Los desafíos del PEA 2020

Incentivos contradictorios.

El sector agropecuario ha sido tradicionalmente uno de los más relevantes en su contribución al crecimiento de la economía argentina. Desde comienzos de los 2000, tanto por factores externos –shock de demanda de China y precios récord de commodities– como por factores endógenos –cambio tecnológico, siembra directa, agricultura de precisión, nuevas formas de organización empresarial, entre otros– su aporte a la economía y a la sociedad argentina ha sido incremental.

Políticas públicas desfavorables para el agro

A pesar de ello, se ha observado una pérdida parcial de renta agropecuaria a manos del sector público argentino y, de manera indirecta, a manos de la cadena agroindustrial, debido a algunas políticas específicas de redistribución de la renta. La reintroducción de los derechos de exportación y el incremento en el tiempo de sus alícuotas, las restricciones o prohibiciones de exportaciones, y la introducción de mecanismos de regulación de los precios, como los ROE (Registros de Operaciones de Exportación), junto a una abrupta suba de algunos impuestos como el inmobiliario en algunas provincias, son las más relevantes. Las justificaciones se han centrado en cuestiones de equidad redistributiva y seguridad alimentaria, si bien aquellos instrumentos han sido útiles como financiamiento del gasto público y, actualmente, del déficit fiscal. En este sentido, se reiteran en la Argentina políticas adversas al sector agropecuario, que suelen resultar –como en cualquier otra economía– en una reducción de la oferta y con consecuencias sobre el ciclo económico. Los resultados son elocuentes: el stock vacuno ha descendido desde 56 millones de cabezas hasta 47 millones en los últimos cinco años, y la superficie sembrada de trigo ha perdido terreno a manos del monocultivo de la soja, con lo cual la rotación de cultivos es menor y la sustentabilidad del suelo se ve amenazada.

La relevancia del agro en relación a la política económica

Uno de los principales motivos de esta situación es la importancia del sector agropecuario en la economía argentina, hecho que no parece ser reconocido por la política económica. En la Argentina, desde la industrialización sustitutiva de importaciones (1940- 1989) predominó una visión poco positiva acerca del rol del sector agropecuario en el desarrollo que se prolongó hasta la actualidad. Con el énfasis puesto en la industrialización a partir de la intervención del Estado, se fue configurando un set de políticas que esencialmente financiaron al sector industrial con transferencias de renta desde el sector transable agropecuario. Esta visión ha persistido en los 2000 y explica el actual grado de intervención sobre el sector. No obstante, son evidentes las bondades del sector agropecuario hacia el ciclo económico, como así también la oportunidad no totalmente aprovechada de una agroindustrialización a todo nivel de las regiones del país, y considerando un shock de demanda permanente desde Asia para abastecer a sus nacientes y crecientes mercados alimentarios. De todos modos, la sociedad argentina, y la política económica, aún no han resuelto positivamente la relación agroeconomía, y menos aún el desafío de una posible agroindustrialización a gran escala. El paro del campo de 2008 ha sido una de las manifestaciones más esclarecedoras en relación con la política económica

Tendencias hacia 2020

Si se consideran algunas tendencias futuras de la actividad agrícola argentina, el punto de partida es el Plan Estratégico Agropecuario y Agroindustrial para 2020 (PEA 2020). Los ejes del PEA 2020 establecen que la Argentina es un líder global en la alimentación y la agricultura, y que la riqueza provendrá de la industrialización de las zonas rurales. El plan establece metas cuantitativas para los distintos productos agropecuarios y agroindustriales hacia 2020. En particular, el PEA 2020 establece como meta alcanzar en dicho año 157.5 millones de toneladas de granos, lo que equivaldría a un alza de 58% desde 2010. Esto se lograría con 42 millones de hectáreas sembradas (+27% desde 2010), frente a las 33 millones de 2012. No ha habido mayores detalles acerca de cómo lograr estos resultados.

¿En qué medida son viables estas metas? Los antecedentes recientes indican que la siembra de trigo y girasol no han recuperado en el último lustro los niveles de comienzos de los 2000, y que la siembra de maíz sí muestra una tendencia alcista en 2011/2012 pero luego de dos años de caídas. En tanto, la soja –no afectada por los ROE– sigue presentando indicadores alcistas. Con estas perspectivas, la actual rotación de cultivos no colabora con la sustentabilidad del sistema y, por ende, sus impactos sobre los rendimientos no serían neutrales, excepto que haya notables cambios tecnológicos. La producción de granos, si se considera el promedio de los ciclos 2008-2012, ha sido de 85.270 millones de toneladas, siendo los 102.067 millones de toneladas de 2010/2011 una excepción. Con un escenario de precios internacionales estables hacia 2020, la actual política hacia la producción agropecuaria sugiere un path dependence en el que la producción no lograría las metas más ambiciosas hacia 2020. En este sentido, el ciclo de producción agropecuaria 2013-2020 podría ser mucho menos favorable que el acontecido en las dos décadas precedentes, y así quedar lejos de las 157.5 millones de toneladas del PEA 2020.

Reflexiones finales

El sector agropecuario y las cadenas agroindustriales aportan el 13% del PIB, el 55,8% de las exportaciones de bienes, el 35,6% del empleo directo e indirecto y el 18,8% de los impuestos (AFIP), con lo cual el set de incentivos de política podría estar alineado con estos aportes. Las tendencias hacia 2020 no son claras, pese a los favorables precios internacionales. Sólo un cambio en las políticas agrícolas en el sentido de impuestos de exportación gradualmente más bajos y liberalización de precios, comercio y exportaciones, permitiría una producción total de granos cercana al pronóstico, junto a una masiva industrialización de la ruralidad. Las políticas públicas podrían ser consideradas en función del logro de objetivos adicionales, que incluyan el desarrollo territorial y la equidad, con alta generación de empleo agroindustrial. Esto se lograría con una estrategia de desarrollo que incluya una agroindustrialización competitiva de gran escala.

(De la edición impresa)

Te puede interesar

One Comment

  • Eduardo Bunge dice:

    Excelente articulo. Pone de manifiesto las contradiciones de este gobierno y el desconocimiento que tiene la sociedad de la importancia del sector agropecuario.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *