(Columna de opinión del economista Rodrigo Alvarez Litre)
Desde la victoria electoral de octubre pasado el Gobierno Nacional se lanzó de lleno a reconstruir su margen de maniobra económico. A través de instrumentos poco ortodoxos avanzó sobre dimensiones sensibles para recomponer la caja de pesos y la de dólares. Era lógico, el pragmatismo está en el ADN del kirchnerismo. En efecto, la “administración” total de la demanda en dólares le permite proteger la caja en divisas y la nueva Carta Orgánica del BCRA garantiza la “estabilidad fiscal”. Previsiblemente el mix de políticas seleccionado ha despertado diversas críticas con una raíz común.
Las medidas aumentan el nivel de discrecionalidad del Gobierno en la administración de políticas públicas sensibles como el comercio y la regulación monetaria. Desde un punto de vista teórico cuanto más discrecional es la política pública, mayor es el nivel de incertidumbre. Sin embargo, también se genera mayor flexibilidad y capacidad de adaptación. Evidentemente, en este contexto el desafío del Gobierno es generar las condiciones para que este nuevo entorno termine mejorando los niveles de confianza de los inversores y las familias.
Los más críticos al curso de acción seleccionado plantean que había caminos alternativos que podrían haber arrojado resultados superadores. Probablemente sí, pero quién está en condiciones de asegurarlo. El análisis relevante ahora es entender qué es lo que va a hacer el Gobierno con este mayor margen de discrecionalidad. El control sobre la demanda de dólares tiene dos dimensiones, una financiera y otra real. En la primera es difícil que se relajen las restricciones. La fuga de capitales y la remisión de utilidades al exterior son lujos en tiempos de escasez.
Por el contrario, el control de las importaciones tiene aristas más complejas. El 80% de lo que se importa son insumos necesarios para sostener la producción actual o futura. El Gobierno lo sabe y, en el límite, no va a estar dispuesto a convalidar una contracción en la actividad para ahorrar dólares. La lógica es ajustar y trabar, pero no ahorcar. La reforma de la Carta Orgánica es una formalización de un curso de acción que se inició en 2010. El BCRA es un instrumento clave en el financiamiento del Tesoro. Más allá del previsible cambio de mandato de “preservar el valor de la moneda” a “promover la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social”, la modificación tiene dos aspectos centrales.
En primer lugar, la nueva carta otorga mayor flexibilidad para el uso de las reservas internacionales para cancelar vencimientos de deuda en dólares. En rigor, rompe con la regla de que las reservas deben ser al menos iguales a la base monetaria. Esto es la norma para un sistema de tipo de cambio flexible (o administrado).
Ahora el nivel de reservas óptimo va a ser determinado por el directorio de la entidad, por lo que el margen de uso de reservas se amplía sensiblemente. Si bien esta decisión tiende a debilitar la hoja de balance del Central, también muestra que la voluntad de pago de las autoridades sigue intacta. En este sentido, resulta poco probable que el Gobierno esté dispuesto a desviar estos recursos para financiar otros fines (como por ejemplo obra pública).
Por el contrario, proteger la caja en dólares más allá de los recursos comprometidos es un objetivo explícito del Gobierno y es el único reaseguro con el que cuenta para evitar una crisis. Pero el aspecto que más controversia genera es la ampliación de los límites de financiamiento al Tesoro. En circunstancias normales el límite se mantiene sin cambios (12% de la base monetaria + 10% de la recaudación de los últimos 12 meses), pero se puede ampliar en circunstancias excepcionales que no pueden superar los 18 meses. En lugar de 10% de la recaudación se puede recurrir a financiamiento de 20%, lo que significaría un estímulo de 2,5% del PBI.
Este margen adicional genera un importante colchón para financiar una brecha en pesos que este año estimo entre -1,5% y -2,2% del PIB con supuestos de crecimiento de gasto que se ubican entre 26% y 30%, respectivamente. La preocupación de los más escépticos es que el Gobierno apriete a fondo el acelerador y no modere el gasto, que creció más de 30% el año pasado, recurriendo a la emisión como fuente de fondeo.
La pregunta relevante es cuál es el incentivo del Gobierno para generar una “fiesta monetaria” si sabe que con ella rompería el necesario proceso de reducción de la nominalidad en las principales variables macro (por caso, inflación y salarios). Evidentemente el Gobierno deberá hacer esfuerzos para convencer a los agentes económicos de que los instrumentos hoy disponibles van a ser bien utilizados, de manera consistente. En última instancia, la mayor flexibilidad no es sinónimo de descontrol. Cuando las papas queman hasta los más ortodoxos terminan convalidando la intervención.
No hay que perder de vista, por ejemplo, que la crisis de deuda en Europa sólo se descomprimió cuando el BCE le puso el pecho. Con estilo propio el Gobierno está logrando recomponer algunos grados de libertad para la administración de un contexto externo e interno menos holgado. No es poca cosa contar con más instrumentos. El desafío ahora es acotar la incertidumbre a través de señales concretas de cómo van a ser usados, y ordenadoras para el sector privado. La incertidumbre es el peor condicionante para la inversión y el crecimiento.
(De la edición impresa)
