El proyecto del Ejecutivo que contempla, entre otras cosas, la expropiación de YPF, tendrá un rápido trámite parlamentario. No sólo por la mayoría oficialista en ambas cámaras sino también porque muchos bloques de la oposición, apoyarán, en general, la iniciativa. Por otra parte, distintas encuestas muestran un amplio respaldo social a la idea de que sea el Estado el que nuevamente conduzca YPF, lo que es un incentivo adicional para que se logre un amplio apoyo en el Congreso.
La iniciativa no puede considerarse sorpresiva porque desde el momento en el cual la Presidenta criticó públicamente el desempeño de la empresa, la suerte de su anterior socio mayoritario quedó echada. La caída de la producción, el clima de época favorable a un mayor intervencionismo estatal y las tendencias globales en la materia llevaban, inexorablemente, a que el Estado volviese a tener un peso decisivo en YPF. Se ha hecho mención reiteradamente a la responsabilidad del Gobierno en el deterioro de la situación energética pero lo esencial a partir de ahora es saber si las medidas anunciadas mejorarán o no el escenario.
En primer lugar, la expropiación es una medida extrema, a la cual debería llegarse luego de haber agotado otras instancias. La expropiación es un recurso legítimo previsto en la Constitución Nacional pero, de todas maneras, es un mecanismo que genera un escenario adverso para las inversiones. Se pudieron haber intentado caminos menos conflictivos para llegar al mismo objetivo que es el control estatal de una compañía fortalecida. El poder que tenía el Gobierno para lograr ese propósito era muy grande y se hubiesen evitado eventuales efectos colaterales de la medida.
La gran pregunta y la que más afecta al nivel de vida de los argentinos es si crecerán la producción y las reservas para recuperar el autoabastecimiento perdido. Pero no hay elementos todavía para dar una respuesta definitiva. La producción de petróleo y gas viene bajando desde hace tiempo e YPF sólo es responsable de una parte de esa caída por lo tanto no se le puede pedir que toda la recuperación recaiga sobre sus espaldas. El problema principal es que ha habido una política energética equivocada con una estructura de precios distorsionada que conspiró contra la inversión, que es clave en esta actividad. En la medida en que no se modifiquen esos parámetros, no cabe esperar resultados muy distintos en el corto plazo. Por eso la clave es la modificación de la política energética y no la titularidad de las acciones de YPF.
Tampoco se conoce cuál será la estrategia que llevarán adelante las autoridades de la empresa. Su interventor, el ministro Julio De Vido, no tiene buenos antecedentes en la materia ya que fue el responsable del área en el momento en el cual el país perdió el autoabastecimiento. Por lo tanto, cuanto antes se conforme un management profesional, mejor. El país no debería desperdiciar esta oportunidad para discutir una política energética de largo plazo para que un tema tan relevante no quede atrapado en las luchas políticas de corto plazo o en las necesidades circunstanciales de un gobierno.
(De la edición impresa)
