Los subsidios energéticos

El talón de Aquiles del modelo

El superávit fiscal que mostró la economía desde la salida de la convertibilidad se perdió por completo y de una sola vez en la crisis del 2009. La combinación de la crisis subprime y la sequía local fue un doble shock que evaporó un superávit primario cercano a 3% del PIB que nunca se logró recuperar. Todo lo contrario: el deterioro fiscal continuó en notorio ascenso. Pese a que en los años siguientes la economía internacional superó la crisis subprime, la cosecha local volvió a marcar un nuevo récord (2011) y se recuperó el nivel de actividad económica, el resultado primario lejos de volver a los valores precrisis, continuó aumentando su deterioro a la par del déficit energético en la economía.

La pérdida del autoabastecimiento energético en 2011 fue un nuevo golpe a las finanzas públicas, que elevó sensiblemente el gasto fiscal ante la exigencia de mayores recursos para sostener las tarifas de la energía y alejadas de los valores internacionales. Es que ante la pérdida del autoabastecimiento energético, el Gobierno comenzó a importar energía a precio internacional para volcarlo a pérdida en el mercado local vía subsidios.

En este escenario el déficit primario del Gobierno Nacional escaló nuevamente entre 2010 de 0,3% a 0,9% del PIB en 2011. En 2012 volvió a impactar una sequía en la Argentina, aunque de menor magnitud a la registrada en 2009, pero lo suficiente como para contraer la cosecha un 16%. Traducido en clave fiscal: menor cosecha implicó menor recaudación por retenciones, que crecieron sólo 13% nominal en todo 2012, agravando el resultado fiscal, que escaló nuevamente de 0,9% del PIB a 1,6% del PIB. El 2012 cerró con un déficit primario de $ 35.000 millones, siempre neto de cualquier recurso extraordinario vía Anses y BCRA.

En resumen, los guarismos advierten que la Argentina pasó de observar un superávit primario de 2,7% del PIB en 2008 a registrar un déficit de 1,6% en 2012. Es decir, la posición fiscal se deterioró en 4,3% del PIB en dicho periodo. El 75% del deterioro se registró en la crisis del 2009.

No es casualidad que el deterioro fiscal es casi de igual proporción a los incrementos de los subsidios que el Estado otorga a empresas para sostener el precio de la energía y transporte en igual período. Los subsidios a empresas pasaron de 0,7% del PIB en 2005 a 3,8% del PIB en 2012. Casi la totalidad de los subsidios son para contener el precio de la energía, sea transfiriendo recursos a empresas públicas para que importen energía para luego inyectar en el mercado local o transfiriendo recursos a empresas privadas para que compren energía a precio subsidiado por el Estado, de lo cual el transporte público resulta el principal beneficiario.

Subsidios, la contracara

El freno en el nivel de actividad económica conllevó también un freno en la importación de energía y, en consecuencia, los subsidios también dejaron de escalar. Se mantuvieron en 3,8% del PIB, al igual que en 2011 y sólo crecieron nominalmente a poco más de $ 82.600 millones según nuestras estimaciones, acompañando la devaluación de la moneda local. De esos $ 82.600 millones, poco más del 55% se destina directamente a Enarsa y Cammesa, encargadas de la importación y distribución de la energía subsidiada. Un 25% restante se destina al subsidio al transporte público en el Gran Buenos Aires, en tanto que el 20% restante se reparten en otras empresas. De hecho, la importación de energía sumó US$ 9.300 millones en 2012, igual magnitud que en el año 2011, pero ante un sector industrial con menor producción y un sector agropecuario con menores toneladas que cosechar y transportar. Las exportaciones energéticas también se mantuvieron estables en US$ 6.400 millones, por lo que el déficit energético cerró nuevamente en US$ 2.800 millones en el año.

Las exigencias en recursos del Estado no sólo se limitan a los subsidios para el financiamiento de la importación de energía, sino también en inversiones públicas en infraestructura que empresas privadas no se disponen a realizar con el actual esquema de precios y falta de financiamiento externo.

En dicho contexto, el gasto público en inversión real se cuadruplicó respecto del promedio de la convertibilidad, aunque partiendo de valores irrisorios, propio de la política de Estado ausente de los ‘90. Cuatro veces algo irrisorio tampoco es mucho, pese a que es récord de la últimas dos décadas. De hecho, la inversión pública alcanzó su menor registro en la década de ‘90 y un mínimo histórico de 0,7% del PIB en 2002. Diez años más tarde la inversión pública se incrementó a poco más de 4% del PIB (2012). Si bien el incremento es importante, es claro que todavía está lejos de los guarismos que permitan despejar el horizonte para superar la actual crisis energética y/o de transporte.

Sólo para poner en marcha el yacimiento de Vaca Muerta, YPF presentó un programa de inversión de US$ 37.000 millones, equivalentes a casi 8% del PIB. Ante dicha magnitud y limitado casi exclusivamente al autofinanciamiento, se puso un plazo de cinco años. Repsol mostraba utilidades por poco más de US$ 1.000 millones aún descapitalizando la empresa, por lo que todavía no queda claro de donde saldrán los fondos para invertir en Vaca Muerta para cumplir el plazo de 5 años sólo con recursos propios. Sobre ello se suma la necesidad de inversiones en infraestructura, en materia energética y de transporte postergadas por décadas, que nuevamente chocan con la realidad del déficit fiscal, falta de financiamiento externo y una economía que genera dólares pero que se agotan en importaciones y pago de la deuda externa, aun en un contexto de estrictas restricciones en materia cambiaria.

En suma, al cruzar los datos de la situación energética con la situación fiscal, uno observa que la exigencia fiscal de la política que encaró el Estado de subsidiar parte del consumo energético que realizan los privados, además de encarar algunas de las inversiones en infraestructura pero sin que acompañe el sector privado, no sólo no alcanza sino que terminó exigiendo todos los recursos excedentes del Estado e incluso lo llevó nuevamente a una situación de déficit primario de 1,6% del PIB.

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