(Columna de Santiago Massia, economista de la Fundación Pensar y José Anchorena, director de Desarrollo Económico de la Fundación Pensar)
La provisión eficiente de infraestructura ha estado presente en todas las experiencias exitosas de desarrollo económico. En efecto, en la literatura especializada existe un amplio consenso respecto al efecto positivo que tiene la inversión en infraestructura sobre el crecimiento económico a través de las ganancias de productividad que genera sobre factores e insumos productivos.
En este sentido, el trabajo realizado por Calderón y Servén (2010) (1) da cuenta de la dinámica comparada de la provisión de infraestructura en materia de cantidad y calidad para un conjunto de países de distinto grado de desarrollo entre 1980 y 2005. El trabajo muestra el importante rezago registrado por la Argentina no sólo con el grupo de países de ingreso medio sino también con la trayectoria de sus pares latinoamericanos. Producto de esta disparidad en el crecimiento, la Argentina, que se ubicaba por encima del promedio de los países de ingreso medio y latinoamericanos en materia de stock de infraestructura a comienzos de los ochenta, para 2005 ya estaba por debajo de ambos grupos de países.
En materia de inversión en infraestructura, a comienzos de los '80 alcanzaba a 2,8% del PIB, a cargo enteramente del sector público. El ingreso del sector privado a comienzos de los '90 no impidió que el total de la inversión en infraestructura retrocediera amenos de 2% del PIB y a 1,7% durante el primer quinquenio de los 2000. Durante los últimos años, la participación privada ha resultado marginal, en un contexto en el que la situación de aislamiento financiero se profundizó, desaprovechando la abundante liquidez disponible a nivel internacional.
El diagnóstico
De esta manera, junto a la incapacidad de gestión y la falta de transparencia en el manejo de los recursos fiscales, el crecimiento de la inversión pública no redundó en una mejora en la provisión de cantidad y calidad de infraestructura. La pérdida del autoabastecimiento energético, el estado crítico del transporte público de la región metropolitana de Buenos Aires, los 7.000 muertos por año en accidentes viales o el crecimiento de los asentamientos en las grandes ciudades resultan prueba de ello.
Caminos posibles
En este marco, presentamos las principales líneas de acción en materia de infraestructura. En primer lugar, con el objetivo de recuperar el autoabastecimiento energético deben recomponerse las señales de precios junto al establecimiento de un marco regulatorio que incentive la inversión en el sector. En particular, para el upstream de petróleo y gas (convencional y no convencional) deberían invertirse alrededor de US$ 180.000 M, US$ 45.000 M en generación eléctrica, US$ 23.000 M en transporte y distribución, y US$ 9.000 M en refinación, esto es, un total de casi US$ 280.000 M para el sector energético, de los cuales US$234.000 millones podrían ser financiados por el sector privado.
La inversión en vialidad debiera estar focalizada en atender, por un lado, los problemas de congestión y siniestralidad concentrados en la zona centro del país y, por el otro, dotar de mayor conectividad a las franjas norte y sur del país. Para tal fin, estimamos que deberían destinarse no menos de US$ 12.000 M al sector en diez años. Por su parte, la política de transporte urbano debe privilegiar el transporte público concentrando las inversiones en los sistemas guiados de alta capacidad (US$ 16.600 M en trenes y subtes en una década). Asimismo, con el objeto de mejorar la competitividad de la producción transable (sobre todo ubicadas más lejos de los centros de consumo) la carga ferroviaria y por barco debería ganar peso en la matriz de transporte, fuertemente concentrada en el modo más costoso: el camión. Para ello planteamos una inversión de US$ 14.250 M para mejorar el transporte de cargas y US$ 2.350 M para la mejora de los accesos a puertos.
Por su parte, para eliminar el déficit habitacional estimamos necesaria una inversión (entre viviendas nuevas y soluciones habitacionales) del orden de los US$ 94.700 M. Sin embargo, esto refleja una cota máxima para este gasto pues, con el desarrollo del sistema financiero local, gran parte del financiamiento para vivienda provendría del mercado. Por otra parte, para paliar el déficit de provisión de agua de red estimamos una inversión de US$ 3.600 M. En cuanto al las cloacas, si bien registró avances entre censos, todavía se encuentra por debajo de la media regional. El avance dependerá, en buena medida, de lo que ocurra en el Gran Buenos Aires, donde sólo el 37% de los hogares cuenta con cloaca. En suma, la inversión necesaria alcanza US$ 18.700 M.
Sumando todos los conceptos antes mencionados (energía, transporte, vivienda, agua y cloacas) se necesitarían US$ 442.000 M durante los próximos diez años, de los cuales US$ 208.400 M estarían en cabeza del sector público. Esto incrementaría la inversión pública de 1,7% a 4,5% del PIB por año, teniendo en cuenta solamente las áreas antes señaladas. En suma, la Argentina necesitará en los próximos años de un importante esfuerzo de inversión en infraestructura como condición necesaria para emprender una trayectoria de desarrollo a largo plazo. A contramano de estas necesidades, el Gobierno continúa impulsando su agenda de “puro presente”, caracterizado por subsidios generalizados, asignación discrecional de recursos, criterio de priorización de obras poco transparente y licitaciones alejadas de los precios internacionales.
En próximas notas, que forman parte de la serie “Una Argentina Posible”, comentaremos sobre el financiamiento de estos proyectos así como también sobre la construcción de un país moderno en otras dimensiones.
(1) “Infrastructure in Latin America.” The World Bank. Policy Research Working Paper 5317. Mayo de 2010..
