(Columna de Fabián Amico, economista e investigador de la Universidad Nacional de Luján)
Cuando se acercan las elecciones, y se acorta la brecha con los comicios presidenciales del 2015, los economistas de diversos sectores opositores remarcan sus discrepancias con la política económica actual y critican ácidamente lo que consideran sus falencias principales. Un tema recurrente es la inflación. La observación más usual no es sólo la persistente mala praxis del Gobierno en su tratamiento sino, fundamentalmente, que la inflación sería el resultado de la propia política macroeconómica oficial.
Más allá de las exageraciones propias de la campaña electoral, es sintomático que tales críticas revelen en muchos casos una visión extremadamente simplista respecto de las causas de la inflación y, particularmente, sobre lo que constituiría el núcleo de la mala praxis oficial. Es cierto que el Gobierno ofreció flancos que lo hacen propenso ahora a las críticas. Un ejemplo: la carencia de un índice de precios creíble que facilite una mejor coordinación para lograr una paulatina desaceleración nominal de precios y salarios.
La lectura opositora
Pero, más allá de esto, prima una visión muy convencional, según la cual las políticas expansivas no pueden afectar la tasa de crecimiento potencial de la economía. Por ende, la inflación argentina sería el resultado directo de las políticas de un gobierno “populista”, que cree ingenuamente que puede reducir el desempleo a costa de una mayor inflación, con el absurdo objetivo de “engañar a todo el mundo todo el tiempo” y eternizarse en el poder.Esta interpretación no está exenta de problemas, como por ejemplo: ¿Cómo puede el “engaño” durar tanto tiempo?
Pero dejemos eso a un lado. La perversión del populismo volvería ahora al ruedo con nuevos estímulos a un crecimiento “artificial” a fin de ganar las próximas elecciones. Como esos estímulos se financian con emisión monetaria, “naturalmente” eso genera inflación. Aquí hay otro pequeño problema. En la historia del “impuesto inflacionario”, el Gobierno se financiaría a costa de todos los sectores que utilizan moneda. Pero el hecho de que los salarios reales medios de la economía (se los mida con el índice que sea) sigan creciendo, no es consistente con la historia de la inflación causada por el “impuesto inflacionario”, ya que éste lo recauda el Estado contra todo el sector privado que tiene pesos en sus bolsillos y por ende no puede tener un efecto redistributivo (¡menos aún a favor del salario!).
Además, la interpretación de que el Gobierno genera una política inflacionaria, que reduciría los ingresos reales de la población, con el fin de ganar la voluntad de los votantes, es bastante ridícula por decir lo mínimo. Más bien, parece que el Gobierno, con las políticas expansivas, abrió paso a una reducción sistemática del desempleo, facilitando la suba de los salarios reales y promoviendo la expansión del mercado interno, todo lo cual redundó en una mejora de los indicadores sociales y generó, como efecto colateral, un fuerte consenso políticoelectoral pese a la mayor inflación.
En este contexto, la inflación es, en realidad, la manifestación de los cambios que vienen teniendo lugar en la distribución del ingreso, un diagnóstico que encaja mucho mejor con el contexto político y económico actual.
Las causas y la visión “oficial”
Si se acepta este planteo, se comprueba que, más allá de todo facilismo, la inflación argentina será un hueso duro de roer para cualquiera. Cierto es que algunos sectores afines al Gobierno confundieron el diagnóstico al referirse a una supuesta “inflación oligopólica” en la cual grandes “formadores de precios” explotarían los estímulos de demanda del Gobierno subiendo precios en lugar de producir e invertir. Pero esta interpretación no encaja con la propia evidencia empírica de estos años: los salarios reales han subido, la inversión productiva creció a niveles record y el PIB se duplicó en la última década.
Así, pese a las confusiones de diagnóstico e insuficiencias de la política de ingresos, más que de mala praxis del Gobierno, correspondería hablar de un cierto resignado pragmatismo: vista la dificultad política de instrumentar acuerdos de precios entre empresarios y sindicatos, y dada la complejidad adicional de no contar con un índice apropiado que permite esa concertación, el Gobierno optó por medidas parciales que no resuelven el problema pero tampoco implican costos (inútiles en el actual contexto) en términos de mayor desempleo.
