¿Cuál fue el tema de la semana? ¿El pago del Boden 12? No, dice el último trabajo de la consultora ACM. “El hecho más relevante de la semana en términos económicos está dado por la sanción de un decreto reglamentarios de la ley de Expropiación de YPF (26.741), particularmente sobre el capítulo de “Soberanía Hidrocarburífera” que había declaro de interés público al sector”.
El Decreto 1277/2012 (link) dispone modificaciones radicales en el modo en que venía operando hasta ahora el mercado de hidrocarburos, según la consultora. Se consolida, así, el sesgo intervencionista de la política económica en un sector que, en los últimos años, no ha recibido las inversiones suficientes. “La normativa dispone un mecanismo de autorización y monitoreo por parte de una comisión, llamada Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburífera (CPCE), conformada por tres secretarios de Estado y presidida por el ascendente Secretario de Política Económica (?)Concretamente, se deroga la libre determinación de los precios, así como también la libre disponibilidad de la producción y de las divisas generadas a partir de la comercialización de la producción. En su reemplazo la CPCE podrá auditar la estructura de costos, precios de insumos, de venta y ganancias. También llamó la atención que la regulación también se extienda a cuestiones vinculadas al downstream, como el compromiso de invertir en refinerías, situación que afecta básicamente a YPF y a Petrobras”.
A cargo del CPCE estará Axel Kicilloff que, como menciona el informe, “ostenta el cargo de director en la empresa más influyente del sector (YPF), lo cual podría plantear cuestionamientos por parte de otras compañías por discriminación”.
Según la consultora, el nuevo marco regulatorio podría conspirar contra los objetivos que sostiene promover: “En términos del objetivo de incrementar la producción petrolera, el modelo escogido resulta muy particular y la mayor intervención estatal, tanto en la aprobación como en el control de los planes de inversión, pero fundamentalmente al implementar una nueva instancia antes inexistente, podría conspirar contra la posibilidad de obtener financiamiento para los proyectos. Concretamente, a partir de la puesta en marcha de este esquema, resulta probable que las empresas intervinientes deban esperar hasta la aprobación de los planes de inversión presentados para conseguir el financiamiento en el mercado, lo cual acota el margen de maniobra de los concesionarios. Al mismo tiempo, debido al régimen sancionatorio vigente, existirían incentivos para presentar planes de inversión acotados a fin de asegurar el cumplimiento de los mismos, a la vez que la potencial vinculación de los precios a los costos de producción podría generar un incentivo a inflar los gastos, resultando muy difícil, a priori, que la CPCE pueda implementar un sistema capaz de detectar estas cuestiones. Más aún, se puede argüir que fue la excesiva e inadecuada regulación sectorial de facto llevada adelante en los últimos años la que estimuló el negativo desempeño de la actividad hidrocarburífera en la última década”.
