base, descubiertos por Daniel Kahneman, probando entonces que Mullainathan estaba en lo correcto y que la gente es muy mala aplicando la regla de Bayes, por lo que termina consumiendo proporcionalmente más aquellos medios que confirman sus prejuicios que aquellos que los ponen en tela de juicio. De modo que lejos de garantizar la construcción de la verdad, la mayor competencia en los prestadores sólo aseguraría la atomización de las opiniones en torno de los preconceptos de la audiencia de cada medio en particular (cualquier semejanza con el modo en que el público local se ha estratificado en torno de los principales medios argentinos no es mera coincidencia).
Paradójicamente, entonces, con pensadores categoriales que no aplican correctamente la regla de Bayes y que sobrevaloran los contenidos light en detrimento de la información con utilidad social, quizás la clave de la democratización verdadera de los medios no consista tanto en atomizar la oferta como “enseñarle a la gente a usar el control remoto”, que en última instancia es un regulador mucho más poderoso que toda la burocracia estatal. Las comillas vienen a cuento del sentido metafórico de la frase, porque a cuatro años de implementada la ley, lo cierto es que el rating sigue concentrado en canales y radios que, más allá de su línea editorial distinta, no ofrecen la diversidad y democratización de contenidos que hubiera sido esperable.
Telefe, por caso, no presenta un mix de productos cualitativamente distintos que los de Canal 13 y la desinversión del multimedios en cable tampoco promete cambiar nada, más allá del fuerte impacto económico en el grupo, que probablemente resienta la calidad de sus otros productos. Regular implica siempre trazar objetivos medibles y cuantificables, de modo de ser capaces de corregir el rumbo si no se está alcanzando el objetivo deseado. Hoy tenemos ley. Llegó la hora de medir el impacto..
