(Columna de opinión de G. Cruces y L. Gasparini, del Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales, y C. Robino, del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo IDRC-Canadá)
En las últimas dos décadas se produjo una serie de importantes innovaciones en los sistemas de protección social de América Latina. Desde su creación, han brindado beneficios sociales a quienes poseen un empleo formal, excluyendo a la mayor parte de la población pobre, típicamente empleada informalmente o desempleada.
Como reacción, se crean las iniciativas como la Asignación por Hijo, similar a las asignaciones familiares pero sin el requisito de empleo formal, y otros programas de aseguramiento de salud y de pensiones también desvinculados del empleo formal. Estos programas (que no dependen de la inserción laboral) son positivos en cuanto complementan y remedian parcialmente el alcance limitado de los sistemas tradicionales.
Sin embargo, esto genera desigualdades entre trabajadores formales e informales en el acceso a servicios y beneficios, e implica costos en términos de las decisiones de contratación de los empleadores y de incentivos a la evasión, entre otros. Recientemente, organizamos un seminario de discusión sobre estos temas con Santiago Levy (BID), quien estuvo a cargo de la administración de la seguridad social en México y creó el programa PROGRESA, antecedente directo de la AUH.
Levy presentó una propuesta de reforma de la seguridad social en México. El sistema tradicional sumó en los últimos años amplios seguros de salud y de pensiones no vinculados al trabajo formal. La propuesta de Levy consiste en unificar todos los programas bajo el paraguas de beneficios universales (es decir, independientes de la inserción laboral), eliminando los aportes vinculados al empleo y financiando el sistema unificado mediante la generalización del IVA.
La propuesta fue además adoptada para su discusión por los candidatos presidenciales. Aunque específica para el caso de México, este tipo de reformas como la que propone Levy sirven para pensar las alternativas, costos y beneficios de las opciones que se plantean en materia de protección social en todos los países de América Latina.
Estudios recientes del CEDLAS y IDRC indican que el reemplazo de los sistemas tradicionales por programas universales puede lograrse en la mayoría de los países de la región con costos fiscalmente moderados. ¿Pero cuán viables son estas reformas? El futuro cercano de la región estará caracterizado por sistemas tradicionales complementados por otros programas de creciente cobertura, como en el caso argentino. Pero estos estudios deben ayudar a que cada nueva iniciativa sea consistente con el objetivo último de lograr un acceso justo e inclusivo a la protección social, compatible con el desarrollo productivo, y en un marco de sustentabilidad fiscal.
(De la edición impresa)
