¿Ancla salarial para contener los precios?

Una estrategia compleja y con consecuencias

(Columna de Lorenzo Sigaut Gravina y Luciano Caldarelli, economista jefe y economista, respectivamente, de Ecolatina)

Si bien en años anteriores las autoridades realizaron intentos por moderar los incrementos salariales negociados en paritarias, en 2013 el Gobierno se muestra muy enfático en inducir acuerdos con una pauta de incremento de 20% y con una vigencia no menor al año. Esto se debe a que el Gobierno se quedó sin las dos anclas nominales que contribuyeron a acotar las subas de precios desde 2007: el tipo de cambio y las tarifas de servicios públicos. La depreciación del peso se aceleró significativamente en 2012 producto del fuerte atraso cambiario y la creciente brecha entre el dólar oficial y el paralelo. Asimismo, el año pasado los precios de los servicios públicos en la región metropolitana crecieron (incluso por encima de los bienes).

Debido a que esta tendencia es difícil que se revierta, en el futuro, el Ejecutivo decidió operar sobre los salarios. Sin embargo, las negociaciones paritarias serán particularmente complejas este año porque si se toma como referencia una inflación en torno de 25% (dato del IPC Congreso y avalado por la mayoría de los gremios), son pocos los trabajadores que lograron una mejora del poder adquisitivo en 2012.

Más aún, al analizar el salario real por nivel de ingresos se observa que los trabajadores de menores recursos fueron particularmente afectados por una suba de precios más intensa en alimentos y por los problemas del mercado laboral. Los sectores medios se vieron perjudicados por la reducción de horas trabajadas y menores beneficios por asignaciones familiares formales. Y, por último, producto de la falta de actualización del mínimo no imponible de Ganancias, los trabajadores de mayor remuneración vieron acotada su mejora nominal del salario por impuestos.

Otro problema no menor es el acortamiento de la vigencia de los acuerdos salariales en un contexto de expectativas inflacionarias en torno de 30%. De hecho, en los primeros nueve meses de 2012, el 59% de los acuerdos con ajustes salariales fueron firmados por 12 meses o menos, muy por encima de años anteriores. Ante las intenciones por parte de las distintas facciones sindicales de buscar incrementos salariales con un piso de 25%, o incluso de negociar semestralmente, las autoridades reconocieron el riesgo latente de la puja entre precios y salarios y comenzaron a actuar en consecuencia.

En primer lugar, mediante el ajuste de 20% en el mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias, el Gobierno pretendió disuadir a los gremios de llevar a cabo reclamos salariales que superaran dicho porcentaje. Sin embargo, y más allá de la afinidad con las autoridades de cada central obrera, el incremento fue considerado como insuficiente tras dos años sin actualizaciones, por lo que no logró acotar las pretensiones salariales.

En segundo lugar, se firmaron acuerdos con grandes cadenas nacionales de supermercados y electrodomésticos para congelar precios por dos meses (febrero y marzo) con el objetivo de ponerle un freno –al menos temporal– a una inflación que se aceleró en los últimos meses, procurando generar una sensación de estabilidad que deslegitime reclamos salariales por encima de 20%. El problema es que una medida de este tipo, y más aún por un breve período como un bimestre, no resulta demasiado creíble para los gremios.

Por un lado, el ámbito de aplicación es acotado; las grandes cadenas de supermercados concentran buena parte de las ventas de bienes, pero existe otra parte considerable de las mismas que se lleva a cabo en canales tradicionales que no participan del acuerdo. Además, dado que el pacto se aplicará sobre los productos comercializados por los supermercados y no sobre toda la cadena de valor, resulta esperable que una vez finalizado el período de validez del acuerdo aquellos trasladen al público los aumentos de precios que aplicaron sus proveedores.

Un acuerdo difícil y con consecuencias

Si bien es poco probable que el Gobierno consiga acotar la pauta salarial al 20%, parece factible que logre desestimar las intenciones de reapertura semestral de las paritarias. Esto no es menor ya que implica no traspasar el umbral hacia un “régimen de alta inflación”. Sin embargo, es llamativo que las autoridades se muestren más enérgicas en acotar los reclamos salariales que en llevar a cabo una política antiinflacionaria consistente que incluya al resto de las políticas (monetaria, fiscal, cambiaria) y estadísticas confiables.

Llevar a cabo un plan ortodoxo de moderación de los salarios con el fin de contener la inflación dará lugar a una mayor conflictividad laboral y a un estancamiento en el poder adquisitivo de los trabajadores, con efectos negativos sobre el consumo en un año electoral.

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