Ahora bien, ¿cómo estamos por el lado de las visiones opositoras? La visión común es que la inflación es una bola de nieve que crece sin pausa porque el Gobierno “gasta mucho y mal” e imprime demasiado dinero. Aquí la propuesta es disminuir o frenar el nivel de gasto público supuestamente “descontrolado”. El candidato recurrente al recorte son los subsidios al sector privado. Lo paradójico de esta visión es que este recorte de subsidios implica un shock inflacionario.
El otro rubro que explica gran parte del “descontrolado” aumento del gasto son las transferencias de la seguridad social, algo difícil de reducir (¡peor aún cuando muchos de los economistas de la oposición se pronunciaron a favor del 82% móvil!). Asimismo, el mismo argumento (gasto excesivo-emisión-inflación) es utilizado para explicar la presión en el mercado cambiario: se emitió mucho dinero, la inflación subió, cayó el tipo de cambio real (TCR) y la gente percibió que el dólar “estaba barato”.
Pero, ¿cómo hace la “la gente” para percibir que el TCR está “barato”? Misterio. Detrás de esta sentencia hay una noción de TCR de “equilibrio” que parece difícil de sostener. Una vez más, es más fácil explicar la creciente preferencia por activos externos por el hecho de que la Argentina es uno de los pocos países de la región que en los años 2000 exhibió un diferencial de interés interno-externo (más riesgo y devaluación esperada) que es negativo, algo que no ocurre en Brasil, Colombia y México gracias a sus generosos diferenciales de intereses positivos, pese a la brutal apreciación de sus monedas (y sus crecientes déficits de cuenta corriente). Como la opción de devaluar la moneda, para corregir el “desequilibrio”, es en sí misma inflacionaria, se propone bajar la inflación más que subir el TC nominal. Para eso, volvemos al control del gasto (subsidios y transferencias sociales). Y otra vez el shock inflacionario.
Salario: ¿Ancla o desequilibrio?
En el fondo, hay una referencia implícita, consciente o no, al gran “desequilibrio” de la economía argentina: para ajustar las tarifas y el TC en términos reales, hay que producir la baja del salario real. Entonces, parafraseando a Bresser- Pereira, ¿el salario real está “artificialmente” alto en la Argentina? El gráfico muestra que el salario real promedio actual es similar al de 1998, que era 19% inferior al nivel de 1983 y 35% inferior al de 1974. ¿Cuánto habría que bajar el salario real para corregir estos “desequilibrios”?
Los bruscas caídas del salario real en la Argentina (ver gráfico) coincidieron con grandes devaluaciones y crisis externas (1975, 1981, 1989 y 2001). Ahí emerge el verdadero límite a las políticas expansivas del Gobierno: la restricción externa. Y el gran riesgo a futuro es que la interacción de la restricción externa (cuya manifestación principal es una persistente presión cambiaria), junto con la puja de precios y salarios, derive en una descontrolada aceleración inflacionaria. En suma, la verdadera ancla nominal de la economía argentina es el salario.
Por eso es tan difícil controlar la inflación y sostener una distribución progresiva del ingreso. Es posible que el Estado logre construir la fuerza y capacidad suficientes para imponer un conjunto de precios relativos que aseguren, a través del tiempo, el crecimiento económico y la suba persistente del salario real, compatible con la restricción de divisas. Pero esto exige una calidad y un grado muy superior de intervención estatal, algo que emerge como sumamente difícil en los tiempos que corren.
En este contexto, pese a los errores que se puedan observar, el diagnóstico de la mala praxis oficial debería dar paso a un análisis más realista de las dificultades realmente existentes, al menos si es que realmente se quieren evitar los perjuicios de una verdadera mala praxis: la de sacrificar los salarios reales y el crecimiento a cambio quizás (y acá hay que ser muy optimistas) de una más baja inflación, pero al costo de consolidar el subdesarrollo.
