(Columna de opinión de Mariano Kestelboim, director ejecutivo de la Fundación Pro Tejer y economista de la GEENaP)
Como en el anterior coletazo de la crisis económica internacional de 2008/2009, el reciente deterioro global, con centro en la periferia europea, resintió la actividad de la industria nacional. La producción registró, en mayo pasado, la mayor caída interanual (-4,6%) de 2012, según el INDEC. No obstante, la actividad de ese mes fue 3,9% más alta que la de mayo de 2010. Además de la contracción a nivel general, las principales características de la etapa actual son: diversidad de comportamiento entre las distintas ramas industriales, reducción de la rentabilidad y mayor dependencia de ventas en el mercado interno, generadas por un reanimado proceso de sustitución de importaciones. Las ramas industriales con una parte significativa de su demanda destinada a Brasil ?fundamentalmente, la automotriz?, en general, padecen el estancamiento de su economía. La industria brasileña se había frenado en 2011 y, en el primer cuatrimestre de 2012, redujo 3% su actividad. Un segundo factor explicativo del declive industrial en la Argentina tiene que ver con que, tras el primer impacto de la crisis internacional, la fuerte reactivación sectorial se había ido moderando hacia finales de 2011 por compararse con la alta base de actividad de 2010 y por los aumentos de costos ?salariales y energéticos, principalmente? superiores a la depreciación nominal del peso. El escenario se agravó en el primer semestre de 2012 debido al fortalecimiento internacional del dólar respecto a las monedas de nuestros principales socios comerciales. No obstante, por el momento, tanto la depreciación de las monedas como las bajas de los precios de las commodities han sido de menor magnitud que las observadas a fines de 2008. Por último, la sequía del verano pasado redujo la actividad agrícola en general y, en especial, la de las economías regionales, afectando el dinamismo local.
Ante este panorama, la política de mayor regulación de las importaciones, vigente desde noviembre de 2011, a través de las Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación y controles exhaustivos en la Aduana, evitó que el mercado interno sea un refugio de los excedentes de mercancías rechazadas por las economías en recesión. Sin embargo, el agravamiento de la crisis en Europa una estructura productiva local extranjerizada ?secuela de veinticinco años de neoliberalismo? retrajo la inversión de las filiales de sus multinacionales e incrementó la necesidad de estas firmas de remitir utilidades a sus casas matrices.
La otra importante medida de fines de 2011, profundizada desde mayo con un impacto en la producción, fueron las restricciones cambiarias. El cepo a la compra de dólares, por un lado, debilitó la actividad de la construcción y, en consecuencia, afectó también la producción de la industria metalmecánica y la de metales básicos.
No obstante, por otro lado, las regulaciones cambiarias y comerciales actuaron eficazmente como instrumento disuasivo de la competencia desleal en los sectores que padecen altos niveles de informalidad en la comercialización. Hasta la aplicación de la nueva normativa, los comercializadores ilegales eludían controles mediante la subfacturación de montos y/o volúmenes y la utilización de posiciones arancelarias no monitoreadas por los instrumentos de política comercial vigentes. Estos operadores quedaron, en general, fuera del mercado del dólar oficial de importación por no poder justificar ante la Secretaría de Comercio Interior sus necesidades de compras al exterior. Los que insisten con procedimientos ilegales deben soportar grandes aumentos de costos por tres motivos: pagan el dólar ilegal, la agregación de etapas de control encareció el contrabando y las demoras administrativas de los nuevos procedimientos implican mayores gastos de almacenamiento de mercadería en el puerto. Estas trabas implicaron que sólo sea rentable importar ilegalmente productos de alto valor agregado que justifiquen los mayores gastos operativos. En consecuencia, los entramados con alta integración productiva nacional, orientados a abastecer al mercado interno, como la cadena de valor textil, la marroquinería y la industria de alimentos y sus proveedores locales reactivaron su producción sustituyendo importaciones. Las medidas también mejoran la competitividad de las empresas formales. Pueden acceder a los insumos y bienes de capital y repuestos externos que requiere su producción al valor del tipo de cambio oficial.
No obstante, como en todo proceso de transformación estructural y, en el marco de la reconstitución de capacidades estatales, emergen problemas puntuales de falta de insumos o de bienes de capital y repuestos que, por problemas de escala o porque su desarrollo necesita cierto tiempo para la maduración de las inversiones y políticas al respecto, dificultan el desarrollo productivo. Este motivo, combinado al atraso cambiario (aunque en el último bimestre comenzó a reducirse), a la desaceleración del crecimiento de la demanda y al estiramiento de los plazos, ha desanimado inversiones, sobre todo aquellas que requieren largos plazos de maduración.
Hacia delante, a medida que los stocks de niveles de importación record de 2011 se vayan agotando y se efectivicen las mejoras salariales acordadas en paritarias se espera un mayor dinamismo de la economía. También será importante el nivel de desdolarización de las operaciones inmobiliarias y que comience a tener efecto el plan nacional Pro.Cre.Ar para que el mercado de la construcción responda más a las necesidades de acceso a la vivienda de sectores asalariados y menos como actividad rentística. Finalmente, además de la evolución de la economía global y la de Brasil en particular, será esencial en el funcionamiento de la economía local la acción de políticas industriales específicas a cada rama productiva. Ellas deben implicar una distribución de rentas que logre traccionar inversiones en función de los requisitos de un desarrollo productivo con inclusión social.
(De la edición impresa)
